KRADIARIO

EDUCACIÓN

LA IDEA CENTRAL DEL GOBIERNO ES FORTALECER LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

La nueva estrategia: Alumnos de planteles privados  que desaparezcan irán a universidades estatales

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que con el cierre de las universidades que no cumplan con los nuevos criterio de calidad de la educación chilena se  prevé aumentar la matrícula de los planteles estatales, al explicar las razones que tuvo el Gobierno para garantizar una parte de la gratuidad en el proyecto de educación superior.

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El ministro de Hacienda se basó en tres causas que tuvo el Gobierno para explicar el desarrollo final del proyecto, como que el nivel de ingresos proyectados para la reforma tributaria resultaron erróneos, debido a la baja en el precio del cobre y al menor crecimiento potencial de la economía. Esto equivale a dos puntos del PIB, sumado a un mayor gasto de lo previsto en la ley de Inclusión y Carrera Docente, las que ambas en régimen comprometen un 1,9 por ciento del PIB.

El segundo concepto dio cuenta de la realidad del sistema de educación superior y que ésta es la base para cualquier futuro cambio. Y en tercer lugar, el ministro de Hacienda aseguró que si no existe gradualidad y se destinan todos los recursos a gratuidad, cuyo costo es de 3.600 millones de dólares, lo que equivale a 1,6 puntos del PIB, se afectaría la calidad ya que no habría dinero para aportes basales y de investigación.

Bajo estas premisas, Valdés explicó por tanto, que sería innecesario establecer en el proyecto de ley el tiempo en que se alcanzaría la gratuidad universal, reiterando que será el gobierno de turno quien opte o no por avanzar en el beneficio, más allá del sexto decil.

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Pero una de las principales novedades que dejó la intervención del ministro de Hacienda, es la forma como en el Gobierno prevén se puede ampliar la matrícula de los planteles estatales, como informó Radio Biobío.

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Según Valdés, las nuevas exigencias de calidad que implica el proyecto llevaría a una reestructuración del sistema, y por ende, al cierre de algunas universidades, generándose una oportunidad para que las estatales absorban a esos estudiantes.

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“En la medida que las estatales sean buenas, van a poder crecer más rápido en este proyecto”, sostuvo el ministro, agregando que “esperamos que en esta transición puedan haber reestructuraciones y absorciones importantes y ahí hay una oportunidad para que el mundo estatal crezca”.

La diputada comunista, Camila Vallejo, criticó que la gratuidad no sea considerada por el Gobierno como una política de Estado. La propuesta “deja el mecanismo instalado y dice que los próximos gobiernos van a tener que ir viendo cómo se va avanzando”, sostuvo.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó que se mantenga la lógica del endeudamiento para estudiar y planteó que si los recursos son escasos se debería partir entregando gratuidad universal sólo a algunas instituciones y a medida que crezcan los recursos incorporar al resto, mostrando su desacuerdo con lo que fija la iniciativa.

Desde la oposición, en tanto, los diputados de la UDI, Jaime Bellolio y de Evópoli, Felipe Kast, acusaron al Gobierno de utilizar la gratuidad con fines electorales. Señalaron que este proyecto “es un gran engaño” y responde al “populismo”.

Otro de los puntos cuestionados por la Nueva Mayoría, es que el ministro Valdés no especificó el monto que se destinará para el fondo de las universidades estatales.

La ministra Delpiano

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, por su parte, se refirió a los reparos y dudas que genera el proyecto de ley que busca reformar la Educación Superior.

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Delpiano explicó en entrevista con Expreso Bío Bío que existirá un sistema de acreditación exigente y obligatorio. “Tenemos un conjunto de instituciones que no están acreditadas, la acreditación es voluntaria hoy día y lo que queremos es garantizar que la familia sepa que hay una fe pública que cuando vaya a una institución, esa institución tenga un nivel de calidad de un estándar aceptable para todo el país”.

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“Este año tenemos 137 mil 700 estudiantes que están con gratuidad total al que se suman becas mejoradas de los institutos de educación técnico profesional, que para muchos de ellos es casi la gratuidad por el valor de la beca. Pero no sólo eso, este año vamos a tener del orden de 150 mil estudiantes más en gratuidad“, aseguró Delpiano.

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Junto con eso, la ministra destacó que esta reforma es “un esfuerzo país que estamos haciendo todos […] El esfuerzo lo hacemos todos porque los recursos que hay ahí son de todos nosotros, de todos los chilenos”.

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Cuestionamientos

La diputada comunista, Camila Vallejo, criticó que la gratuidad no sea considerada por el Gobierno como una política de Estado. La propuesta “deja el mecanismo instalado y dice que los próximos gobiernos van a tener que ir viendo cómo se va avanzando”, sostuvo.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó que se mantenga la lógica del endeudamiento para estudiar y planteó que si los recursos son escasos se debería partir entregando gratuidad universal sólo a algunas instituciones y a medida que crezcan los recursos incorporar al resto, mostrando su desacuerdo con lo que fija la iniciativa.

Desde la oposición, en tanto, los diputados de la UDI, Jaime Bellolio y de Evópoli, Felipe Kast, acusaron al Gobierno de utilizar la gratuidad con fines electorales. Señalaron que este proyecto “es un gran engaño” y responde al “populismo”.

Otro de los puntos cuestionados por la Nueva Mayoría, es que el ministro Valdés no especificó el monto que se destinará para el fondo de las universidades estatales.


Cuestionamientos de las universidades del G9

A través de un inserto compartido a los medios de comunicación hace algunos días, los rectores pertenecientes a las Universidades Públicas no Estatales agrupadas en el G9, manifestaron su rechazo a una reforma que, acusan, busca desintegrarlos.

En el documento, los académicos acusaron que la propuesta del Ejecutivo busca terminar con los fondos basales que han recibido por más de ochenta años, lo que, a su juicio, ignora su aporte pasado y presente, impidiendo su proyección hacia el futuro.

En este sentido, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso y presidente del consejo, Claudio Elórtegui, acusó que el proyecto no tiene ninguna letra referida a las Universidades Públicas no Estatales.

“No sólo no se mantiene la situación actual, sino que, ese aporte del Estado termina”, afirmó.

Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, calificó como un “error histórico y absurdo” el asunto y que sería echar por la borda todo lo conseguido en las últimas décadas.

El vicepresidente alterno del Cruch y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, aseguró que esta reforma no solamente daña a estas universidades, sino también a un consejo de rectores el cual, dijo, fue defendido por la misma presidenta Michelle Bachelet en su cadena nacional.