miércoles, 16 de diciembre de 2015

SEÑORAS Y SEÑORES: EL GOBIERNO TOMÓ UNA DECISIÓN EN MATERIA DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA ELIGIENDO EL CAMINO DE UNA LEY CORTA
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El gobierno enviará el lunes al Congreso una ley corta para resolver el tema de la gratuidad universitaria, la que deberá estar aprobada a más tardar el miércoles 23 de diciembre. Esto se hará después que se conozcan los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) en una fórmula que significará abrir el mecanismo a planteles privados dejando  fuera a tres universidades estatales (públicas), es decir sin gratuidad, para facilitarle el camino a algunas universidades privadas que serían gratuítas a partir del 2016, lo que pone en duda el debate legislativo debido a que en el oficialismo hay parlamentarios que no están de acuerdo con esta fórmula.
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Así los ministros Marcelo Díaz, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés iniciaron ayer en el Congreso una tarea de intenso lobbismo para convencer hasta a las voces más “duras” porque de fracasar esta ley corta significaría un nuevo derrumbe para el Gobierno progresista.
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Lo curioso, de acuerdo a las primeras críticas, es que  las promesas de Bachelet de crear un sistema público y de calidad se sigue cayendo por la improvisación que ha caracterizado a los funcionarios de la actual administración y varios sectores interesados ya no saben hacia adonde marcha el carro. Igualmente los ministros se reúnen con sectores de la oposición para dar a conocer la nueva propuesta que busca poner en marcha la  política anunciada con bombos y platillos por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo pasado.
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La fórmula implica el envío de una ley corta para modificar la glosa de gratuidad, declarada inconstituciona por el TC, permitiendo que todas las universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al beneficio para sus estudiantes de los cinco primeros deciles. Una medida dolorosa para el Ejecutivo, ya que tres planteles estatales quedarían fuera: la U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat; todas con sólo tres años de acreditación.
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El ministro Díaz habría explicado en el Congreso que a la acreditación también se sumaría el requisito de no tener en sus directorios a personas que participen en entidades con fines de lucro. Y el principal mensaje del vocero de Gobierno habría sido alcanzar un acuerdo transversal para evitar nuevos traspiés legales, según La Tercera.
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El senador Fulvio Rossi es uno de los que respalda la iniciativa del gobierno: “Lo óptimo sería una ley corta que permita incluir instituciones del Cruch junto a otras universidades privadas acreditadas y mejorarlas becas de CFT e IP”.
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La fórmula que ayer promovió el gobierno en el Congreso no contemplaría modificar el umbral de beneficiarios, manteniéndolo en los estudiantes de los cinco primeros deciles de ingresos.

Otra de las modificiaciones que requeriría la glosa para concretar esta propuesta es modificar el plazo para que las instituciones manifiesten si se sumarán o no la gratuidad, lo que en la Ley de Presupuestos está fijado para el 22 de diciembre, pero la ley corta se aprobaría un día después.
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La oposición
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A primera hora de ayer parlamentarios de la oposición  se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a quien entregaron formalmente la propuesta opositora para implementar la gratuidad. “Nuestro planteamiento se basa en tres condiciones: que haya más estudiantes beneficiados, que no exista discriminación arbitraria entre un mismo tipo de instituciones y que se resguarde la calidad de los planteles que pueden dar gratuidad”, explicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio.
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La nueva iniciativa del gobierno deja sin gratuidad a los Institutos Profesionales (IP) y a los Centros de Formación Técnica (CFT), lo que lamentan muchos especialistas porque justamente en Chile hay una carencia de buenos técnicos. Sin embargo se les garantizará un incremento en el monto de las becas Nuevo Milenio, que se entregan a los estudiantes de esas instituciones.  Así, los beneficiados recibirían cerca de $ 900 mil, un 50% más de lo asignado en 2015.
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El senador de la DC Ignacio Walker enfatizó que “la fórmula, legislativa o administrativa, debiera a mi juicio reunir los siguientes requisitos: que no discrimine entre alumnos igualmente vulnerables, que en materia universitaria no se restrinja a las instituciones del Cruch, sino a las que reúnan iguales requisitos, y que en materia de CFT e IP exista un aumento importante en los montos de las becas Nuevo Milenio”.
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¿De dónde podrían salir los recursos para financiar a más universidades privadas? Según fuentes del gobierno hay factores como, por ejemplo, que siete CFT e IP quedarían fuera de la gratuidad, incluido el Duoc. Además, se debe considerar que probablemente habrá planteles que no se interesarían en sumarse a esta política pública durante 2016.
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Esta propuesta es vista por algunos miembros de la Nueva Mayoría como un triunfo de la derecha y de una parte de la DC, sobre todo porque se sumarán instituciones que han sido investigadas por el Mineduc.
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En tanto, las Ues. estatales que se quedarían fuera de la gratuidad, recibirían recursos vía convenio marco para poder implementar el beneficio de forma institucional.

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