KRADIARIO

3-5-13-Edición: 851

REPORTAJE DE LA SEMANA: Las lecciones de la calle

Carabineros versus encapuchados

Por Hernán Ávalos Narváez

“! Presidente de Chile, termine con la represión ¡”, dijo la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa en pleno discurso del 1.o de Mayo. Mientras, a sólo unas cuadras del escenario donde hablaba a los asistentes en la celebración del Día del Trabajo, los piquetes antimotines de Carabineros enfrentaban a los encapuchados que hacían destrozos en el mobiliario urbano, en las fachadas de bancos y entidades representativas.

La dirigente había realizado igual petición a los jefes policiales desde esa misma tribuna, llamándolos por sus nombres y apellidos, como responsabilizándolos por lo que estaba ocurriendo y que amenazaba con desvirtuar la conmemoración del ahorcamiento de los Mártires de Chicago.

Y no es la primera vez ni será la última que una acción cívica multitudinaria termina siendo aprovechada por grupos anarquistas que generan violencia callejera. La misma prensa se encarga de magnificar la acción de los vándalos, dejando en segundo plano, incluso, ignorando las razones que motivan a los manifestantes.

La verdad es que la mantención del orden público por lejos es la función más compleja de las diversas que compete a Carabineros. Fue por esto que dejó de usar los disparos de balines de pintura para individualizar a los más exaltados, después que en una manifestación anterior, uno de los participantes ajeno a los desmanes fue alcanzado en el rostro y perdió un ojo.

 Y no siempre los funcionarios actúan según los protocolos establecidos por su propia institución. El miércoles último fue advertida la violencia excesiva ejercida por algunos carabineros quienes usaron una luma más larga que la reglamentaria para correr y golpear a diestra y siniestra a las personas obligándolas a retroceder hacia una área aparentemente predeterminada por la autoridad.

Desde la vereda de enfrente fue vista una cincuentena de sujetos exaltados atacar a golpes de palos, pies y puños a un piquete de carabineros con equipo antimotines que por error táctico de sus superiores quedó desprotegido en medio de la batahola.
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Los casos de violencia, abusos y daños en los actos públicos son muchos y variados. Hasta los mismos periodistas  son víctimas de los beligerantes. Porque en estos enfrentamientos hay dos bandos: el de los encapuchados y el de los carabineros, donde ni uno ni otro gana y los que pierden son los convocantes a la manifestación, los transeúntes, los automovilistas, los comerciantes y las municipalidades que deben reponer los destrozos.

La violencia originada por los encapuchados no resulta justificable, pero hay que hacer esfuerzos por entenderla. Los sociólogos ya han hecho su perfil. Son grupos integrados por marginales, cesantes, resentidos, lumpen, anarquistas y desesperanzados que no tienen nada que perder excepto su vida. Están fuera del sistema por su realidad social o creen estar fuera de él por convicción política. Propugnan el caos y la destrucción para construir una sociedad comunitaria y solidaria que los integre. Y esconden sus rostros para evitar la justicia que rechazan. Por tanto, no les interesa el prestigio social. Su nihilismo está sustentado por el odio que les genera su condición humana. Son inorgánicos y mantienen comunicaciones puntuales mediante las redes sociales.

¿Por qué los carabineros no tienen éxito para detenerlos y entregarlos a la justicia? Esta es la interrogante que muchos se hacen. Las respuestas pueden estar en el ámbito profesional, institucional o político, como una auténtica incapacidad para investigar y actuar, el temor a una intervención cruenta que cause desprestigio a la propia policía o la posibilidad cierta de controlar los brotes de violencia reiterada y eventualmente terminarla.

Esto último tiene coherencia con la poca adhesión al cambio y la escasa renovación ideológica de los mandos policiales en las últimas décadas. En su mayoría el Alto Mando de Carabineros adhiere a las posturas de la derecha chilena y  su jefatura es por definición conservadora, salvo excepciones de algunos de sus miembros que son aislados y luego alejados de las filas. El ex director Fernando Cordero fue uno de los últimos senadores designados que tuvo una activa participación legislativa junto a sus pares de Renovación Nacional.   

Luego los carabineros son el opuesto a los encapuchados. De allí los enfrentamientos entre ellos. Representan el orden establecido, la ley y el sistema socioeconómico vigente, todo aquello que los instigadores de la anarquía y caos detestan. Y no sólo deben mantener el orden público a todo evento, sino que también resguardar a los manifestantes cuando expresan sus demandas en paz y libertad con la garantía del Estado de Derecho.

Y  los carabineros no sólo tienen medios y equipos que les otorga el Estado, sino que tratándose de delito flagrante tienen la obligación de intervenir para detener a los responsables, estén encapuchados o a rostro descubierto. También están facultados, no obligados, a controlar la identidad de los encapuchados o de cualquier persona que presenta indicios que cometió delito o se apresta cometerlo. Y no necesitan una modificación del Código Procesal Penal, como expresó el director de Carabineros Gustavo González, en una entrevista que concedió a El Mercurio. El desearía una ley que penalizara a cualquiera que estuviese encapuchado, sólo por ocultar su rostro. Pero esto sería como volver atrás en el restablecimiento de las libertades individuales conculcadas por Pinochet.

Foto de The Clinic

Cuando surgió el proyecto de Reforma Procesal Penal, los mandos de Carabineros estuvieron en desacuerdo. Cuando fue derogada la Detención por Sospecha, también se opusieron. Pero ambas iniciativas  llegaron a ser leyes de la República. Luego la policía uniformada desarrollo una verdadera campaña publicitaria destina a justificar su pasividad para actuar en la prevención y contención del delito. Y cada vez que eran requeridos por la ciudadanía, respondían que estaban impedidos de proceder, porque no podían detectar a los antisociales, puesto que estos aprovechaban la derogación de aquella ley para ocultar su identidad. Con esa excusa pueril hicieron creer a muchos que habían perdido la capacidad distintiva de la policía como es la de discriminar entre quienes son los buenos y quiénes son los malos, sólo observando sus conductas.

Así  Carabineros logró una nueva modificación legal que obliga a los ciudadanos requeridos en la calle a identificarse con la cédula de identidad, la licencia de conducir o el pasaporte.  No sirve la mera condición humana de caminar, hablar y pronunciar correctamente el nombre, la ocupación y el domicilio. La norma logró preservar la sospecha y ahora todos somos, potencialmente, delincuentes para los agentes del Estado, mientras no demostremos con aquellos documentos extendido por las autoridades competentes que somos ciudadanos honorables.

En los años siguientes la policía uniformada obtuvo una última modificación a la ley que derogó la Detención por Sospecha. Consiguió facultades para abrir los portamaletas de los vehículos, las mochilas y bolsos, e inspeccionar las vestimentas de los transeúntes (cacheo), condicionado a que tenga indicios o fundamentos que los requeridos se aprestan a cometer delito o que lo cometieron.  

 

Además la propia Ley de Tránsito faculta a los carabineros, no les obliga, a fiscalizar las normas para los desplazamientos por calles y caminos, considerando que la Carta Fundamental garantiza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente. Pero en la práctica los carabineros abusan de la norma al detener en la carretera, selectivamente, a los conductores sólo para hacer control de identidad encubierto, o revisar la documentación de los vehículos, por lo demás sometidos a las inspecciones anuales en las Plantas de Revisiones Técnicas. Todos entendemos que la fiscalización policial está plenamente justificada, por ejemplo, si el conductor transita en su automóvil con un foco apagado, conduce a exceso de velocidad o está encargada la ubicación de un vehículo robado de similares características.

La Detención por Sospecha fue una aberración jurídica, por cierto inconstitucional, que vulneró el derecho a la libertad por más de un siglo. Figuraba con esa denominación en el antiguo Código de Procedimiento Penal. Y los carabineros abusaron de ella. Hacían redadas y detenían a cualquier persona que les parecía sospechosa de cometer delito, sea por su vestimenta, por el largo del pelo o por el contexto. No se tomaban la molestia de investigar antes de privar de libertad. Simplemente ibas a la cárcel y al día siguiente a presencia del tribunal.  El juez luego de interrogar sobre las razones de tal detención, no le quedaba más alternativa que decretar la libertad del sospechoso de no haber cometido ningún ilícito.

La verdad es que en democracia nadie desearía volver a una legislación que restrinja los derechos civiles. La ciudadanía mayoritariamente desea resolver sus diferencias en una convivencia civilizada sin represión ni abuso policial.  Y en la actualidad Carabineros tiene el personal entrenado, los equipos para obtener evidencias y la legislación adecuada para detener por flagrancia a quienes alteran el orden público, interrumpen el tránsito o causan destrozos a la propiedad, estén encapuchados o a rostro descubierto. Le falta decisión política.