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jueves, 30 de mayo de 2013

30-5-2013-N°855
 Lagos entregó declaración y Bachelet dijo que había que investigar

EL CASO DE LOS 3.000 FALSOS EXONERADOS POLÍTICOS SACA CHISPAS
 

Lagos señaló que su Gobierno actuó a través del Ministerio del Interior asumiendo que todo se hacía correctamente en este ámbito, pero la Justicia deberá establecer si se cometió algún error.
Además, dijo este jueves que asume la responsabilidad por "las cosas buenas" y las "cosas malas" ocurridas durante su Gobierno (2000-2006).
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El ex Mandatario hizo estas declaraciones tras participar como expositor en el Primer Encuentro Internacional por la Regularización del Consumo y la Provisión de Drogas en Las Américas, que se realiza en la sede del Congreso en Santiago, poco después de que el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, lo emplazara a él y a Michelle Bachelet a dar explicaciones por este caso.
"El país requiere una explicación de las autoridades de los gobiernos de Lagos y Bachelet. Requiere una explicación más allá de lo que dijo la ex Presidenta el día de ayer,, cuando dijo que era importante que se investigara. Ya se investigó por la Contraloría y se detectaron graves anomalías en la asignación de estos beneficios en su periodo de Gobierno", dijo Ubilla en entrevista con el Canal 24 Horas.
El subsecretario calificó de "absolutamente insuficientes" las explicaciones entregadas al mismo canal por la vocera del comando de Bachelet, Romy Schmidt, quien apuntó a una falta de recursos computacionales como  posible causa del error.
"Hay que hacerse cargo políticamente de esta situación", señaló Ubilla, cuyo emplazamiento no fue recogido por Bachelet.
Escuetamente, y tal como hizo en la víspera, la ex Jefa de Estado se limitó a señalar que es una investigación que debe seguir su curso en la Justicia.
El caso estalló anteayer cuando la Contraloría General de la República reveló deficiencias e irregularidades en el Ministerio del Interior, las que permitieron que la Oficina de Exonerados Políticos emitiera indebidamente la resolución que otorga la calidad de exonerado político al menos a tres mil postulantes entre los años 2001 y 2009 (Ver versión de Kradiario).

Según el texto del ente fiscalizador, a esas personas se les concedieron beneficios previsionales derivados de tal calidad, debiendo el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsar indebidamente M$ 29.616.807, en favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva.
"Esta Contraloría General procederá a incoar un sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudiesen derivarse de los hechos descritos", agrega el escrito.
Según la ley, tienen derecho a los beneficios solamente los ex funcionarios de la Administración Pública centralizada y descentralizada de las instituciones semifiscales y de administración autónoma, y de las empresas autónomas del Estado, de las Municipalidades, de las Universidades del Estado, del Banco Central de Chile; también se incluyen las empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al 50% del capital a la fecha del cese laboral, cuando hayan sido desvinculados o exonerados por motivos políticos, durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre los periodos del 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La vocera de Gobierno
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La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció que La Moneda pedirá al Consejo de Defensa del Estado pronunciarse sobre los antecedentes del informe de la Contraloría General de la República.
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Esta "máquina eventualmente armada para defraudar al fisco" en palabras de la ministra, permitió que se les entregaran más de 29 mil millones de pesos a personas que no debían haber accedido al beneficio para trabajadores exonerados.
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"Estamos hablando para que la gente lo sepa, no solamente de la gravedad de esta máquina eventualmente armada para defraudar al fisco, sino que estamos hablando de recursos de todos los chilenos. 29 mil millones de pesos que hasta ahora tenemos calculados según el examen aleatorio que hizo la Contraloría, dinero que por ejemplo equivale a la construcción de dos hospitales, hospitales como hoy día por ejemplo necesitan y demandan los vecinos de Quellón", expuso la vocera de La Moneda.
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 "Queremos claridad, queremos la información que sirva para dar con los responsables y sus eventuales responsabilidades y queremos que aquellos que tuvieron la participación de cara al país asuman lo que hicieron", enfatizó Cecilia Pérez.
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Responde a Lagos
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Aludiendo dichos del ex presidente Ricardo Lagos, que comentó el tema planteando que una "teoría del empate" no le hace bien al país, Pérez resaltó que "no se puede empatar algo tan grave. En ese sentido más allá que buscar excusas, lo que corresponde es que se dé la información y se reconozcan los hechos".
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Además la ministra explicó el caso de los certificados que emitió su par del Interior, Andrés Chadwick, cuando era senador por O'Higgins. Por ello pidió al diputado y timonel del PS, Osvaldo Andrade dejar "de falsear información".
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"En ese entonces el senador Chadwick lo que hizo frente a la consulta de si una empresa de la sexta región había sido una empresa intervenida por el Estado, fue reconocer esa calidad. Muy distinto es haber emitido certificados individualizados señalando una condición laboral que no tenían personas ligadas particularmente personas ligadas a partidos como el Partido Socialista y el Partido Comunista", afirmó la secretaria de Estado.
 

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