KRADIARIO

1-5-2013
Vueltas de la política chilena

LOS LÍDERES MANCHADOS

Por Enrique Fernández

¿En qué momento Laurence Golborne decidió renunciar a su candidatura presidencial? Fue cuando su imagen quedó manchada al trascender que era el gerente de Cencosud el día en que esta empresa comercial aumentó las comisiones de sus tarjetas de crédito, en forma unilateral, sin preguntar primero a sus clientes.
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Por eso siete años después la Corte Suprema dejó sin efecto ese cobro abusivo y de paso echó por tierra las aspiraciones presidenciales del hijo de un comerciante de Maipú.
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Más manchado aún quedó Golborne cuando se supo que mantenía inversiones no declaradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Lo mismo hizo el ex dictador Augusto Pinochet, que creó sociedades de fantasía para llevar sus “ahorros” a esas islas británicas, a través de su albacea Oscar Aitken.
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En reemplazo de Golborne, la Udi (Unión Demócrata Independiente) levantó la candidatura de Pablo Longueira, también manchado desde que la semana pasada se denunció que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) manipuló los resultados del último censo. Porque en su calidad de Ministro de Economía –cargo al que renunció para ser candidato presidencial- Longueira era jefe del INE. Y si el INE manipuló las cifras del censo, ¿quién garantiza que estén correctos los cálculos del índice de precios al consumidor (IPC)? Y si esos cálculos nacen de una manipulación, ¿quién asegura que sean científicamente exactos la Unidad de Fomento, los dividendos hipotecarios, la variación de los arriendos, las pensiones de los jubilados o  las cotizaciones en las administradoras de la salud privada, más conocidas como “isapres”? Son algunas de las dudas que Longueira deberá aclarar si se concreta la acusación constitucional que preparan en su contra los partidos de la oposición.
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Si el Parlamento aprueba la acusación, Longueira también deberá renunciar a su candidatura. Si el libelo es rechazado, Longueira se enfrentará el próximo 30 de junio con Andrés Allamand, de Renovación Nacional, en la elección primaria de la cual saldrá el candidato único de la derecha, para continuar la línea del actual gobierno. Pero también Allamand tiene manchas en su pasado, como activo partidario de la dictadura de Pinochet, junto a Longueira, Alberto Cardemil, Jovino Novoa, Patricio Melero, Andrés Chadwick y otros líderes de la actividad política.
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El propio presidente Sebastián Piñera llegó a este alto cargo, hace poco más de tres años, salpicado por sus conflictos de intereses, como accionista mayoritario de la Línea Aérea Nacional (LAN), la empresa Chilevisión, Clínica Las Condes y otras compañías. Para asumir la presidencia debió desprenderse de esos títulos, en forma temporal. Por eso, si hay algo que caracterizará a este gobierno y sus funcionarios en los futuros libros de Historia, es la desconfianza que provocan su falta de transparencia y la “letra chica” de sus actitudes y anuncios.
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Los ejemplos abundan
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El primero de ellos, 11 meses después de iniciar su gestión, fue la actuación de la intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, en febrero de 2011. Hablando ante vecinos de la población Aurora de Chile, de Concepción, les aseguró que había “inventado“ casos, para obtener subsidios para viviendas, pese a que esas familias no fueron afectadas por el terremoto del año anterior. La funcionaria tuvo que renunciar en abril de 2011, pero ahora se proyecta como candidata a un sillón en el Senado.

Otro caso: Aún está latente el recuerdo de los sobreprecios que el Ministerio del Interior pagó por la compra de equipos para la detección de drogas. El precio que se pagó fue cuatro veces superior al valor de mercado. El primero en renunciar fue el jefe de la División de Estudios de ese ministerio, el ex fiscal Alejandro Peña. Luego lo hicieron el jefe de la Unidad de Proyectos, Felipe Baeza y el funcionario Carlos Álvarez, cuando trascendió que tuvo contactos con el dueño de la empresa Tecno Data, proveedora de los equipos.

Otro más: Faltaba una semana para la Navidad, el lunes17 de diciembre pasado, cuando el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, renuncia en medio del escándalo del lucro en las universidades privadas. Ribera apareció vinculado a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones, detenido por cohecho y lavado de activos. Díaz fue colaborador de los servicios de Gendarmería –dependientes del Ministerio de Justicia- mientras se votaba la acreditación del Instituto Incacea, en cuya propiedad el ministro poseía el 7,5 % de los títulos.

Y otro más: En enero último estuvo al borde de la renuncia el director de Impuestos Internos, Julio Pereira. Su probidad fue cuestionada en su condición de ex asesor jurídico de Cencosud, la misma empresa de la que era gerente Laurence Golborne. Desde su cargo en Impuestos Internos, Pereira condonó una deuda tributaria que mantenía la firma Johnson’s por 119 millones de dólares (unos 50 mil millones de pesos). Días después de la condonación, la firma fue adquirida ya sin deudas por… Cencosud.
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Pereira hasta ahora no renunció, pero el próximo mes se conocerá el dictamen de la Contraloría que investiga el “perdonazo” a Johnson’s. Y entonces se sabrá si hay sanciones contra este funcionario… manchado.