miércoles, 21 de julio de 2010

Sondeo comunicacional de Krohne Archiv sobre el Indulto


DIVISIÓN DE LOS CHILENOS QUE DEJÓ LA DICTADURA SIGUE HOY CASI INTACTA

En "Puntos de Vista", la sección reflexiva de Krohne Archiv, se abordó durante una semana el tema “Indulto Bicentenario” archivándose todas las opiniones publicadas. Este trabajo nos permite concluír hoy que la mayor preocupación de los lectores, de algunas autoridades y del publico en Chile, se concentra en los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Ahí está el punto más delicado del problema, porque es difícil pensar que después de haberse cometido violaciones tan graves, sus autores puedan volver a gozar de libertad, como si nada hubiese pasado.


Documento de la Iglesia

En otras palabras, se ha podido ratificar una vez más que el país sigue dividido como antes, como siempre o como quedó después de la dictadura militar (1973-1990). Esto mismo lo demuestran las manifestaciones callejeras producidas en la Plaza de la Constitución después que la Iglesia entregó hoy su documento “Chile una mesa para todos en el Bicentenario” al Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.

El párrafo que irritó a las organizaciones de derechos humanos fue el siguiente:

“No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”.

Posición de las máximas autoridades del país

El presidente, Sebastián Piñera, adelanto su criterio al respecto, diciendo que “vamos a considerar la gravedad del delito cometido, el grado de cumplimiento de la pena, el comportamiento penitenciario del recluso y el peligro que pueda representar para la sociedad”. Esta opinión coincidiría en parte con lo expresado en el documento eclesiástico.

También dijo que no creía que “en nombre de las razones humanitarias se debe discriminar por sexo, ni por condición socioeconómica, ni por origen étnico, ni por preferencia sexual, ni por el hecho de ser civil o militar”

La verdad es que la propuesta de la Iglesia que comenzó a ser estudiada hoy por La Moneda se ha convertido en un problema político porque la decisión final no será fácil para el gobierno. Diga lo que diga, tocará el dolor del pasado vinculado, como dijimos antes, a la división histórica de los chilenos, porque siempre habrá un sector que no estará de acuerdo con lo que decida el presidente.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, vislumbró muy temprano este peligro al entregar su polémica declaración de que sentía que a veces “la Iglesia hace planteamientos en campos que no son estrictamente de la confesión religiosa”. Su opinión fue rebatida por el cardenal arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, quien dijo que “creo que el ministro debe estar un poco arrepentido de las palabras que usó, creo que se equivocó en lo que dijo”.

En defensa del cardenal salió Roberto Ibarra Videla que escribió en el diario La Tercera:  "Le recuerdo (Sr Ministro) que la Iglesia no hace otra cosa que cumplir con su misión: anunciar a Jesucristo a quienes hoy en día hablan de “ni perdón ni olvido”.

UDI se distancia de dichos de Hinzpeter

Entre algunos parlamentarios de la UDI también hay una tendencia al distanciamiento frente a la propuesta del indulto de la Iglesia, como antes lo había dejado entrever Hinzpeter.

El senador Jovino Novoa, por ejemplo, dijo que el ministro “refleja un sentimiento de muchas personas que estiman que una buena intención manifestada por la Iglesia a lo mejor pueda no concretarse en la forma como lo han propuesto”.

Por su parte, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, acotó que la Iglesia “tiene el perfecto derecho de hacer un planteamiento, pero en lo personal no soy partidario de los indultos”. El único que entregó una opinión un poco diferente fue el senador Hernán Larraín al señalar que un indulto podría dar una señal de unidad, pero que la decisión es del gobierno. En general, dentro de la UDI, especialmente entre los dirigentes, la opinión se inclina a que este no es el momento político más adecuado para impulsar beneficios carcelarios de este tipo. Esto, porque el indulto no sólo va contra la agenda de seguridad ciudadana del gobierno de Sebastián Piñera, sino que además, es una medida impopular.

Claro que hay también otras voces que opinan lo contrario como el diputado y candidato a la Presidencia de la UDI, José Antonio Kast: “Diferenciar entre ex militares y civiles es lo que nos mantiene en una división que ha existido en Chile por tantos años. Eso no tiene una mirada de futuro. Lo que tenemos que plantearle a las nuevas generaciones es ver cómo vamos sanando, cómo vamos superando las diferencias que nos produjo el gobierno militar".

Las posiciones

Hay chilenos y chilenas que creen que el indulto a ex militares contribuiría al reencuentro. La diputada María Angélica Cristi es una de ellas cuando dijo que “todos debemos poner un poco de nuestra parte, dejando de lado nuestras frustraciones y rencores”. Sus palabras fueron comentadas por el bloggero Luis Aravena Rodríguez en El Mercurio, quien le replicó que “el perdón en los términos de indulto, por mucho que se haga para celebrar una efeméride relevante como el Bicentenario y a través de ella promover gestos de unidad, no es un buen camino para lograr una reconciliación duradera ni paz social, ni menos, si se pretende afincar principios morales de justicia y de equidad en una sociedad en los cuales esos códigos de conducta cada vez se notan más ausentes y lejanos”.

Más neutral aparece el documento sobre el tema que el ministro de Defensa Jaime Ravinet, le hizo entrega al Presidente (ver Krohne Archiv de ayer) donde se excluye de partida cualquier beneficio a condenados a presidio perpetuo simple o calificado o sobre quienes recaigan más de una sentencia condenatoria a pena aflictiva , aunque esta neutralidad no queda tan clara cuando el ministro se refiere al indulto general, donde se contemplan como puntos a considerar la edad y la situación de salud, pero no se distingue entre militares o civiles.

Hay lectores que enfocaron el asunto desde el punto de vista de los jóvenes conscriptos que fueron obligados a cometer delitos para evitar ser asesinados y hoy están en prisión o sometidos a juicio: Pedro Pablo Molina Wood, por ejemplo, escribió: “Muchos de ellos de entre 18 y 22 años de edad que se limitaron sólo a cumplir órdenes por el temor a ser castigados severamente por sus superiores y la mayoría de ellos ha cooperado posteriormente en las investigaciones de estos crímenes. Revisen estas condenas”.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Alejandro Leiva,  le dio al tema un enfoque eminentemente jurídico. Escribió en el diario La Tercera: "El difícil problema es buscar el equilibrio entre una medida humanitaria y el respeto por un Estado de derecho. Una política criminal en este sentido podría estar enviando señales erróneas tanto a la ciudadanía como a los delincuentes. Hay que señalar que toda medida de esta naturaleza atenta contra los principios de separación de poderes del Estado, puesto que infringe abiertamente la potestad exclusiva de los tribunales de administrar justicia”.

Krohne Archiv conoció en “Puntos de Vista” otras posiciones en la sociedad chilena como es la de que un militar que haya cometido atrocidades como asesinatos, torturas, maltratos contra sus connacionales o cualquiera otro delito enmarcado como “terrorismo de estado”, no merece el perdón y, por lo tanto, debe quedar al margen del indulto.

Se comentó que este tipo de seres “humanos” que se caracterizó por su cobardía, conductas y aprovechándose de situaciones de debilidad de sus prisioneros políticos en campos de concentración, donde hicieron y deshicieron lo que se les antojó, no pueden gozar de una libertad bicentenaria como si aquí no hubiese pasado nada. No se trata de "venganza", sino de que reconozcan con el castigo carcelario la grave falta cometida, especialmente aquellos que se niegan a pedir perdón por el mal que le hicieron a la sociedad chilena.

El único político que habló claro en este sentido fue el senador democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle: “No aceptaremos que se utilice la fiesta del Bicentenario como excusa para indultar a los violadores de los derechos humanos. Estos asesinos pasaron muchos años en libertad para que se hagan merecedores de este beneficio”.

Enrique Vinet fue breve pero claro en el diario “La Tercera”: “Por favor, la justicia debe estar por sobre la misericordia. Pensemos en las víctimas, no en los victimarios.

El subdirector del periódico electrónico Crónica Digital, Jaime Escobar, escribió que “tal actitud de perdón y clemencia hacia funcionarios (militares y civiles) que participaron en crímenes y torturas en contra de ciudadanos indefensos no tiene parangón en la historia de Chile. Tampoco está en sintonía con la actitud que tuvo el Papa Juan Pablo II que perdonó a su agresor Ali Agca, pero no pidió ni indulto o rebaja de pena por su acción criminal, tal como lo determinó ejemplarmente la justicia”.

En caso de unas ampliamente probadas violaciones masivas, sistemáticas y prolongadas a los derechos humanos, llevadas a cabo por agentes del Estado organizados precisamente con este fin….

¿es moralmente aceptable anteponer la compasión a la justicia, sobre todo si lo que se pretende es dispensar compasión a los verdugos antes que a las víctimas?

Agustín Squella, escritor y periodista

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