La decisión de Donald Trump, bloqueada por la jueza de distrito Allison Burroughs, prohibía la matrícula de estudiantes internacionales en Harvard. Ella emitió al mismo tiempo una orden de restricción temporal que impide que se le retire la certificación a la universidad en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio que le da el patrocinio de visas estudiantiles. Esto ocurrió horas después que el centro de estudios presentara una demanda contra la decisión del Poder Ejecutivo.
La Universidad de Harvard demandó en la
mañana de este viernes la decisión del gobierno de Trump de prohibir a la
universidad matricular a estudiantes extranjeros y la calificó de represalia inconstitucional.
La jueza de distrito Allison Burroughs,
designada por el presidente demócrata Barack Obama, emitió la orden de
restricción temporal que congela la política como pedían los demandantes y ha
programado una audiencia para el 27 de mayo.
En la acción legal presentada este
viernes ante el tribunal federal de Burroughs, en Boston, Harvard afirmó que la acción del gobierno
viola la Primera Enmienda y tendrá un "efecto inmediato y devastador para
Harvard y más de 7.000 titulares de visas".
Garber afirmó
que Harvard no cederá en sus "principios fundamentales, legalmente
protegidos" por temor a represalias. Harvard ha dicho que responderá más adelante a las
acusaciones planteadas inicialmente por los republicanos de la Cámara de
Representantes sobre la coordinación de la universidad con el Partido Comunista
Chino.
La amenaza a la matrícula internacional
de Harvard se deriva de una solicitud del 16 de abril de la secretaria de
Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien exigió que Harvard
proporcionara información sobre estudiantes extranjeros que pudieran implicarlos en actos
de violencia o protestas que pudieran llevar a su deportación.
Noem afirmó que Harvard puede recuperar
su capacidad para acoger a estudiantes extranjeros si presenta una amplia base
de registros de estudiantes extranjeros en un plazo de 72 horas. Su solicitud
actualizada exige todos los registros, incluyendo grabaciones de audio y video,
de estudiantes extranjeros que participan en protestas o actividades peligrosas
en el campus.
Esta demanda es independiente de la
anterior de la universidad, que impugna más de 2,000 millones de dólares en
recortes federales impuestos por la administración republicana.
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