"....comprender y entender el sentido de la realidad.." (MIguel de Unamuno)".
Han pasado varias semanas desde la entrega al Presidente de la República del informe de la Comisión de Entendimiento y Paz en Araucanía, ya se ha escrito bastante sin necesariamente haberlo leído, algo a favor y mucho en contra, hasta hubo quienes lo calificaron de "octubrista"; no lo es.
Es un documento demasiado extenso, tiene serias fallas de lenguaje, un buen editor y un par de buenos correctores de pruebas habrían sido útiles. En año electoral, difícilmente recibirá la atención que se merece, sus propuestas deben trabajarse en el Congreso, como es la de dar forma a instrumentos de acceso al crédito para el campesinado de ancestro mapuche. En esta oportunidad, me permito abordar dos serias omisiones.
En el documento en cuestión no se dice nada del terrorismo, tampoco de la violencia de rasgos insurgentes con verificados elementos de criminalidad organizada. Uno de los comisionados, el Senador Huenchumilla, dijo que no habían sido mandatados para tratar dicho asunto, sorprendente afirmación.
Habida cuenta de los años con una Araucanía asolada por asesinatos, asaltos a mano armada, chantajes, destrucción de equipamiento agrícola, forestal, de transporte y variadas instalaciones. Y todo esto con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, incendios de instalaciones productivas y viviendas, depredaciones criminales perpetradas por bandas y turbamultas armadas organizadas, cuya militante y procedencia ya es ampliamente conocida.
La liviandad prescindente de los comisionados es por lo menos materia de asombro perplejidad y profundas razonables dudas. Sin embargo, debemos suponer que los comisionados actuaron con buenas intenciones.
Nada de lo propuesto en el documento aludido será posible de ejecutar, sin primero terminar con el terrorismo y con las entidades criminales organizadas con las cuales se halla estrechamente asociado; el sentido político y social de dicha realidad es, en verdad, imposible de ignorar.
La segunda omisión se refiere a la cuestión de la tierra, su propiedad y tenencia; se propone gastar cuatro mil millones de dólares en comprar varios cientos de miles de hectáreas actualmente productivas, se trata de adquirir esos fundos y haciendas para traspasarlos a supuestas organizaciones de personas de ancestro mapuche; las palabras expropiación y reforma agraria no aparecen por ninguna parte.
El resto del documento tiene varias propuestas interesantes; por ejemplo, levantar la prohibición de arrendar los predios antes adquiridos por CONADI y transferidos a comunidades de ancestro mapuche.
La futura implementación será materia de trabajar una legislación en el Congreso; el vigente, sumido en las exigencias de un año electoral, tendrá dificultades en poner atención a materias de considerable complejidad, ni hablar de tratarlas comprendiendo el sentido de la realidad.
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