Una orden ejecutiva negaría la ciudadanía a los nacidos después del 19 de febrero cuyos padres estén en territorio estadounidense sin documentos. También prohíbe a las agencias estadounidenses emitir cualquier papel estatal que reconozca la ciudadanía a esos niños.
El gobierno del presidente Donald Trump hizo este jueves la petición formal a la Corte Suprema para que le que algunas restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento entren en vigor mientras se desarrollan las batalles legales del caso.
Tres cortes
federales han rechazado una orden ejecutiva que firmó Trump poco después de comenzar el cargo en enero pasado en el
que trataba de limitar la ciudadanía por nacimiento.En la solicitud de
emergencia ante la Corte, el gobierno
pide que mientras se resuelva la disputa, se pueda negar la ciudadanía a los
nacidos después del 19 de febrero cuyos padres estén en el país ilegalmente.
También prohibiría a las agencias estadounidenses emitir cualquier
documento o aceptar cualquier papel estatal que reconozca la ciudadanía a esos
niños.
Alrededor de dos docenas de estados y organizaciones civiles han demandado
la orden ejecutiva, que dicen que viola la promesa
de la 14ª Enmienda de la Constitución de conceder la ciudadanía a cualquier
persona nacida dentro de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales carecen
de poder para dar efecto nacional a sus sentencias.
Por su parte el gobierno quiere que los jueces permitan que el plan de
Trump entre en vigor para todos, excepto para el puñado de personas y grupos
que lo demandaron, argumentando que los estados carecen del derecho legal, o
legitimación, para impugnar la orden ejecutiva.
Como alternativa, el gobierno de Trump pidió que “como mínimo” se le
permitiera hacer anuncios públicos sobre cómo planean llevar a cabo la política
si finalmente se permite que entre en vigor.
Cinco jueces conservadores, que constituyen la mayoría de la Corte Suprema,
han expresado en el pasado su preocupación por los mandamientos judiciales de
ámbito nacional o universal, pero el
tribunal nunca se ha pronunciado al respecto.
Las
primeras incursiones de la Corte Suprema no han sido en gran parte sobre la sustancia de lo que el presidente quiere
hacer, sino sobre los procedimientos utilizados por los jueces federales que
tienen la primera oportunidad de evaluar la legalidad de las acciones del
gobierno.
Los aliados de Trump, sobre todo el multimillonario Elon Musk, han
arremetido contra los jueces que frenan su agenda, amenazando con la
destitución y lanzando ataques personales.
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