El juez James Boasberg no cede. A horas de que una corte de apelaciones escuche argumentos del gobierno de Trump, emitió una opinión en la que asegura que debe mantenerse el freno a las deportaciones a El Salvador de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Asegura que deben tener el derecho de impugnar ante una corte la acusación del gobierno federal, que los relaciona con el Tren de Aragua aún cuando ellos aseguran que son inocentes.gando Video...
La afrenta entre el Poder Judicial y el presidente Donald Trump por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos bajo la etiqueta de "miembros de dicha pandilla, continúa. En un memorando con su opinión, el juez James Boasberg decidió mantener bloqueadas las expulsiones de ciudadanos de ese país bajo este estatuto y pide que antes de ser removidos puedan probar de forma individual ante una corte que no pertenecen a la banda criminal.Boasberg,
juez a cargo de la Corte de Distrito de DC, hace el análisis de su decisión en
el caso de cinco venezolanos que el 15 de marzo estaban detenidos en Texas y
solicitaron medidas de emergencia. Ante su tribunal pidieron que se frenaran
sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros —que los expulsaba
"de forma sumaria".
"El
Gobierno se equivocó", escribe el juez en su razonamiento. "Todos
niegan vehementemente ser miembros del Tren de Aragua y, por lo
tanto, estar sujetos a la proclamación. De hecho, varios afirman que huyeron de
Venezuela (...) y temen graves consecuencias si son deportados únicamente
por la clasificación indiscutible del gobierno", se lee en un documento de 37 páginas.
Univision Noticias ha estado indagando en las historias de estos venezolanos que han sido catalogados por agentes de inmigración como miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
En todos los casos han sido fichados por sus tatuajes: les
preguntan si tienen pintas en la piel y eso queda consignado en documentos con
los que posteriormente se sustenta —en audiencias de fianza— que pueden
representar un peligro para la seguridad nacional. Así, han sido dejados en
custodia federal por meses y ahora, han sido llevados a la Base Naval de
Guantánamo, al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) en El
Salvador o en cuatro vuelos de regreso a su país sin que puedan defenderse de
esa etiqueta. Muchos de ellos tenían audiencias de inmigración pendientes.
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