La situación de criminalidad en
Perú superó ya todas las barerreras posibles. Según el Sistema de Información
de Defunciones (SINADEF), la estadística en 2024 se elevó a 6,03
crímenes por cada 100 mil habitantes sumando en números reales 2.057
homicidios, cantidad a la que debe agregársele otros 469 casos ocurridos entre
el 1 de enero y el 17 de marzo de este año. (En Chile, comparativamente, la tasa en el primer semestre de 2024 era de 2,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representó una disminución de 9,4% respecto al mismo período de 2023). La falta de mano dura por parte de las
autoridades peruanas para contrarrestar el sicariato y la extorsión en el país (al menos en Lima y Callao) derivó en una nueva declaración de estado de emergencia que comenzó hace 24
horas. Igualmente influyó el asesinato del cantante peruano Paul Flores que fue asesinado el pasado domingo 16 de marzo después de haber realizado un concierto en Lima. El artista tenía 39 años y era miembro de la orquesta de cumbia Armonía 10.
La medida, que se extenderá por 30 días, trae una vez más ciertas restricciones a la población peruana como la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). También es de conocimiento público que, durante el periodo del estado de emergencia, quedan suspendidos varios derechos constitucionales.
Sin embargo, a pesar del decreto en las primeras horas, solo en Lima se reportaron 4 muertes a manos de sicarios. Sin
embargo, en algunas regiones como Arequipa y Piura también se cometieron
crímenes durante la última noche.
Las estadísticas
Según las estadísticas, en el año
2020, cuando el presidente Martín Vizcarra terminó su gobierno en plena pandemia por la
COVID-19, la cantidad de homicidios en el país era de
2,98 por cada 100 mil habitantes, es decir, 1.016 casos al año. Con el
presidente Francisco Sagasti a la cabeza se reportaron 4,16 asesinatos por cada
100 mil habitantes (1.419), mientras que cuando Pedro Castillo dejó el poder en
2022, la cifra fue de 4,50 por cada 100 mil habitantes (1.533) y con Dina
Boluarte la tasa se incrementó exponencialmente a 6,03 por cada 100 mil
habitantes, es decir en el año 2024 se registraron 2.057 homicidios.
La embajada de Chile en Lima entregó hoy
el siguiente comunicado:
"Ante los hechos de violencia registrados durante los últimos días en
diversas regiones de Perú, ayer miércoles el Gobierno peruano, mediante el
Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, ha declarado el estado de emergencia centrado principalmente en Lima y Callao.
Esta declaratoria de emergencia, regulada por el artículo 137° de la
Constitución del Perú, implica la suspensión de derechos. Entre éstos, quedan
suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de
domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión
y libertad y seguridad personales, con el objeto de garantizar el orden
interno, la continuidad de actividades económicas y la protección de la
ciudadanía.
Según
el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la declaratoria de estado de emergencia en el país
es completamente fallida y se estaría utilizando un presupuesto de, según las
propias palabras del actual ministro del Interior, Juan José Santivañez
de “20 a 30 millones de soles por mes”.
"Creo que están
intentando conectar con la gente usando términos como pena de muerte, estado de
emergencia porque, claro, a la ciudadanía de a pie le parece interesante. Pero,
finalmente, esto es vende humo. Ni más policías en las calles ni militares van
a lograr que la extorsión se reduzca, todo lo contrario. Siguen apuntando mal,
la extorsión es un delito clandestino, se combate con inteligencia”, recalcó
Pedraza.
“Después de haber
hecho un trabajo de inteligencia y haber capturado a las bandas criminales, se
podría declarar un estado de emergencia por 15 días o más. Hay que hacer más
eficaces las medidas. Esto es una típica del gobierno para salir del paso”,
enfatizó.
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