ESPAÑA
EL NO DEL ESTADO ESPAÑOL
Por Pablo Portales
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La humillación y el recurso de protección
El conflicto entre el Estado español y Cataluña ha
explotado. El gobierno catalán dice que seguirá adelante con un programa que
minutos antes el Tribunal Constitucional ha rechazado. Las fiscalías del Estado
preparadas, como los más de 40.000 voluntarios que administrarán el 9N y ¿lo
están las policías y cuerpos de seguridad del Estado para impedir un movimiento
que se extenderá por toda Cataluña?
“El gobierno español lo que pretende es humillar a Cataluña
impugnando el proceso participativo del 9N (9 de noviembre)”. Así opinó hace
unos días el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla,
Javier Pérez Royo, un socialista andaluz contrario a la independencia de
Cataluña.
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El Estado español, a través del Tribunal Constitucional (TC)
acogió la petición del gobierno del Partido Popular (la derecha española), que
preside Mariano Rajoy, de suspender el “proceso participativo” impulsado por la
Generalitat (el gobierno catalán) para el próximo domingo.
El portavoz del gobierno catalán comunicó que la jornada
participativa seguirá adelante y anunció la presentación ante los tribunales de
justicia un derecho de protección para cautelar los derechos de participación,
libertad de expresión y libertad ideológica de los ciudadanos catalanes contra
la decisión del gobierno de Rajoy.
El “derecho a pataleo”
El gobierno español impugna la “consulta alternativa”,
porque mantiene el contenido de la pregunta: si Cataluña debiera o no ser un
Estado y si éste debe ser o no independiente de España, y por lo tanto burla la
suspensión del TC de hace un mes, acatada por Artur Mas, Presidente de la
Generalitat. En cambio, el gobierno catalán considera que lo programado para el
9N es esencialmente diferente a la consulta anulada.
El profesor Pérez Royo razona en favor de la tesis del
gobierno catalán: el nuevo 9N es un simple “derecho a pataleo”, dice, después
de haber perdido la batalla por la consulta. El actual “proceso de
participación” en términos jurídicos es intrascendente: “sin decreto de
convocatoria, sin censo electoral, con la posibilidad que voten menores y los
extranjeros… faltan los elementos indispensables para que se pueda hablar de
referéndum o consulta”.
El statu quo…
Un 80%, según encuestas, de los catalanes se manifiesta a
favor de pronunciarse sobre el futuro de Cataluña en España. La consulta suspendida
en octubre -con convocatoria, censo electoral, sorteo de miembros de mesas,
entre otras- le habría dado un mandato democrático al gobierno catalán para
negociar ese futuro.
Lo que se programa para el 9N es algo diferente, pues
participarán básicamente los partidarios del proceso soberanista y no los
contrarios, por lo tanto el resultado mediría en forma más fina el apoyo con
que cuentan los que quieren cambiar el statu quo, parecido a lo que fue la
concentración del último 11 de septiembre donde, según cálculos policiales, se
estimó la presencia de 1 millón 800 mil personas.
… cuántos quieren cambiarlo?
El “proceso participativo” consistirá fundamentalmente en
depositar una papeleta en una urna donde se marcarán las opciones de si
Cataluña debiera o no ser un Estado y si éste debe ser o no independiente de
España.
La jornada será atendida por 40.930 voluntarios (ya
inscritos) en 6.695 mesas distribuidas en 1.317 colegios y 600 institutos
localizados en 942 municipios (de los 947) de Cataluña. El potencial electoral,
según el censo poblacional, es de 5,4 millones de personas.
La movilización cívica pretende mostrar el arraigo
soberanista en la sociedad ante Cataluña, el Estado español, la Unión Europa y
la comunidad internacional. También se recogerán adhesiones a un documento
dirigido a las instituciones europeas que denuncia la baja calidad democrática
del gobierno español ante la denegación del derecho ciudadano de los catalanes
a votar en consultas o referéndums.
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