El sistema interamericano no se puede convertir en cómplice de regímenes que amordazan, persiguen, envenenan, empobrecen y corrompen
La gran ausente en las reuniones de la OEA - 41 Asamblea General en San Salvador - es su Carta Democrática, el pacto sobre los principios que tutelan el Orden de Derecho, las libertades fundamentales, vigilancia sobre los procesos políticos y la libertad de expresión. Arreglos entre regímenes claramente dictatoriales, apego a la letra y no al espíritu de las convenciones, la permanente presión para reconocer procesos electorales amañados, socavan la solvencia moral de la organización.
Las elecciones son un eje fundamental para organizar el Estado, pero no el único. Las elecciones no son una patente de corso para derrumbar garantías y libertades esenciales de la persona, para destruir los sistemas institucionales de pesos y contrapesos o para pisotear la economía y el uso lícito y honesto de los recursos de una nación.
En su discurso inaugural, el secretario Jose Miguel Insulza pidió a los Estados miembros esforzarse por respetar los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho y el pluralismo político. También mencionó la necesidad de reducir la brecha entre "ricos y pobres", lo que hasta hace dos años El Salvador estaba logrando al ocupar el segundo puesto en el Hemisferio. Gracias a sensatas aunque no perfectas políticas y programas, se pudo reconstruir El Salvador de los efectos perniciosos de la guerra de los Ochenta, de las reformas estructurales de entonces y de dos espantosos terremotos, situándonos como un país de renta media.
El crimen organizado y la violencia son grandes impedimentos al desarrollo y la paz social, pero crimen organizado no es sólo trafico de drogas y delitos asociados, sino también la corrupción de funcionarios, la compraventa de diputados, la formación de grupos de fuerza, la intimidación a la denuncia y la crítica.
Hay formas de medir cuando un país se arruina
La desbordada demagogia electoral es una grave forma de fraude que está empujando a muchos países a la autoinmolación. A esto se suma el que los seductores de la política busquen la perpetuación en el poder; la OEA debe analizar un movimiento contra reelecciones o "reenganches", o el que un presidente pase por encima de la ley promoviendo a sus mujeres, a sus familiares y a ellos mismos, como está sucediendo en Guatemala.
Desde la reunión de la OEA en México, hace diez años, cuando se planteó la amenaza de la criminalidad organizada, el problema se ha agudizado pues además de los cárteles de la droga hay gobiernos que se suman al narcotráfico por distintos medios y subterfugios.
Pero hay otros desarrollos que no se pueden ignorar, como el riesgo de que países vulnerables en sus economías, caigan en los problemas de insolvencia que amenazan la estabilidad de Europa, entre otras regiones.
Si la OEA plantea la reducción de la pobreza, disminuir la brecha entre ricos y pobres, mejorar los niveles de educación e ingreso, está en el deber de alertar cuando un país inicia un descenso en su producción, en sus inversiones y en su nivel de vida. Hay suficientes y confiables índices de desarrollo, de crecimiento, de estabilidad económica, de nivel de empleo, como para aceptar que un gobierno engañe respecto a las consecuencias de sus políticas y de la confianza que genere en los inversionistas y en su población.
El sistema interamericano no puede convertirse en cómplice de regímenes que amordazan, persiguen, envenenan, empobrecen y corrompen.
Agreden a promotores de derechos humanos
Un grupo de promotores de derechos humanos de Nicaragua fueron agredidos por policías de El Salvador durante la 41 Asamblea General de la OEA que sesiona en este país, denunciaron hoy siete organizaciones civiles latinoamericanas.
En una "carta abierta" al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, los organismos indicaron que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche, cuando 14 activistas centroamericanos intentaron manifestarse frente al centro de convenciones donde se inauguraba la reunión del organismo hemisférico.
Según la denuncia, una fuerza de choque de policías "arremetió con violencia" contra el grupo de 11 mujeres y tres hombres que manifestaban en favor de la despenalización del aborto terapéutico, prohibido por las leyes de este país.
Varias de las manifestantes agredidas son dirigentes feministas de Nicaragua, donde también el aborto terapéutico (interrupción del embarazo cuando hay riesgo de vida para la madre) está penalizado.
Los hechos mencionados "constituyen una grave violación a la libertad de expresión, lo cual repudiamos enérgicamente", destacó la carta al mandatario salvadoreño, cuya copia obtuvo dpa.
Los organismos firmantes pidieron a Funes una investigación de los hechos y una sanción a los policías implicados.
Asimismo, consideraron "lamentable que se promueva la militarización y el uso desproporcionado de la fuerza" como respuesta a la inseguridad en los países del continente.
La denuncia está firmada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Espacio Público de Venezuela.
También suscribieron la carta el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), de Colombia, y los organismos brasileños Justicia Global y Grupo Tortura Nunca Más
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