La Secretaría de Comunicaciones del Gobierno ha puesto en marcha un proceso de monitoreo de medios digitales y redes sociales que le fue entregado a la empresa BrandMetric, ganadora de una licitación gubernamental, con el fin de mantener bajo control todos los comentarios y opiniones que se hagan sobre el Gobierno y especialmente del Presidente de la República, a través de blogs, facebook, twitter y otros espacios.
No se ha indicado claramente el fin que tiene este “espionaje” virtual, pero se supone que se trata de un proyecto que comenzará como un proceso de recopilación de información que sería la punta del iceberg para ir luego individualizando a personas que critican permanentemente al gobierno del Presidente Sebastián Piñera y a sus principales integrantes y, finalmente, en una etapa más avanzada podrían aplicarse algunas medidas en contra de quienes critican con más dureza.
Es decir, estaríamos nuevamente frente a un problema de limitación de la libertad de expresión. Hay que considerar que el Internet quedó como la única vía de expresión para todos los críticos permanentes del sistema político y económico que desde el retorno de la democracia impulsan los llamados “burócratas de la política”, que están en todos los partidos y movimientos existentes en Chile. A través de blogs o páginas webs, o simples mensajes en las redes sociales fue posible salir de la burbuja comunicacional en la que nos encerró esta “democracia” (Concertación y la Alianza), dejándonos sólo las publicaciones de un poderoso “monopolio ideológico” de derecha que no nos cuenta toda la verdad, a diferencia de lo que nuestro periodismo electrónico profesional ofrece diariamente a los lectores, como lo hace Krohne Archiv.
La nueva información enviada por la vía electrónica destapa escándalos e irregularidades cometidas por el gobierno y la oposición que ningún medio escrito, o muy pocos, están en condiciones de ofrecer por razones ideológicas o comerciales que los limitan enormemente en su libertad de acción. Sólo cuando el destape es demasiado grande aparece después de una semana un párrafo en algún diario tradicional, sólo para decir que “también nosotros estamos en el tema”.
Este gobierno, que partió divulgando un sentido democrático acorde a una democracia liberal, fue desapareciendo a medida que sus personeros se fueron dando cuenta que gobernar no era lo mismo que estar en la oposición. Así, para superar las dificultades por interpretaciones comunicacionales y evitar las duras críticas a la política cotidiana, comenzaran a restringir los medios y por ende la libertad de expresión, siendo el primer paso el cierre del diario La Nación (edición impresa) el año pasado.
Al conocerse esta noticia sobre “espionaje oficialista” parte de la ciudadanía se mostró preocupada ante lo que varios consideraron como “una intromisión en la vida privada”. Sin embargo, personeros del Ejecutivo justificaron abiertamente la medida. Lo que llama más fuertemente la atención de la ciudadanía es que dicho monitoreo incluirá la herramienta de geolocalización, con la cual se podrá determinar desde dónde proviene una publicación realizada en Twitter o en cualquiera otra vía que ofrecen hoy Internet y las redes sociales.
“No es algo facistoide (…) El Gobierno tiene la responsabilidad de escuchar lo que sucede en las redes sociales digitales” de modo de responder a las inquietudes y demandas de la gente, dijo a la agencia dpa Pablo Matamoros, asesor Web de la Presidencia de la República de Chile. En este sentido, sostuvo que la línea es delgada en cuanto a la privacidad ya que los propios internautas son quienes deciden hacer públicas sus ideas al subirlas a la web, sabiendo que éstas quedan expuestas a terceros.
Al respecto la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), María Pía Matta, señaló que lo importante de este tema es que “falta regular qué pueden hacer o no los gobiernos en Internet”. Y la verdad es que el asunto está muy poco regulado en el mundo. Recién este año, en mayo, se abordó el tema en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en París, donde participó el Presidente Piñera, antes de sus bulladas vacaciones familiares en Italia. Igualmente el G-8 también lo trató en su cumbre efectuada en Deauville, en Francia. Todo esto ocurre después del resurgimientos de los “Indignados” en el viejo mundo, movimiento crítico al sistema político y económico mundial imperante, conducido precisamente a través de las redes sociales, que ya se expande por más de treinta países.
En Chile, el plan de Piñera ha generado posiciones divididas, especialmente por la contratación de la empresa Brandmetric a un costo cercano a los 15 millones de pesos. El diputado Fidel Espinoza indicó que la sistematización de estos datos atenta contra la libertad de expresión de los ciudadanos, agregando además que es “inconstitucional”. El abogado Osvaldo Pizarro calificó esta acción como una política absolutamente “intrusiva en la privacidad de los chilenos”. Para la vocera de Gobierno, Ena von Baer es válido el revisar qué opina la ciudadanía respecto a la gestión del Gobierno y comparó la medida, con la revisión que hacen a diario de las informaciones emanadas por los distintos medios de comunicación. Frente a lo cual el vocero de la oposición Ignacio Walker dijo: “La medida adoptada por el Ejecutivo, es un claro ejemplo de una sociedad vigilada”.
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