LO QUE QUEDA DE LA EDUCACIÓN

Por Hugo Latorre Fuenzalida.

Lo que queda de Chile, del Chile que conocimos cuando era una democracia participativa, donde los representantes políticos eran tributarios de organizaciones sociales bien instaladas, que formaban parte del Estado moderno, es decir de un Estado con representación amplia de las fuerzas sociales organizadas.

Un Estado en que ese poder inmenso que son las comunicaciones se distribuía en pluralidad de visiones ideológicas y económicas; un Estado en que los sindicatos se las jugaban por los intereses centrales de los trabajadores, y no en la periferia de sus reivindicaciones o en lo subalterno de sus servicios a las empresas, como acontece hoy.

Un Estado en que los partidos eran expresión e intermediación de sectores sociales bien definidos, y no, como nos viene aconteciendo, en que los partidos han llegado a ser clubes de poder, que imitan organizaciones de otra ralea y sólo dependen del beneplácito de los jerarcas máximos, quienes se posicionan, a su vez, en base a vínculos financieros y de poder locales e internacionales.

Lo que queda de la educación en Chile es consustancial a lo que ha pasado con los restantes sectores de la sociedad. La educación se ha desentendido de las obligaciones del Estado y se ha dejado al ciudadano, aisladamente, ocuparse de un tema tan fundamental, pero a ese ciudadano se le ha entregado atado de manos a lo que se llama “el mercado”, sin otorgarle, a su vez, las herramientas para una selección de opciones igualitaria, equitativa y viable.

Así como se ha instalado la mayor desigualdad del mundo en las opciones económica de los chilenos, gracias a la entrega de toda la sociedad a manos del “mercado”, de la misma manera se ha producido la peor segmentación de la educación en Chile, como fruto de la opción del mercado.

Pero no sólo es la segmentación, también es la opresiva carga sobre los presupuesto de las familias, quienes deben financiar una educación poco eficiente, de baja calidad y de niveles de costos que superan a la de los países desarrollados.

Educar no es una tarea de “mercado”; no puede ni debe serlo; todos los países del mundo saben eso. Es por eso que los gobiernos toman en sus manos las tareas de educar y se hacen responsables de esta actividad y sus costos.

Educar es una misión delicada, técnica y democrática. Educar es ejercer un derecho y un deber socialmente supervisado, integrado y participativo. Es delicado porque es una actividad estratégica, y de las más relevantes en la alternativa del desarrollo de una comunidad. Es una actividad técnica donde no se puede improvisar. Los educadores deben ser formados y perfeccionados de manera sistemática, sobre todo en una era del conocimiento. Por tanto no es el dinero el que define las formas y estilos, es la calificación y competitividad propuesta desde el Estado, como consolidación de posturas nacionales de largo plazo. Y eso la hace ser una propuesta democrática y participativa.

Pero el modelo actual de educación es un modelo impuesto por una cúpula a “lo que queda de Chile”. Chile es, hoy por hoy, los poderes fácticos y sus intereses; los restantes habitantes no son más que “lo que queda de Chile”, es decir esa masa dispersa e inorgánica, sin voz y atada a un voto refrendante de lo ya establecido, sin alternativas y sin posturas razonadas, puesto que en “lo que queda de Chile” no se discute, sólo se asiente.

Las cúpulas dirigentes se las arreglan para obtener patente de corso a través de un sistema electoral ilegítimo, concentrador y nada de transparente; donde votar por unos es igual que votar por los otros, pues las políticas se definen tras las bambalinas de “la lógica de los acuerdos” entre los mismos que ya se han instalado en el poder, en el dinero, en la prensa y en las comunicaciones de masas.

Con esa patente de corso es que entregan la riqueza natural, las concesiones (que más bien son regalos) en la minería, en las aguas, en el mar, en los bosques, en las empresas que fueron públicas, es decir de todos los chilenos y a los cuales no se les consulta para transferirlas a los agentes nacionales o extranjeros (o a ambos coludidos) de manera gratuita y sin retribución a los verdaderos propietarios, que es el pueblo.

El derecho a la educación viene sufriendo el mismo proceso de transferencia de propiedad y de derechos, sin la aprobación de sus mandantes y de sus beneficiarios. El Estado le dice a “lo que queda de Chile” que ya no les interesan los ciudadanos como agentes educados de la sociedad. Que si desean educarse, pues que se las arreglen solos, pues el Estado ya no financiará esa educación.

Es por eso que tenemos una de las más bajas asignaciones de gasto fiscal en educación en el Orbe, porque el Estado ya no asume ni se interesa. La educación se ha privatizado como tantas cosas que se han transferido. “Lo que queda de Chile” ya no es función del Estado. El Estado está por el núcleo duro de la economía de los grandes capitales; incluso los pequeños productores son parte de “lo que queda de Chile” y están fuera del núcleo duro de la economía. No tienen privilegios y deben pagar los impuestos que los grandes capitalistas no pagan.

Por tanto, debemos tener claro que “lo que queda de Chile” debe asumir esta realidad dentro de su nueva propuesta estratégica, de recuperar para sí el protagonismo que se les ha quitado, anulado y dejado en receso desde la dictadura de Pinochet, de la cual la Concertación y la Alianza han sido su guardia custodia, con librea y rolete.