Hacía varias décadas que no se veían manifestaciones multitudinarias como las de la semana pasada. La dictadura las reprimió brutalmente y luego la Concertación se encargó de desmovilizar a la gente, que es como se le pasó a llamar a lo que antes era “el pueblo”. Parecía que personas en la calle era sinónimo de una peligrosa experiencia. Pero hoy nuevamente el clamor ciudadano se ha escuchado, y fuerte. En las marchas, sus reclamos se mezclaban. Unos iban por la educación, otros por los bajos sueldos, otros por la desvergüenza con que actúan algunos empresarios. No faltaban los que protestaban por Hidroaysén. Una camada variopinta, pero unida por un hilo común: el hastío, la desesperanza, el sentir colmada la paciencia ante la injusticia, el atropello.
Curioso como ciertos momentos históricos juntan circunstancias. Es lo que ha ocurrido en Chile. Y aquí los referentes, quienes manejan el poder, parecieran estar especialmente preocupados de indignar más a los chilenos. El escándalo de La Polar es sólo la guinda de la torta. Más de cuatrocientos mil chilenos vieron ultrajados sus derechos en aras de un juego financiero destinado a enriquecer a unos pocos. Y cuando se le piden explicaciones al principal arquitecto de la estructura donde se generó este fraude, Pablo Alcalde -gerente general de La Polar por diez años y luego presidente de la compañía-, lava sus manos. Sostiene que él no sabía lo que ocurría. Que tiene la conciencia tranquila y nada que temer.
Puede llamar la atención tal actitud, aunque más bien pareciera representar el sentir de un segmento social pequeño, pero determinante. Andrés Concha, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) entrega su visión de Chile en la misma edición de El Mercurio -domingo 19.6.11, Cuerpo de Economía y Negocios- en que lo hace Alcalde. Y sus planteamientos son contundentes.
Considera que el malestar que existe en el país obedece a que la “clase media se ha empoderado” y tiene mayores demandas. No reconoce que el empresariado puede estar cometiendo delitos que en otros países se castigan con cárcel. Cuando se lo enfrenta a las prácticas de colusión detectadas en las farmacias, en empresas de buses interurbanos y al falseamiento de información, y si eso no ameritaría revisar ciertas prácticas empresariales, su respuesta es tajante: “No. El sistema funciona sobre la base de que coexisten ciertos grados de libertad en un marco regulado y fiscalizado. Riesgo cero, no existe”.
Se podría pensar que el rótulo “empresarial” es algo similar a una patente de corso en que la “gente” no tiene más que asumir los riesgos de vivir en un sistema como el actual. Y esperar que el empresariado y la clase política -que en estos casos operan de consuno- tengan generosidad. Porque Concha advierte que los empresarios están poniendo en práctica la responsabilidad social empresarial. Que para él debe traducirse sólo en ciertas mitigaciones por daños que la actividad productiva puede provocar en la comunidad, en el medioambiente o en otros ámbitos. Pero responsabilidad es, fundamentalmente, una actitud ética a la que él no parece darle importancia.
Y para seguir con la mirada empresarial, es aleccionador el resultado que arroja una encuesta efectuada por Libertad y Desarrollo. La entidad, vinculada a Renovación Nacional (RN), mide desde 2002 la percepción que se tiene sobre niveles de corrupción en Chile. Acaba de entregar los resultados de 2010. Coincidiendo con el primer año de la administración Piñera, tal percepción tuvo una baja histórica, al ubicarse en 4,1% (la calificación es de 0 a 10). Lo que tal vez puede explicar en parte importante tales guarismos es que el muestreo se realiza entre empresarios y ejecutivos del sector privado, a nivel nacional. Curioso pedirle a quienes corrompen -que son los que pagan las coimas- que midan los efectos de sus acciones en otros.
Sin salirse completamente de este ámbito, otra curiosidad es el conflicto de intereses que enfrenta el ministro de Educación, Joaquín Lavín. Hasta hace muy poco era uno de los propietarios de la Universidad del Desarrollo. De allí que es difícil concebir en él una actitud que favorezca a la mayoría de los chilenos que tiene que depender de la educación pública en los niveles Básico y Medios. Y que pueda fortalecer a las universidades fiscales. Todo esto sin mencionar que resulta poco edificante que la autoridad avale la vulneración de la Ley. Las universidades privadas deben ser entidades sin fines de lucro. Tal disposición es burlada sistemáticamente, y el ministro lo sabe muy bien.
En la otra banda, quienes están molestos con el sistema, siguen preparándose para nuevas manifestaciones. La respuesta del Gobierno ha sido más bien pobre hasta ahora. Aparte de crear un sistema de espionaje para detectar y contener a quienes intentan organizarse a través de las redes sociales, poco más ha hecho. Entre otras cosas, porque las diferencias entre la Unión Demócrata Independiente (UDI) y RN están lejos de haber sido zanjadas.
Y la oposición no está mejor. Su aporte en estos momentos es más bien negativo. Se muestra incapaz de asumir la conducción del malestar ciudadano. Aún no sale del desconcierto en que la sumió haber perdido la elección presidencial. Con el agravante de que buena parte de los problemas que hoy enfrenta la sociedad chilena, tuvieron su inicio en administraciones de la Concertación. Y sus miembros también sabían lo que hacían.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario