Chile: Estrategia de la Sociedad Nacional de Agricultura en guerra contra sanitarias
Argumentan que las empresas de tratamiento no pueden hacer uso de derechos de aprovechamiento de aguas que son del Estado.
Argumentan que las empresas de tratamiento no pueden hacer uso de derechos de aprovechamiento de aguas que son del Estado.
Tras el fallo adverso de la Corte Suprema que confirmó la facultad de las sanitarias para disponer de las aguas servidas tratadas y negociar su venta —pronunciamiento emitido en mayo que ratificó la posición de la superintendencia del sector (SISS)—, ahora los agricultores y canalistas preparan su contraofensiva.
En este nuevo capítulo de la disputa que iniciaron hace cinco años los regantes de Mapocho y de Copiapó con sus primeras demandas, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) tomó las riendas, emprendiendo gestiones en los frentes administrativo, judicial y legislativo. Su argumento es que “las empresas de tratamiento no pueden hacer uso de derechos de aprovechamiento de aguas que son del Estado y que éste previamente ha asignado a titulares ubicados abajo del cauce natural donde deben vaciarse luego de su tratamiento”.
Los agricultores cifran sus mayores esperanzas en las decisiones del Ejecutivo para revertir la interpretación de la Superintendencia que permite a las sanitarias vender las aguas residuales que han depurado en sus plantas. De hecho, este tema fue planteado en la larga reunión que sostuvo este lunes la plana mayor de la SNA con el Presidente Piñera y cuatro ministros en La Moneda.
“Planteamos nuestra preocupación respecto de esta interpretación de la SISS que está afectando gravemente la certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de todos sus titulares en nuestro país, no sólo de los agricultores, sino también de industriales, mineros, etc.”, indicó el vicepresidente del gremio, Patricio Crespo.
En los otros frentes de acción, este tema también fue abordado por un grupo transversal de diputados de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja que analiza la forma de precisar la legislación “a una lectura adecuada del espíritu de la ley en materia de Código de Aguas que establece que son un bien nacional de uso público en que el Estado entrega para uso y goce”, y se aclare el marco en el cual “las sanitarias operan en esta materia”.
Sobre la vía judicial, en la SNA subrayan que el pronunciamiento de la Suprema confirmó que la superintendencia actuó dentro de sus atribuciones e interpretó en el marco de sus potestades, pero precisan que no se pronunció sobre el fondo de la polémica.
La Segunda
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