Por María Inés Ruz (*)
Las relaciones entre Bolivia y Chile pasan por un momento delicado. En orden cronológico, el inicio de los actuales desencuentros habría que situarlo en marzo de este año, cuando el Presidente Evo Morales anunció que demandaría a Chile ante tribunales internacionales por incumplir el compromiso de otorgar una salida al mar a través de su territorio. Le siguieron las declaraciones del ministro de Defensa Andrés Allamand, quien a principios de mes resaltó la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacer cumplir los tratados internacionales. Tales declaraciones fueron formuladas un día después de que el canciller boliviano David Choquehuanca anunciara que su gobierno evaluaba renegociar el Tratado de 1904, o denunciarlo, si Chile no aceptaba sentarse a la mesa para revisar su cumplimiento. Días después, la 41 Asamblea General de la OEA, en San Salvador, se remitió a constatar las diferencias, aunque la palabra "diálogo bilateral" se escucha ahora más frecuentemente en los pronunciamientos oficiales de ambos países: es lo que recomienda el órgano hemisférico.
En medio de estos nubarrones no sorprendió la detención, hace seis días, de una patrulla de militares bolivianos que realizaba labores de vigilancia en la frontera. El hecho fue calificado de incidente aislado por las autoridades bolivianas, mientras que en Chile motivó una queja formal de su Cancillería. Finalmente los oficiales bolivianos fueron devueltos, pero el incidente dejó otra estela de declaraciones y molestias.
El clima de tensión que se está produciendo entre Bolivia y Chile, está muy distante de la prolija relación que se construyó en el ámbito de la defensa durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Estos vínculos se formalizaron en un Memorándum de Entendimiento (MOU) en junio de 2008 pero, en este caso, la firma del documento no fue el comienzo de la cooperación sino la consolidación de un plan de trabajo cuyos lineamientos tomaron forma en un programa que se puso en marcha dos años antes. Sus hilos conductores habían surgido tras la invitación a participar en los cursos de formación del Centro de Operaciones de Paz (CECOPAZ), en Santiago de Chile, y a presenciar las labores de desminado en la frontera con Bolivia, en 2005.
Hasta ese momento, Chile y Bolivia no contaban con mecanismos para el diálogo político en materias de seguridad y defensa, aunque se habían cursado invitaciones a ceremonias militares y se realizaban intercambios informales en el marco de los foros multilaterales y subregionales. Indudablemente, la ausencia de relaciones diplomáticas frenaba esa perspectiva. No obstante, ambas cancillerías ya contaban con un mecanismo de consultas políticas desde mediados de los 90, y estaban en curso convenios de integración fronteriza, además de un acuerdo de complementación económica.
El programa que sirvió de base al acuerdo identificó, como áreas de cooperación, el intercambio académico entre las escuelas matrices de las tres ramas de las Fuerzas Armadas; la entrega de información sobre labores de desminados; la capacitación en operaciones de paz y la realización de ejercicios de lecciones aprendidas en función de la experiencia que los dos países estaban desarrollando como miembros de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH). Incluso antes de que los ministros suscribieran el MOU, se puso en marcha un itinerario de intercambios y visitas de autoridades, y se realizaron dos seminarios conjuntos en Santiago: uno para dar a conocer el modelo de homologación de las mediciones de gastos en defensa, que Chile y Argentina ya estaban aplicando; y otro, para traspasar experiencias en materias de desastres naturales, actividades que se desarrollaron en el curso de 2007.
Este plan también fue el punto de partida para establecer relaciones institucionales directas entre las Fuerzas Armadas, que incluyeron el homenaje que el Ejército de Chile realizó al héroe nacional de Bolivia, Eduardo Abaroa, en abril de 2007.
El interés en normalizar las relaciones vecinales, así como en contribuir a un ambiente de paz y seguridad regional, fue una motivación constante de las autoridades chilenas, desde el comienzo de la transición democrática. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet continuó esos esfuerzos. En su período de gobierno se puso en marcha la llamada "agenda de 13 puntos", que abarcó toda la gama de proyectos e iniciativas de intercambio bilateral que contemplaban la cooperación en defensa. Este documento formalizó las conversaciones sobre la reivindicación marítima boliviana, cuestión que significó un salto de calidad en la relación bilateral.
Es importante advertir que el clima político regional también fue propicio para el desarrollo de la cooperación en defensa entre Chile y Bolivia. La etapa coincidió con un nuevo impulso al proceso de integración regional, que condujo a la conformación de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), cuya primera presidencia fue asumida por la mandataria chilena en mayo de 2008.
Justamente bajo su conducción, los presidentes del bloque fueron convocados de urgencia en Santiago de Chile para debatir la complicada situación política y de seguridad que vivía Bolivia en las regiones autonómicas. En la reunión se aprobó la Declaración de La Moneda, que constituyó un respaldo a la estabilidad política e institucional del país vecino. Tres meses más tarde, los Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa recibieron el encargo de estudiar las bases para constituir el Consejo Suramericano de Defensa (CDS), cuyo documento fundacional se aprobó, también en la capital chilena, en marzo de 2009.
Un factor determinante en la creación del CDS fue el consenso regional respecto a la necesidad de promover y consolidar una zona de paz que pusiera en valor los procesos de creación de confianza, al igual que los programas de cooperación militar que los países miembros venían desarrollando bilateralmente en las dos últimas décadas. Los gabinetes de los ministerios de Defensa trabajaron en red para allanar las diferencias, cuando aún estaban latentes las ramificaciones de la crisis de seguridad que vivieron Ecuador y Colombia en 2007. Chile y Bolivia se comprometieron y laboraron arduamente en este proceso.
Tanto esta experiencia, como la necesidad de enfrentar amenazas comunes y problemas derivados de la vecindad, hacen imprescindible la cooperación entre Chile y Bolivia en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Esto responde además a los principios del realismo político, pues hay necesidades concretas que requieren la acción conjunta (basta mencionar los desastres naturales y la delincuencia transfronteriza). Pero también son innumerables los beneficios asociados a la facilitación del comercio, el abastecimiento energético y la conectividad.
El camino ya recorrido en el ámbito de la defensa es un buen incentivo para que las autoridades activen mecanismos de comunicación directa y de alerta temprana que permitan desincentivar el escalamiento de los conflictos. Las prácticas de prevención y creación de confianza adquieren su mayor validez frente a situaciones complejas, como las que hoy enfrentan Chile y Bolivia.
(*) María Inés Ruz es Magister en Relaciones Internacionales. Ex asesora del Ministerio de Defensa de Chile. Revista Ateneo, Madrid-España
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