El presidente chileno, Sebastián Piñera, calificó hoy al caso La Polar “de una vergüenza, porque ha significado que durante años esa empresa abusó de los derechos de sus clientes y de sus deudores. Ese abuso fue sistemático porque afectó a más de 400 mil personas, y además fue un abuso que se viene produciendo desde hace ya más de seis años".
El mandatario se pronunció sobre la multitienda luego de que se revelara que las irregularidades cometidas datan al menos desde 2005. Esta situación afectó hoy el valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Santiago que cayó en un 9,5% para cotizarse a un precio de $700.
Piñera se refirió al tema La Polar desde la comuna de Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía, donde encabezó el lanzamiento de nuevas unidades operativas del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).
Allí, Piñera reiteró que en junio del año pasado el gobierno "tomó cartas en el asunto" a través de una mediación colectiva y posterior denuncia colectiva, y que "ejerció su derecho y responsabilidad de intervenir para terminar con ese abuso y con esa vergüenza".
Además, el Presidente dijo que "nuestro compromiso en esta materia es muy claro y lo vamos a cumplir cien por ciento. Primero, lograr que todas las víctimas de ese abuso sean debida y justamente compensadas. Y segundo, tomar todas las acciones para que los responsables de ese abuso enfrenten como corresponde esa responsabilidad y reciban las sanciones que se merecen".
"En este camino nadie nos va a quebrar la mano. Nuestro gobierno está del lado de los más débiles y de los que son abusados, y no le va a temblar la mano para lograr que las personas que han sido abusadas puedan ser debida y justamente compensadas. Y tampoco nos va a temblar la mano para usar todos los instrumentos con que cuenta el Estado para que los responsables de ese abuso sean juzgados y sean debida y rigurosamente sancionados", afirmó.
La Polar modificó plan de compensaciones
En una jornada de duras presiones públicas del gobierno y tras una extensa reunión de directorio, La Polar modificó por tercera vez su plan de compensación para los clientes afectados por repactaciones unilaterales: decidió que quienes pagaron la totalidad de la deuda o abonaron un porcentaje de ella podrán acceder al saldo en dinero en efectivo.
El plan original implicaba el abono del excedente en una tarjeta gift card sólo para ser desembolsada en productos de La Polar. Según comunicaron ayer, éste ahora se entregará mediante un depósito en las tarjetas de crédito La Polar al que los clientes afectados podrán "acceder a través de avances de dinero en efectivo, compras con la tarjeta en las propias tiendas o en los comercios adheridos", señaló el retailer.
En caso de que la tarjeta haya sido cerrada, será rehabilitada temporalmente para que puedan disponer del monto correspondiente. Las estimaciones apuntan a que el número de clientes en estas condiciones es entre 10.000 a 12.000.
Esta nueva postura de La Polar contradice lo planteado por el presidente de la compañía, César Barros, hasta horas antes. Tras la junta de tenedores de bonos ayer, el ejecutivo afirmó que no se compensaría con dinero en efectivo. "No voy a poner en peligro la estabilidad de la compañía, sacrificando su caja, porque una quiebra de la firma significa que los deudores vuelven a la situación inicial", señaló.
Las gift card
Esta declaración vino a responder las fuertes críticas que el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, realizó al nuevo plan de compensación informado por La Polar el martes. El titular del organismo criticó justamente que el retailer planeara compensar a sus clientes con tarjetas gift card. "Vemos que a ellos les corresponde la devolución en dinero en efectivo, con intereses y reajustes. Si no se hace de esta manera opera lo que se denomina un enriquecimiento ilícito", sostuvo Peribonio.
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| César Barros, presidente de La Polar |
"Si entregar gift cards como compensación es dinero mal habido, tendrá (Peribonio) que comprobarlo", rebatió Barros.
Pero la embestida del Sernac fue blindada por el ministro del Interior. El titular de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, afirmó -en entrevista con radio Pudahuel- que La Polar debía devolver el dinero. "A nuestro juicio, lo que corresponde es que se les restituya el dinero que indebidamente se les cobró", afirmó. "La Polar tiene que devolverles la plata" a los afectados, insistió. "Vamos a proteger a los consumidores hasta las últimas consecuencias (...). Y si no, tendrán que resolver los tribunales", enfatizó.
Repactaciones unilaterales se hacían desde 2005
Al menos, desde 2005 y sustentadas en un sistema que se fue perfeccionando con el paso de los años se realizaron las normalizaciones o repactaciones unilaterales de deudas morosas en La Polar. La empresa lo describe así en la querella que presentó el martes contra cuatro ex gerentes: Pablo Alcalde, quien también fue presidente de la firma, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah y Julián Moreno. En la misma presentación, la firma revela un mail del 21 de abril de 2010, donde el abogado Luis Eduardo Toro, del estudio Barros y Errázuriz, hace alusión a una reunión que sostuvo con Ramírez, Moreno, Farah y otros, para discutir sobre una denuncia recibida por el Sernac de Copiapó por una repactación unilateral.
"En esta oportunidad enfrentamos a Julián y creo que por primera vez reconoció el problema y nos señaló que la política había cesado", dice el abogado en un correo enviado al gerente de asuntos legales de la firma, Andrés Escabini, tres días antes de que estallara el escándalo. La secuencia de correos que describe la querella demuestra, según la firma, "el pleno y cabal conocimiento" que tenían Ramírez, Moreno y Farah de las irregularidades.
La Polar acusa que la aplicación reiterada en el tiempo de las repactaciones unilaterales, "al no producir una disminución de las cuentas de activos por cobrar (como era debido), generó que los estados de resultados de la empresa lucieran ostensiblemente mejores y más robustos de lo que en realidad eran". Esto, a la vez, hacía posible informar mayores utilidades e impulsaba su valor en Bolsa.
La querella acusa que la "disimulación de la información de los estados de la empresa era incluida, con pleno conocimiento de los imputados, tanto en las comunicaciones que se remitían a los órganos reguladores, como en las que se publicaban abiertamente".
Por eso, afirma que sus ex gerentes habrían cometido infracciones reiteradas a la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos. Por la misma razón, pide a la justicia no sólo que aplique el máximo de las penas previstas en la ley, sino también, que se les obligue a inhabilitarse por hasta 10 años para desempeñarse como gerentes o directores de sociedades.
La querella plantea que "un posible móvil" de los ejecutivos acusados de "desfigurar el verdadero estado de los negocios" pudo estar en los mecanismos de incentivo establecidos por la firma.
Auditoría y operatoria
La querella plantea que en noviembre de 2010, la firma llegó a un acuerdo con el Sernac, que incluía la realización de una auditoría interna para determinar la existencia y alcance de las normalizaciones. Moreno, acusa la firma, fue muy reticente a realizar esta auditoría y finalmente, no se hizo. El incumplimiento impulsó al Sernac a presentar en junio la demanda que dejó al descubierto la crisis.
Según La Polar, las normalizaciones las realizaban los funcionarios de cobranza en el sistema interno, llamado Mencons. Allí, los operadores podían repactar sólo la morosidad o toda la deuda. En el primer caso, se utilizaba un plazo de hasta 18 cuotas y, en el segundo, de 36. Todo, sin informar a los clientes.
Así operó el modelo hasta 2009, cuando un sistema computacional, que habría diseñado el ex jefe de proyectos y análisis, Ismael Tapia (despedido de La Polar), empezó a hacer las normalizaciones de manera automatizada. Este software, agrega la querella, se habría dejado activado noches completas para repactar sin consulta la deuda de miles de clientes.
En la presentación, la compañía describe su historia, estructura accionaria, la forma en que organiza sus áreas de negocio y enumera a los profesionales que han ejercido como directores desde 2005 en adelante. La última parte de la querella de 57 páginas detalla las intervenciones de los ejecutivos acusados y de otros directores en las reuniones de directorio.
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