Menudo
lío. Escribí que me parecía cínico que los estudiantes chilenos, gentes
mayores de edad y presumiblemente responsables, se empeñaran en que otras
personas les pagaran los estudios universitarios y, encima, pidieran la
clausura de las universidades creadas con fines de lucro, y mucha gente no
estuvo de acuerdo.
Al
margen de los insultos y las descalificaciones personales, que nada añaden al
debate, el mejor argumento de quienes rechazan mi criterio tiene que ver con
el bien público. Al conjunto de la sociedad, dicen, le conviene tener buenos
profesionales. Así todos progresamos. Es una inversión, opinan, no un gasto.
De
acuerdo. Creo que la educación a veces es una inversión y no un gasto. En
todo caso, no estoy seguro, exactamente, cuál es la ventaja social de graduar
teólogos o filósofos, dos ocupaciones muy respetables, mas escasamente productivas,
pero hay varios asuntos que deben abordarse.
El
primero es de carácter moral. El Estado, insisto, no debe otorgarles
privilegios a los adultos responsables. Las ventajas en calidad de empleo y
nivel de salario de los graduados universitarios son muy notables. La
gratuidad de la enseñanza universitaria consiste en meterles la mano en el
bolsillo a todos para favorecer a unos cuantos de manera permanente.
El
Estado, en cambio, puede avalar los préstamos de los universitarios y
estimularlos para que estudien. También puede otorgar becas a los mejores. La
meritocracia es un factor clave en los sistemas en los que no se busca la
igualdad de resultados, sino de punto de partida.
Los
padres, naturalmente, también deben responsabilizarse. Si los que los trajeron
al mundo, y las personas que los conocen de cerca, no creen en ellos, ¿por
qué el resto de los ciudadanos debe pechar con el riesgo de prestarle a quien
acaso no va a cumplir sus compromisos?
Los
universitarios que pagan sus estudios tienden a esforzarse con mayor interés
y a exigirles más a sus profesores. Tienen más incentivos para trabajar y
crear riquezas cuando terminan. Los fondos que devuelven sirven para educar a
quienes vienen detrás. Es más justo.
Hay
universidades públicas y gratuitas en América Latina en las que el promedio
de años de estudio por alumno duplica al de las universidades privadas. Ya se
sabe que la única ley inalterable de la economía es la que asegura que
“cuando la oferta es gratis la demanda es infinita y el consumidor, además,
no la valora”.
Por
otra parte, los recursos disponibles por el Estado son siempre escasos y hay
que emplearlos más inteligentemente. Si se quiere adultos responsables que
sean buenos universitarios y mejores ciudadanos, donde hay que poner el
acento es en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
Es en
las primeras etapas de la vida donde se forman el carácter y los hábitos, y
donde se adquieren los valores. Ahí, además, comparece casi la totalidad de
los niños y jóvenes. Para que la búsqueda de igualdad de oportunidades no sea
un fraude, la función del Estado, por medios públicos o privados, es preparar
a los niños para que puedan competir y sobresalir en la vida. Un niño de
origen humilde, bien nutrido y bien educado, tendrá entonces la oportunidad
real de abrirse paso.
La
manera de contar con buenos universitarios es formar buenos alumnos en los
primeros grados. Es en esa época donde hay que suplirles alimentación
adecuada y magníficos maestros, bien remunerados y dotados de buenos métodos
pedagógicos, de manera que, cuando lleguen a la edad adulta, puedan tomar las
primeras decisiones vitales que en gran medida definirán su destino: cómo se
van a ganar la vida, qué estudiarán, qué actividad emprenderán, cómo y cuándo
constituirán sus familias.
Quienes
hemos tenido la experiencia docente universitaria, sabemos la enorme
diferencia que existe entre los estudiantes formados en buenas escuelas
durante los primeros grados, y los que provienen de pésimas instituciones,
casi siempre públicas, donde los maestros no tienen buena preparación, no
están motivados o no están decentemente remunerados.
Una
última e inteligente observación, hecha por el profesor Alberto Benegas Lynch
desde Argentina: le parece curioso que esos universitarios que se oponen al
lucro, cuando se convierten en profesionales rara vez emplean su tiempo en
ayudar gratuitamente al prójimo.
Lo
dicho: el lucro que les molesta es el de los otros.
La ignorancia y el cinismo: Cuando los neoliberales no distinguen entre una universidad y una fonda de barrio
Por Haroldo Dilla Alfonso
(Publicado
el 7 de julio de 2013 en el Periódico 7 días.com, República Dominicana)
El
artículo (publicado en Listin Diario) intenta descalificar al movimiento estudiantil chileno y sus demandas
en pro de la desmercantilización de la educación. Pero no discutiendo las
coordenadas políticas del asunto -lo cual hubiera sido muy interesante-, sino
desde una atalaya moral dogmáticamente neoliberal. Por todo ello, CAM (Carlos Alberto Montaner columnista de Listin Diario)
descalifica a los estudiantes –e imaginamos que también a la inmensa mayoría de
la población chilena que les apoya- y les llama algo así como
haraganes-aspirantes-a-que-alguien-pague-sus-estudios.
En
resumen, todo un ramillete de distorsiones neoliberales que el movimiento
ciudadano y estudiantil ha colocado sobre la agenda pública, y que Michelle
Bachelet, la más probable presidenta a partir del próximo año, se ha propuesto
superar.
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El
neoliberalismo es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado
muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado
precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden
practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de
Pinochet en Chile –con sus asesinatos, desapariciones y torturas- fue un
ejemplo trágico.
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Pero
aún así, leer La Acción Humana o El camino a la Servidumbre
es siempre un motivo de regocijo intelectual que sugiere que efectivamente hay
cuotas de ideas atendibles en una propuesta teórica que coloca al mercado como
principio ordenador de la sociedad. Pero como sucede en otros cuerpos teóricos,
el argumento neoliberal se degrada cuando cae en manos de divulgadores menos
ilustrados que los padres fundadores.
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Y CAM
es un ejemplo de esto último, a lo cual se suma su tendencia a opinar sobre lo
que no conoce, desfigurar situaciones, ofender a sus adversarios y hacer de su
ideología un credo fanático. Como ocurre ahora con los estudiantes chilenos,
pero antes con la izquierda latinoamericana que posee brillantes representantes
en el continente, y a los que en algún momento llamó –escoltados por otros dos
“perfectos amigos”- “los perfectos idiotas”.
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Un
ejemplo de ello es su caracterización de las protestas estudiantiles chilenas
como rosarios de actos vandálicos inspirados por minorías infiltradas, cuando
en realidad, desde su estallido en 2011, fue un movimiento con niveles muy
bajos de vandalismo, entre otras razones porque los propios estudiantes se
encargaban de controlar situaciones indeseadas, sean éstas provenientes de los
grupos extremistas que menciona CAM o de denunciados agentes infiltrados, dato
este último que CAM no menciona.
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Y no lo
discuten, además, porque no infringen la ley, pues CAM debe conocer que la ley
chilena indica que las universidades –públicas y privadas- son “instituciones
sin fines de lucro”.
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En aras
de la brevedad que siempre exige un artículo de esta naturaleza, procederemos a
argumentar en torno a dos cuestiones claves del artículo: 1- el análisis del
movimiento estudiantil y 2- el concepto de la educación.
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Cuando
CAM limita su explicación a que los estudiantes piden educación gratuita
produce una desafortunada desfiguración del asunto. No porque los estudiantes
no la pidan. La piden y aspiran a conseguir mejores posiciones económicas para
estudiar, pero esto es, para decirlo de alguna manera, una posición icónica,
pues los estudiantes saben que son una pieza en un tablero de negociación y que
al final lo que están haciendo hace avanzar a la educación hacia la
desmercantilización. Y en eso coinciden con la inmensa mayoría de la sociedad y
con sectores significativos de la clase política chilena. Y ello, al punto que
nadie con aspiraciones de credibilidad en Chile estaría dispuesto a repetir las
simplicidades que nos regala CAM. Y en cambio, muchas personas, entre quienes
nos encontramos, creemos que la educación es un derecho social y su acceso
universal en condiciones de gratuidad es una aspiración legítima y positiva.
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La
arremetida de los estudiantes no solo es contra una universidad muy cara, sino
también contra un sistema que ha implicado transferencias masivas de fondos
públicos al sector financiero privado y a las universidades de igual signo. Y,
lo que CAM evidentemente desconoce, también contra un sistema tributario
regresivo a escala planetaria que descansa sobre los sectores populares y
medios. Si este sistema tributario se hiciera más equitativo, y cargara más su
peso sobre el 1% de la población que recibe el 30% del producto, entonces no
fuera el pobre trabajador quien pagaría la mayor parte de la educación
gratuita, sino que el puñado de potentados que habitan el sector oriente de la
ciudad de Santiago.
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En
resumen, todo un ramillete de distorsiones neoliberales que el movimiento
ciudadano y estudiantil ha colocado sobre la agenda pública, y que Michelle
Bachelet, la más probable presidenta a partir del próximo año, se ha propuesto
superar.
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La otra
cuestión tiene que ver con la manera como CAM valora el lucro en la
Universidad. Obviamente no entraremos a comentar su comparación de los
servicios educacionales con un Restaurant, lo que se coloca –como decía
Marx- por debajo de la crítica, y que asumimos más bien como una nota jocosa.
Tampoco comentamos su proclamación de La Academia platónica o del Liceo
aristotélico como instituciones de lucro, pues ello solo indica que entre sus
fuertes no está la cultura grecolatina, lo que no es importante para lo que
discutimos. Pero creemos que, definitivamente, CAM no entiende lo que significa
lucro, ni una “institución sin fines de lucro” en términos legales, ni sabe
diferenciar lo que es público de lo que es privado.
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Es una
pena que Carlos Alberto Montaner, un hombre talentoso y con buena pluma, no
entienda que la educación, como la salud, es un derecho social, y no un
servicio comercial.
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Veamos
esto con más detalle. En Chile existen numerosas universidades, unas estatales
y otras no. Para espanto de los neoliberales, las mejores y más exigentes son
las estatales, y en particular la Universidad de Chile, tal y como en México
es la UNAM, en Puerto Rico la UPR, en Argentina la UBA y en Brasil la
USP. Pero también existen otras universidades no estatales, algunas de las
cuales garantizan una alta calidad de la enseñanza, una proyección pública
constante y que no tienen fines de lucro. Como son los casos conocidos de las
universidades Católica, Alberto Hurtado, Diego Portales, etc. Muy pocas
personas en Chile discuten la existencia de estas universidades ni de sus
valores, aunque no sean estatales.
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Y no lo
discuten, además, porque no infringen la ley, pues CAM debe conocer que la ley
chilena indica que las universidades –públicas y privadas- son “instituciones
sin fines de lucro”. Y esto implica una cuestión bien simple: el excedente que
generen estas instituciones no puede ser “retirado”, utilizado para otros fines
que no sean los de la propia institución. Lo que en primer plano se discute es
la existencia de una miríada de universidades privadas que violan la
ley y operan como empresas lucrativas, al mismo tiempo que se ubican
en los peores rankings nacionales. Estas universidades ilegales las que no
distinguen, como CAM, la diferencia nada sutil que existe entre una fonda de
barrio y una universidad.
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Pero
los estudiantes no solo están hablando del sentido legal de la palabra “lucro”.
No solo objetan que, por ejemplo, el dueño de una Universidad como la
Universidad SEK compre publicidad en el estadio de un equipo de futbol del que
al mismo tiempo es propietario, eludiendo la prohibición del lucro ya aludida.
Junto con ello, demandan la restitución de un sistema educativo, en
todos sus niveles, en donde la competencia, el afán de ganancia y la
desregulación salvaje del mercado no sean los principios bajo los cuales éste
sea gobernado.
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Aún
cuando conmueve la preocupación de CAM por los “trabajadores de a pie” (no es
un sentimiento común en los predios neoliberales) habría que anotar que para el
caso que nos ocupa el acceso a la educación superior determina niveles de
endeudamiento insostenibles para estos mismos trabajadores que, con la
expectativa de un mejor futuro, envían a sus hijos a la universidad,
hipotecando sus vidas y la de los futuros profesionales. Cuando se debate si
puede la educación gobernarse con las leyes del mercado, la experiencia chilena
de más de 30 años ha mostrado claramente que no. Existe un mercado irracional,
hiperextendido, excluyente, con niveles de aranceles irracionales, superiores
al promedio de América Latina. Lo llamativo de las movilizaciones estudiantiles
no son sus magnitudes, sino que no se hayan producido antes.
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Es una
pena que Carlos Alberto Montaner, un hombre talentoso y con buena pluma, no
entienda que la educación, como la salud, es un derecho social, y no un
servicio comercial. Lo que afortunadamente los chilenos y chilenas han
aprendido, y por lo que están apostando. Justo lo que los estudiantes y la
mayoría de la sociedad chilena han estado exigiendo en esas magníficas
movilizaciones que reclaman un mundo mejor y posible en que la dignidad humana
deje de ser pensada como un mezquino ejercicio de costos y beneficios.
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