lunes, 13 de junio de 2016

Tsunami de 2010

TAMBIÉN OBLIGAN AL ESTADO CHILENO A PAGAR SUMA MILLONARIA POR LOS ERRORES COMETIDOS EN EL TSUNAMI DEL 27-F POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Y eso que dicen que las "instituciones funcionan"



Ciento diez millones de pesos deberá pagar el Estado a la madre y hermanas de una mujer que murió el 27 de febrero del 2010, tras el maremoto que afectó a la isla Robinson Crusoe del archipiélago de Juan Fernández.
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En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó esta sentencia que condenó al fisco a pagar la indemnización a los familiares de María Angélica Erices Oñate.
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La sentencia fija la responsabilidad del Estado a través de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por falta de servicio al no advertir del riesgo de tsunami en el territorio insular.
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“Es manifiesto entonces que tales entes públicos fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales; esto es, que su funcionamiento fue concebido cuando existan circunstancias anormales o extraordinarias, por lo que no es posible aceptar, como postula el demandado, que la ocurrencia de un terremoto de una intensidad de 8,8 grados Richter implique desde ya la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales”, define el fallo.
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La resolución determina además que “existen elementos de juicio suficientes para establecer que ambos organismos del Estado desplegaron un servicio de comunicación deficiente y no ajustado a los protocolos vigentes respecto de la alerta de maremoto, que debía ser entregada a la población de Juan Fernández. Sin perjuicio de la gravedad del sismo, resulta evidente que tales reparticiones públicas no desarrollaron con eficacia las labores de prevención, coordinación y auxilio que el ordenamiento jurídico les había encomendado ante situaciones de catástrofes, todo lo cual permite afirmar que se incurrió en falta de servicio”.
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La indemnización se pagará en $60 millones para Alba Oñate Sangueza, madre la víctima; $20 millones para Ana María Erices Oñate y Verónica Erices Oñate, hermanas, y $10 millones para Fabiola Muñoz Oñate, otra hermana de la víctima.
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La sentencia en tanto, la dictaron los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama.

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