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jueves, 16 de abril de 2015

CRISIS-ENSAYO-KRADIARIO

CONTRIBUYENDO A ESBOZAR UNA TEORÍA DE LAS CRISIS

Por Manuel Acuña Asenjo


La crisis es aquel momento en la vigencia de un sistema dentro del cual éste experimenta ciertos fenómenos que, de no dárseles oportuno y adecuado trato, pueden llegar a poner en entredicho la propia existencia de aquel.

Los medios de comunicación, no siempre rigurosos en cuanto al lenguaje empleado, han creado las categorías de ‘crisis política’ y ‘crisis institucional’ que en poco ayudan a entender los fenómenos propios de una nación como Chile por lo que, en un documento anterior, y siguiendo en esta materia las enseñanzas de Nicos Poulantzas, proponíamos emplear los términos de ‘crisis de legalidad’ y ‘crisis de legitimidad’.
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Las crisis pueden ser particulares o parciales y generales o totales, según afecten a uno (o varios) de los sectores o departamentos del modo de producción vigente, o a la generalidad del mismo. Por ello, cuando los medios de comunicación y la escena política de la nación hablan de ‘crisis política’, hemos de entender que lo hacen sólo para referirse a una determinada región de dicho modo (la jurídico/política) y no a su globalidad, en cuyo caso estaríamos en presencia de una ‘crisis institucional’. 
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Sostenemos, aquí, que la crisis que atraviesa la nación chilena es una crisis de legitimidad, es decir, aquella que se origina en una falta de credibilidad o confianza en determinadas personas o instituciones. Esta crisis afecta tan sólo a la región jurídico/política del modo de producción vigente y, dentro de ésta, a su solo aspecto político (no al jurídico, aunque exista un poco de reticencia al mismo). 

No se trata, por ende, de una crisis general que ponga en entredicho el funcionamiento del sistema mismo. No. Y ello es tan cierto que los propios actores que la han generado ensayan hoy diversas fórmulas intentando resolverla, con absoluto desprecio respecto a lo que pueda pensar el resto de la ciudadanía, tan seguros están de poder hacerlo.

Posibles vías de solución

No hablaremos aquí de una posible crisis que experimentan las clases dominadas pues éstas viven permanentemente en crisis, sino haremos referencia tan sólo a la crisis que experimentan las clases y fracciones de clase dominantes y su representación política, sea que adopte ésta el carácter de natural o de espuria. 

Podemos, sí, indicar algunas de un sinnúmero de propuestas como aquella que se inclina por la conveniencia de seguir adelante con las reformas (como si nada hubiere pasado) e intentar por esa vía recuperar la perdida de confianza de la ciudadanía en sus autoridades, vía que parece haber adoptado La Moneda. También es importante aquella que contempla la posibilidad de hacer un público reconocimiento de los ‘errores’ cometidos por los actores de la escena política y se llame a la comprensión de la población nacional ante tales excesos. Se han dado muchas soluciones; sin embargo, de todas ellas han predominado, fundamentalmente,  tres: La vía del acuerdo; La vía de la Asamblea Constituyente; y, La vía mixta, que incluye ambas e, incluso, otras propuestas.

Vía del acuerdo

La vía del acuerdo es la solución que se perfila con mayor fuerza dentro del espectro político de la nación.

“La política de los acuerdos presiona fuertemente por re-instalarse como el eje de la acción política. Los últimos días los llamados han venido desde todos los sectores: de Novoa a Lagos. Lentamente, se va instalando la tesis de que la recuperación de las confianzas pasa por retomar un clima de convivencia política distinto. Lagos e Insulza, serían los indicados para liderar ese proceso. Se necesita liderazgo se ha dicho”.

Uno de sus más fervorosos defensores es el ex senador Sergio Bitar para quien el acuerdo entre los partidos es la única solución .

“[…] decir que quienes han gobernado son los culpables, siendo que hay buenos presidentes de partidos, buenos militantes, buenas autoridades, puede constituir un desacierto mayor. No veo de qué manera se puede avanzar si un país no se entiende. ¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar? No hay más camino que fortalecer la democracia y los partidos” .

Esta posición, descaradamente maniqueísta, predomina ampliamente en el campo de la escena política nacional; es posible explicarla dada la pertenencia de grupo de quienes la sostienen.
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Sin embargo, a pesar de ello, gran parte de la escena política de la nación (incluido el Gobierno) manifiesta su profundo rechazo (aparente) a esa vía. Y es que en la jerga popular, la palabra ‘acuerdo’ ha llegado a convertirse en una categoría, es decir, una palabra que adquiere peso conceptual. Y ese peso conceptual no es el mejor pues se la asimila a colusión, a negociación espuria, a conspiración, a actuar a espaldas de la ciudadanía. 

La forma de cómo llevar a cabo el acuerdo es lo que divide, una vez más, a los sectores que buscan esta solución a la crisis. Porque, mientras bajo el lema de ‘dejar que las instituciones funcionen’ unos consideran que los juicios deben seguir adelante hasta obtener la condena de todos los involucrados, otros piensan que dicha espera es absolutamente innecesaria.
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Conspira contra esa solución la circunstancia que el Servicio de Impuestos Internos SII ha anunciado estar investigando no menos de doscientas grandes empresas por la realización de prácticas similares a aquellas de las cuales se acusa a Penta y Sociedad Química y Minera de Chile  SOQUIMICH o SQM. 
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Por supuesto que las consideraciones éticas —importantes en un comienzo—, hoy ya son consideradas irrelevantes por los defensores de esta vía. La posibilidad de hacer renunciar a quienes han sido acusados de estar involucrados en el uso de boletas o facturas falsas para el uso de dineros con fines electorales y hacer efectivo aquel adagio romano según el cual ‘la mujer del César no sólo debe ser casta sino debe parecerlo’ ha sido arrojada al tacho de la basura. 

Resulta, simplemente, ocioso preguntarse si acaso alguno de los involucrados se plantea renunciar; igualmente ocioso resulta preguntárselo a la presidenta. Por el contrario: si bien los parlamentarios se justifican alegando haber entregado boletas por servicios efectivamente prestados a SQM , la presidenta sostiene no haber pensado jamás en hacerlo y que, además, estaría impedida por no estar contemplada la renuncia en la constitución (pinochetista, por cierto).

Para nadie es desconocido que la práctica del empresariado de prestar su apoyo económico, indistintamente, tanto a sectores de la llamada ‘izquierda’ como de la ‘derecha’ se basa en el deseo de aparecer ante la sociedad como personas que sostienen de ese modo el funcionamiento de un sistema democrático en donde operen fuerzas políticas en igualdad de condiciones. 
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Sin embargo, dicho comportamiento oculta otra finalidad que es la de asegurar la protección de sus negocios a través del pago. Y esa figura tiene nombre: se llama ‘soborno’, que es la forma en virtud de la cual se paga a un funcionario público para que utilice su cargo en beneficio de quien le paga por dicho servicio.
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La vía de la Asmblea Constituyente

Esta vía que el sector de la ‘Alianza Por Chile’ ni siquiera menciona por razones obvias, no ha sido abandonada por el pacto ‘Nueva Mayoría’ pues un número no despreciable de sus partidarios muestra una notable predisposición a buscar una solución a la crisis por esta vía.
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No vaya a pensarse, en todo caso, que la posición de emplear la vía de la AC  por parte de esos sectores ‘progresistas’ del pacto ‘Nueva Mayoría’ va a ser la que conciben los sectores populares, es decir, grupos de ciudadanos avocados a trabajar en una constitución nacida ampliamente de las bases. No. Primero se trata de asegurar la promulgación de la ley que ponga fin al binominal y luego atacar otros frentes, entre los que se incluye la Asamblea Constituyente. Pero esta idea marcha a la par con la de establecer un grupo de expertos —no sujetos iletrados, no campesinos ni obreros o dueñas de casa que no tienen los conocimientos necesarios para tan magna obra— o, un equipo de personas nombradas por el Congreso, Universidades e instituciones ‘serias’.

La vía mixta

Nos encontramos, finalmente, con una tercera posición que es aquella en donde no solamente no se rechazan ambas soluciones sino, por el contrario, se consideran ambas como elementos que bien pueden marchar indisolublemente unidos con las limitaciones que el propio pacto quiera introducirles. E, incluso, incorporando otras medidas tales como reformas nacidas al amparo de acuerdos y conversaciones con la generalidad de los sectores políticos. La contienda eleccionaria no tiene, para estos sectores, mayor relevancia: aunque se tenga un programa de Gobierno, tal programa ha de negociarse siempre con la oposición. Y como se puede ver, en ningún caso se trataría de una mayor participación ciudadana.

“No obstante, las reformas comprometidas hay que llevarlas a puerto y de manera “acelerada”: hay que despejar las incertidumbres rápidamente. En la reforma educacional “las propuestas se tendrán que acelerar”: carrera docente, financiamiento educación superior. Ya hay reforma tributaria y se avanza en el tema laboral –principalmente, negociación colectiva-. A esas tres, se agrega la agenda instalada por la coyuntura: probidad y transparencia” .

Así, el panorama que se plantea por la escena política de la nación no es alentador. Y es posible que tal circunstancia desaliente más, aún, a la población en torno al ejercicio de sus derechos ciudadanos y la aleje en forma creciente de concurrir a las urnas deslegitimando de esa manera  a quienes desean elevarse al rango de gobernantes. En consecuencia, la posibilidad de un gobierno autoritario o de escaso apoyo ciudadano, o, incluso, una salida de fuerza se hace cada vez más posible.

“Un rasgo particular de nuestra crisis -que la agrava aún más- es que parece no inquietar a nadie. El pueblo está ausente del debate, quizás narcotizado por la televisión y la tarjeta de crédito; o tal vez con su indiferencia expresa una forma más profunda de repudio a la casta política. Los partidos, entretanto, están cocinando el habitual proyecto de ley para echar tierra a los escándalos y regular -como si esto fuera posible- la relación de los negocios con la política” .

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