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miércoles, 22 de abril de 2015

DOCUMENTACIÓN-CONDENA ÉTICA A AGUSTÍN EDWARDS-KRADIARIO

EL DUEÑO DE EL MERCURIO RECIBIÓ MÁS DE 12 MILLONES DE DÓLARES EN MONEDA DE  HOY  PARA SUSTENTAR UNA POLITICA EDITORIAL CONTRA EL GOBIERNO DE ALLENDE
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  Por Hernán Ávalos  

- Los últimos documentos desclasificados por EE.UU. evidencian la desconfianza de algunos funcionarios gubernamentales, de que el empresario estuviese usando los recursos que le estaban girando para seguir con la campaña de prensa destinada a socavar la democracia.
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- Una conversación telefónica entre Nixon y Kissinger grabada por la CIA, y la mención que hacen de Edwards, revela el grado de involucramiento y compromiso de ellos en las acciones encubiertas preparatorias al Golpe de Estado de Septiembre de 1973.
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El periodista y dueño de la empresa El Mercurio Agustín Edwards Eastman recibió de la Administración Nixon 1.965.000 dólares americanos divididos en tres remesas sucesivas giradas entre los años 1971 y 1972 (equivalente a más de 12 millones de dólares en 2015), para sustentar una política editorial de desinformación en su cadena de periódicos, comprometido a socavar la institucionalidad democrática chilena y en definitiva facilitar el Golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende.
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La evidencia está contenida en las últimas “desclasificaciones de documentos secretos” principalmente de la Agencia de Inteligencia, CIA,  efectuada por EE.UU. en 2014 y constituye uno de los fundamentos considerados por el Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas (TRED), para condenar al empresario por vulnerar el Código de Ética Periodística y resolver su expulsión de la Orden.
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Estas  nuevas revelaciones públicas amparadas en la ley estadounidense, muestran la desconfianza de funcionarios del propio Gobierno de EE.UU. de que Edwards, realmente, estuviese utilizando los importantes recursos que se le estaban proporcionando para financiar El Mercurio en su campaña para desestabilizar a  Allende y no en otros negocios suyos. Incluso William J. Jorden, del Consejo Nacional de Seguridad, antes de emitir su voto para girar los últimos 965.000 dólares al empresario chileno preguntó a Henry Kissinger en el memorándum que le envió, si estaban obteniendo «un rendimiento razonable por su inversión».
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Las otras dos acusaciones por las cuales Edwards fue condenado por faltas a la ética tienen relación con actos lesivos a la libertad de expresión y a la obligación de amparo, como también sobre el “montaje periodístico” efectuado por el diario El Mercurio de Santiago con su información de los desórdenes del parque O´Higgins, durante la visita a Chile del Papa Juan Pablo II en 1987.
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Al hacer una revisión del fallo respecto del primer cargo se advierte que para mejor resolver, el TRED tuvo a la vista el contenido del interrogatorio a que fue sometido Edwards por el ministro Mario Carroza, designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la investigación penal por su participación en la confabulación con la Administración Nixon y la CIA para el derrocamiento de Allende, denunciada en 2013 por organizaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet, la cual aún está en etapa de sumario, según el procedimiento judicial chileno antiguo.
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Nuevas revelaciones
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La expresión «documentos desclasificados» alude a papeles secretos «ultra sensibles» de gobiernos y servicios de inteligencia que se develan ante la opinión pública por efecto de una presión legal, como ocurre en EE.UU con la invocación de la FOIA (Free of Information Act, Ley de Libertad de Información), o por decisiones políticas, como la orden ejecutiva de Bill Clinton que en 1999 dispuso la primera desclasificación masiva de documentos secretos sobre Chile, aunque con muchas páginas y/o párrafos claves censurados por el «desclasificador», principalmente la CIA.
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La primera versión desclasificada de la entrevista de Edwards con el entonces director de la CIA Richard Helms, apareció en los documentos difundidos en 1974-1975 por el informe «Acción Encubierta en Chile: 1963-1973» (Covert Action in Chile: 1963-1973), del Senado de EE.UU, llamado también «Informe Church», porque fue emitido por la Secretaría Técnica del Comité Especial del Senado de EE.UU., constituido para Estudiar las Operaciones del Gobierno Respecto a Actividades de Inteligencia y presidido por el senador Franck Church, demócrata por Idaho.
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Por decisión política, administrativa o efecto FOIA, en los últimos años se han producido diversas desclasificaciones, y redesclasificaciones, que incluyen decenas de miles de documentos. La ley FOIA y las desclasificaciones honran el derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que hacen sus gobiernos. En 1999 Clinton declaró que su decisión de desclasificar fue concebida para permitir que el público «juzgue por sí mismo el alcance de las acciones de EE.UU. para desestabilizar la causa de la democracia y los derechos humanos en Chile».
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El 03 de junio de 2004, se difundieron otros documentos desclasificados por EE.UU. que mostraron como Henry Kissinger y el gobierno de Richard Nixon ayudó a derrocar al Presidente Salvador Allende. 
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«Nuestra mano no se muestra en este caso», dijo Nixon a su consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del Golpe de Estado de Augusto Pinochet. 
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«Nosotros no lo hicimos. Quiero decir, los ayudamos... a crear las condiciones de la mejor forma posible», respondió Kissinger, según la trascripción de una conversación telefónica divulgada por el Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington.  «Correcto. Y ése será el juego que haremos», dijo Nixon, quien calificó al Gobierno de Allende como «un Gobierno absolutamente anti estadounidense». Esa misma semana Kissinger negó ante el Senado que EE.UU. estuviera vinculado al Golpe de Estado en Chile.
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En numerosos de estos documentos oficiales estadounidenses, desclasificados por diferentes administraciones en más de cuatro décadas, se acredita que Agustín Edwards Eastman, entre 1970-1973, estableció una estrecha colaboración con el gobierno de Washington y su principal organismo de espionaje y operador de «acciones encubiertas», la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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