Por María Florencia Alcaraz – CTXT Contexto y Acción
Pese a que en cinco años la región más restrictiva del mundo ha ampliado el acceso a este derecho, 11 millones de mujeres solo pueden interrumpir su embarazo para salvar la vida y otros 13 millones lo tienen prohibido
Gracias a la insistencia histórica de los feminismos, se redujeron las zonas de riesgo para muchísimas personas: hay menos mujeres embarazadas muertas o con secuelas físicas y legales, menos niñas obligadas a crecer criando, menos hijos e hijas que quedan huérfanos, menos hombres y mujeres que tienen que duelar a su pareja.
Más de 28 millones de mujeres de este continente viven en siete países donde las leyes permiten la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de límites gestacionales específicos, sin necesidad de justificar razones, de acuerdo a las últimas estimaciones hechas por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR). Estos países son: Argentina, Colombia, Uruguay, Cuba, Guayana Francesa y Guyana.
La balanza regional quedó así tras la aprobación de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria en el Congreso argentino en 2020, la sentencia C-055-22 de la Corte Constitucional colombiana dos años después y las conquistas legislativas en tierras aztecas que van estado por estado: a mediados de julio, Puebla se sumó a los 14 de 32 jurisdicciones mexicanas que han despenalizado el aborto.
Sin embargo, 19 millones de mujeres en edad reproductiva habitan en nueve países (Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago) en los que la práctica del aborto está permitida solo por razones de salud o terapéuticas. Y aún hay ocho países donde 11 millones y medio de mujeres en edad reproductiva solo pueden interrumpir su embarazo para salvar su vida, entre otras razones (Brasil, Venezuela, Paraguay, Guatemala y Chile). Y, además, 13 millones y medio de mujeres en edad reproductiva (un 8%) viven en 7 países que prohíben la interrupción del embarazo por completo. Esta categoría incluye a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití, la República Dominicana y Jamaica. En El Salvador, la prohibición existe desde 1998, incluso en emergencias obstétricas. Honduras reforzó su prohibición en 2021 con una enmienda constitucional y Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias desde 2007.
Ningún derecho es un punto de llegada
A mediados de junio, las alertas se encendieron en Brasil. La Cámara de Diputados aprobó tramitar con urgencia –es decir, sin discusión en comisiones– un proyecto de ley (PL 1904 de 2024) que equipara el aborto al homicidio si la interrupción se realiza a partir de la semana 22 de gestación, incluso en casos de violación. Los castigos que plantea son desorbitantes: hasta 20 años de prisión a las mujeres y niñas que busquen el procedimiento y al personal de salud que lo realice. Un dato paradójico: las penas duplican los años de cárcel que enfrentan los violadores, que apenas llegan a 10 años.
La iniciativa fue impulsada por la bancada conservadora, denominada por las fuerzas progresistas como de las “tres B”: “La biblia, la bala y el buey”, los sectores religiosos cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, promotores de la portación libre de armas y defensores de los intereses del sector económico concentrado agropecuario. Quizás, sin buscarlo, estos sectores reavivaron a la marea verde brasileña y la conversación sobre el tema volvió a estar en boca de todos y todas. Algunas analistas plantearon que buscaban colocar a Lula da Silva ante el dilema del veto y enfrentarlo ante sus seguidores más progresistas. En la red social X el presidente puso en palabras la postura del Gobierno: “Me parece una locura que alguien quiera castigar a una mujer con una pena mayor que la del criminal que cometió la violación”.
Los reflejos de las brasileñas feministas estuvieron a la altura de la reacción: en menos de un día salieron a las calles y las manifestaciones se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio. La campaña “Nem presa nem morta” se revitalizó. Hubo en total cuatro protestas grandes con amplio apoyo más allá del activismo tradicional. Emergieron posicionamientos en contra del proyecto que años atrás hubiesen sido inesperados, como el Consejo del Orden de abogados o la Asociación Nacional de los Policías Civiles. “Un proyecto iguala la ley del aborto de Brasil a la de Afganistán”, tituló en primera Folha de S. Paulo. A su vez, una encuesta del Instituto Datafolha, de junio de 2024, mostró que el 66% de la población brasileña está en contra de la propuesta.
En los últimos cinco años, el número de brasileños y brasileñas que se oponen al encarcelamiento de mujeres por abortar aumentó: era del 52% en 2018 y fue del 59% en 2023, de acuerdo con los datos sistematizados por el equipo del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Unicamp, con el apoyo del SPW (Sexuality Policy Watch Brasil) y del Cfemea (Centro Feminista de Estudios y Asesorías) para la serie “El Rostro de la Democracia”, del Instituto de la Democracia. El crecimiento del apoyo ha sido constante, año tras año, desde 2019. Si se miran los números por grupos se encuentra que entre los evangélicos, el 50% estaba en contra de la cárcel por aborto en 2018; hoy es el 56%. Es entre las personas más jóvenes de Brasil quienes más se oponen al castigo como respuesta: el 67%.
Por el momento, la votación del PL 1904 está en pausa. En parte fue por la veloz reacción en contra. Sin embargo, el estado de alerta continúa: en octubre se puede volver a discutir el asunto y la bancada de las tres B cuenta con los votos suficientes para avanzar con esta iniciativa si quisiera hacerlo a pesar del termómetro social. De aprobarse, las más afectadas serán las niñas, especialmente las sobrevivientes de violencia sexual, quienes a menudo tardan en darse cuenta de su embarazo y buscan ayuda en etapas avanzadas. En el país más poblado de la región, cada día 38 niñas menores de 14 años entran a una sala de parto. Se calcula que alrededor de 20.000 niñas al año crecen criando.
En el Caribe también se encendieron las alertas recientemente. En República Dominicana el parlamento evalúa un proyecto de Nuevo Código Penal que mantiene la prohibición total del aborto y avanza en la despenalización de la violación dentro del matrimonio, considerándola “actividad sexual no consentida”. La prohibición total del aborto en ese país caribeño extiende las sanciones a los y las trabajadoras de la salud que participen en la interrupción. El movimiento 3 causales RD lanzó una campaña internacional en busca de apoyos. Al cierre de esta nota, todavía no se había aprobado el nuevo plexo normativo.
Esperanza desde el Sur
En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció el 1 de junio que presentará un proyecto de ley para despenalizar el aborto y la eutanasia. Dos temas que habían estado en su programa electoral. “Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que, durante el segundo semestre de este año, ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro Gobierno: avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”. Un mes después seguía sin presentar la iniciativa y Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que señalaba que “la despenalización no puede esperar más”.
Así y todo, el tema volvió a emerger a menos de un año de haberlo hecho en el Consejo Constitucional, en esa ocasión para restringir las tres causas de aborto, ahora para ampliarlas. Ya antes había estado en la Convención Constituyente, rechazada en las urnas, como un derecho constitucional.
En el país trasandino también hubo un cambio en la conciencia colectiva. La Encuesta Nacional de Opinión Pública (CEP) permite hacer un seguimiento de las actitudes y opiniones de la población chilena frente al aborto. En 25 años, la proporción de los y las chilenos que creen en la prohibición del aborto pasó de un 55% a un 19%. Cuando se les preguntó si la interrupción del embarazo debe ser una opción para cualquier caso, las opiniones fueron aumentando de a poco: en 1999, un 10%; en 2014 y 2017, un 20% y un 21%; mientras que en 2022 saltó al 31% y en 2023, se mantuvo en 30%.
El investigador del CEP Aldo Mascareño señala que, si se suma el 49% que en 2023 solo respalda el aborto en casos especiales, más el 30% que opina que es una opción en cualquier caso, se aterriza un 80% de personas que están, al menos, a favor de las tres causales y la despenalización.
Las creencias no son lineales y la adhesión en ampliación de derechos no es sinónimo de apoyo a gobiernos progresistas. La última encuesta CEP revela que el Partido Republicano, de la extrema derecha conservadora, es el que genera más identificación y simpatía entre el pueblo chileno.
¿Entonces? ¿Bajamar? ¿Pleamar? ¿En qué ciclo está la marea verde? Aunque se ha avanzado mucho, el acceso al aborto todavía es desigual y depende del país donde a una niña, adolescente o mujer le tocó nacer. Por eso, el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) habla de “Leyes y sombras” en uno de sus últimos informes.
Aunque es difícil trazar un panorama común por la diversidad de situaciones, estrategias, disputas y realidades locales, el estado de alerta parece ser una constante en esta región donde todos los derechos nacen frágiles. “La esperanza se mantiene. El contexto complejo político que se puede encontrar en países como Argentina, El Salvador y también Brasil nos motiva a no bajar la guardia”, reflexiona Catalina Martínez Coral.
Los estudios de opinión pública señalados en esta nota traen un cambio de conciencia colectiva sobre la autonomía corporal y las decisiones personales desde un enfoque de salud de la cual parece difícil que se dé marcha atrás. La conversación sostenida en el tiempo sobre los derechos sexuales y reproductivos es una botella lanzada al mar que continúa navegando. Todavía hay océano.
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