Por Eduardo Garcia – Descifrando la Guerra
Tras meses
de negociaciones, Venezuela certificó un acuerdo tácito, ambiguo pero
suficiente para la celebración de elecciones presidenciales el 28 de julio de
2024 para las que la oposición acordó mayoritariamente abandonar la táctica
abstencionista y concurrir en torno a la candidatura del diplomático Edmundo
González, junto a otros nombres secundarios como Antonio Ecarri, José Britto o
Javier Bertucci.
La presidencia de Nicolás Maduro ha sido turbulenta
desde sus inicios. Empujado a la primera línea por el grupo de poder
bolivariano tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en 2012, Maduro
nunca ha logrado consolidar un liderazgo tan sólido como el de su predecesor y,
a pesar de haberlas subsanado con cierta agilidad, las grietas internas en el
movimiento han florecido durante la última década. Un ejemplo de estas
divergencias es la confrontación entre el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), fuerza central del chavismo, y el Partido Comunista de Venezuela.
No obstante, las vicisitudes que ha afrontado el
“madurismo” han ido mucho más allá de la interna del Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar (GPPSB), la coalición gobernante liderada por el PSUV. La economía
venezolana es casi enteramente dependiente del crudo, una limitación que ni
Hugo Chávez ni Nicolás Maduro acertaron a superar.
Los períodos de crecimiento del país están ligados
a los precios del petróleo, lo que conecta irremediablemente todo plan de
desarrollo auto centrado a los designios de la economía internacional y de la
lucha por los recursos energéticos. Otros fenómenos como la inflación, la
inseguridad y la crisis migratoria se han acumulado a lo largo del período del
presidente Maduro.
El puzle opositor
Desde sus inicios, los diversos sectores de la oposición en Venezuela han apostado por casi todas las vías para tratar de poner fin a los veinticinco años de gobierno ininterrumpido del chavismo: participación en comicios, golpe de Estado –como en 2002–, gobierno paralelo –como en 2019 con Juan Guaidó–, boicot electoral –como en 2017, 2018 y 2020– e incluso agitación en las calles –mediante las “guarimbas”, movilizaciones antichavistas en ocasiones violentas conocidas popularmente con este término–.
Entre los distintos partidos y coaliciones que
constituyen el puzle ,las divergencias no solo han aflorado en el campo de lo
ideológico –en la oposición confluyen espacios socialdemócratas, conservadores,
liberales, nacionalistas e incluso marxistas–, sino que lo han hecho también en
torno a lo táctico.
La autoproclamada presidencia de Juan Guaidó no
solo fue perdiendo apoyos con el paso del tiempo, sino que inicialmente no
logró congregar tras de sí a todos los partidos opositores.
En los comicios de 2024, a pesar de una
considerable agitación durante las semanas previas a la fecha límite para la
presentación de candidaturas, la oposición venezolana ha puesto mayormente fin
a la estrategia de boicot y abstencionismo que muchos sectores habían seguido
desde las elecciones parlamentarias de 2015, cuyo resultado dio lugar a una
Asamblea Nacional de mayoría opositora que fue desautorizada por el oficialismo
tras promulgar una Asamblea Nacional Constituyente.
En octubre del año 2023, el oficialismo y algunos
sectores de la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados bajo la supervisión de
representantes diplomáticos de varios países: Barbados, Colombia, Estados
Unidos, Noruega, México, Países Bajos y Rusia. El texto constituyó un marco de
trabajo para posibilitar las negociaciones de cara al proceso electoral en 2024.
Según la interpretación del oficialismo, el texto
ratificaba la inhabilitación de María Corina Machado (foto abajo derecha), coordinadora nacional del
partido Vente Venezuela y principal líder del amplio espacio opositor; pero según
la oposición, el Acuerdo de Barbados confirmaba exactamente lo contrario, es
decir, que Machado podría participar por cuanto se acordaba aceptar “a todos
los candidatos y partidos políticos”. En medio de esta discrepancia, la
oposición de la Plataforma Unitaria llevó a cabo sus particulares elecciones
primarias y designó a Machado como su candidata presidencial, pese a la
vigencia de su inhabilitación.
Finalmente, fue Edmundo González, quien a priori se
había inscrito para “cuidar” la papeleta del bloque, quien recibió el aval de
Machado y el resto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para ser el
candidato presidencial del espacio.
¿Puede ganar Maduro?
La estrategia de sanciones que Estados Unidos ha
venido sosteniendo desde 2005 contra Venezuela ha sido particularmente nociva
para el sector petrolero del país, intensificándose durante la presidencia de
Donald Trump y alcanzando la crisis Washington-Caracas su pico más alto en 2019
con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente por parte de la Casa
Blanca y con el endurecimiento de las sanciones contra PDVSA (Petróleos de
Venezuela, SA), el principal activo económico del Estado venezolano.
En el marco del proceso de normalización política
en Venezuela, el gobierno de Joe Biden implementó un alivio de
algunas
sanciones que recaen sobre el sector petrolero venezolano que se vieron, no
obstante, caducadas en abril de 2024. Inicialmente, este alivio había sido una
medida de presión política por parte de Washington para intervenir en el
proceso electoral venezolano, buscando forzar al CNE a la rehabilitación de
Machado. La negativa del organismo sirvió como justificante para que Washington
no extendiese los alivios, aunque ello no supuso el quiebre de los frágiles
acuerdos para las elecciones de julio de 2024.
Aunque el “sí” iba a ganar inevitablemente, el
oficialismo tenía el objetivo de lograr una notable movilización en comparación
a la mostrada en las legislativas del año 2020, en las que apenas se alcanzó un
30% de participación –en torno a seis millones de ciudadanos– tras el rechazo
de buena parte de la oposición antichavista a participar. En efecto, la
consulta por el Esequibo superó los diez millones de sufragios, cifra que
representa al 51% del censo total.
Fuente: Agencia Others News de Roma.
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