El analista del diario La Nación de Buenos Aires, Néstor O. Scibona, explica en el siguiente artículo las consecuencias políticas y económicas que tendría una renacionalización de YPF, actualmente controlada por el consorcio español Repsol.
Entre las presiones externas y los debates internos que rodean al futuro de YPF, hay dos cuestiones clave que brillan por su ausencia: quiénes se harán cargo de las multimillonarias inversiones para recuperar y ampliar la producción y las reservas petroleras y si se modificará o no la política de precios y subsidios, especialmente para el gas natural, que representa más del 55% de la matriz energética argentina.
Sin estas dos grandes definiciones, de las que nadie habla y no dependen de las provincias productoras, cualquier decisión sobre el régimen de propiedad de YPF equivale a colocar el carro delante de los caballos. En otras palabras, primero debería definirse una política de Estado a mediano y largo plazo -tras el fracaso de la actual, que desembocó en un alarmante déficit energético- y luego los instrumentos para llevarla a cabo. No a la inversa. Una reestatización sin plan estratégico por detrás, equivaldría a reeditar la deficitaria experiencia de Aerolíneas Argentinas.
No obstante, nada indica que este orden lógico de prioridades haya demorado el anuncio presidencial, que se esperaba para ayer y dio lugar al rebote especulativo de las acciones de YPF. Más bien, el gobierno de Cristina Kirchner parecería seguir buscándole la vuelta a las implicancias políticas, jurídicas, económicas y hasta bursátiles que implicaría una probable reestatización parcial de la petrolera, así como la modificación con fórceps de sus estatutos si no hubiera una salida negociada con Repsol.
Otro problema es la forma de presentar el anuncio: en la práctica, significará reconocer el fracaso de su estrategia de "argentinizar" el manejo de YPF a través del ingreso digitado del grupo Eskenazi, con autorización para pagar con utilidades las acciones (25%) que ahora buscaría expropiar junto con parte de las de su controlante, según el proyecto de ley -sin membrete ni firma- que circuló ayer por los despachos del Congreso.
Situación actual de YPF
En la actualidad, YPF ya no es lo que supo ser en el pasado. Su participación en la producción petrolera nacional se reduce ahora al 35%, si bien es mucho más alta en refinación y comercialización. Así se relativiza la cuestión del régimen de propiedad.
YPF fue estatal hasta los 90, cuando fue privatizada bajo el argumento de ser la única compañía petrolera del mundo que daba pérdidas. Y es privada hasta ahora, cuando arrojó fuertes utilidades que, con el consentimiento estatal -o mejor dicho del Gobierno- remitió al exterior, a costa de reducir inversiones y reservas durante un período de precios internacionales récord. También es estatal Enarsa, que nació en 2004 para impulsar la exploración petrolera de riesgo en áreas off shore y terminó por convertirse en una simple importadora de gas y combustibles a precios desconocidos. Lo que habría que discutir no es tanto la regulación y promoción del Estado en la actividad, sino qué tipo de Estado.
La senadora María Eugenia Estenssoro suele explicar que mientras Petrobras e YPF tenían en 1999 la misma capitalización bursátil, en la actualidad la compañía mixta brasileña logró elevarla a US$ 280.000 millones mientras que la de YPF se redujo a menos de 8.000 millones.
Algo falló evidentemente en la política energética argentina, tras haber catapultado el consumo con altos subsidios y desalentado inversiones con precios distorsionados. Hoy el precio interno del petróleo y sus derivados equivale al 67% del promedio internacional y regional, pero el del gas natural se reduce al 22% y el de la energía eléctrica a 33 por ciento.
Cómo corregir esas distorsiones e impulsar inversiones que aumenten la producción primaria y secundaria y la costosa exploración a riesgo de recursos no convencionales de petróleo y gas sigue siendo una pregunta sin respuesta. También, qué ocurrirá en las provincias que entronizaron el "capitalismo de amigos" para adjudicar áreas de exploración a grupos sin experiencia ni fiscalización posterior.
El proyecto que circuló en el Congreso sin que nadie se hiciera cargo de su contenido, parece una mezcla de expresiones de deseos de algunas petroleras y de una regulación estatal extrema, con objetivos y plazos dudosos, que deja un mínimo margen de acción a las provincias productoras. Si tuvo algún aval oficial, tal vez explique por qué el esperado discurso presidencial de anoche terminó siendo un simple anuncio de reducción parcial de retenciones a la exportación de carnes termoprocesadas.
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