El pleno de la Corte Suprema informó que en una fecha próxima se reunirá la comisión de Etica del máximo tribunal, para revisar las supuestas inhabilidades en las que incurrieron dos jueces que fallaron a favor del megaproyecto Hidroaysén.
El portavoz Jaime Rodríguez Espós informó que la instancia se reunió el lunes a instancias de un grupo de parlamentarios encabezados por el RN Antonio Horvath y el PPD Guido Girardi, por el fallo de la sala Constitucional que rechazó en votación dividida los siete recursos de protección.
En ella "se entregaron los antecedentes a los ministros para su estudio, y va a haber una nueva reunión en que se va a determinar el rumbo a seguir", explicó el magistrado.
Rodríguez además informó que, como cuestión previa, se determinó que asumiera en la comisión la ministra Rosa Egnen Saldías, en reemplazo de Sonia Araneda, quien se inhabilitó personalmente por haber participado en la misma sentencia recurrida.
La resolución del 4 de abril
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el 4 de abril pasado los siete recursos de protección presentados por distintas organizaciones, con los cuales se esperaba paralizar el controvertido proyecto eléctrico de HidroAysén.
La Corte Suprema se limitó a rechazar los recursos de protección fundados en que no había amenaza a las garantías institucionales que se habían alegado, situación que antes fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, como señaló el portavoz de la Corte Suprema Jaime Rodríguez Espoz.
Explicó Rodríguez que los recursos en contra del proyecto se rechazaron fuera de Aysén, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, debido a que la Corte de Coyhaique se declaró en su momento incompetente.
Agregó que los jueces de la Suprema Haroldo Brito y María Eugenia Sandoval acogieron los recursos en contra del mega proyecto. No lo hicieron los magistrados Héctor Carreño, Sonia Araneda y Pedro Pierry.
En ambos casos (Puerto Montt y la Corte Suprema), el fallo fue dividido. Brito y María Eugenia Sandoval al acoger los recursos “estimaron que había un compromiso", precisó Rodríguez Espoz.
Sin embargo uno de los jueces integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Pedro Pierry, debería haberse declarado incompetente, según opinan analistas y observadores, por ser propietario de más de cien mil acciones de Endesa, empresa que junto a la empresa Colbun, desarrollan el proyecto Hidroaysén, aunque no le impide resolver un caso como éste porque su tenencia de acciones no supera el diez por ciento del capital de la empresa y no habría violado, por lo tanto, ningún reglamento del Poder Judicial. La posesión del magistrado no supera ese porcentaje.
El juez Pierry reconoció además este patrimonio en su declaración de intereses en el Poder Judicial, donde detalla que posee 109.840 acciones de una de las dos empresas.
Igualmente se acusó también a la ministra de la Corte María Eugenia Sandoval por tener un hermano abogado, Gerardo Sandoval, que sería integrante del equipo jurídico de Colbún, que junto con Endesa, son las empresas dueñas de Hidroaysén.
La acusación contra la ministra la hicieron los senadores Guido Girardi, Antonio Horvath, Jaime Quintana y Carlos Cantero. Sin embargo, Colbún, en una declaración pública oficial, desmintió totalmente esta versión.
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