KRADIARIO

OLA DE PROTESTAS PREOCUPA AL GOBIERNO DE MORALES

Foto de archivo

La ola de protestas en Bolivia no deja de expandirse y en los últimos días las marchas en La Paz y otras ciudades terminaron con violentos choques entre manifestantes y la policía. El intento del gobierno de Evo Morales por entablar un diálogo con los sectores en huelga no llegó a buen puerto. Médicos, maestros y obreros siguen en pie de guerra en reclamo de salarios dignos.

Entre los sectores movilizados se destaca el de los médicos, paramédicos y trabajadores de la salud, que desde hace 15 días han paralizado el sistema sanitario en demanda de la anulación de un decreto que los obliga a incrementar su carga laboral de seis a ocho horas.

En apoyo al movimiento, también han salido a las calles los estudiantes de medicina, con los cuales se ha enfrentado la policía en La Paz, Cochabamba y Sucre.

Igual o más violentas han sido las movilizaciones de los sectores obreros y mineros, agrupados en la Central Obrera Bolivia (COB), con protestas donde hicieron explotar unidades de dinamita.

Demandan un aumento salarial acorde a la canasta familiar, de 1.220 dólares, igual a 10 salarios mínimos . Y rechazan el ofrecimiento que hizo el gobierno, de 18% para el salario mínimo (que está en unos 120 dólares mensuales), y de 7% para los demás.

El gobierno intentó abrir el diálogo con médicos y obreros, pero no ha prosperado. Al contrario, se han intercambiado advertencias y amenazas a través de los medios de comunicación.

En este marco, más de medio millar de indígenas de tierras bajas partirán hoy desde la Amazonía rumbo a La Paz en defensa de su territorio. El movimiento indígena reedita la marcha de agosto del año pasado, con el mismo recorrido –más de 600 kilómetros– y la misma demanda: la defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El gobierno había proyectado el año pasado la construcción de una carretera por esta reserva natural, que, producto de la presión indígena, dejó suspendida. Sin embargo, promulgó más tarde la Ley 222 de Consulta Previa, abriendo la posibilidad de reactivar el proyecto.

La medida fue calificada como una traición al movimiento originario por algunos dirigentes del sector, por lo que ahora la protesta recibe también el apoyo de organizaciones no gubernamentales y universitarios.