Foto El País de España
Los indignados españoles están hoy más indignados que nunca, especialmente por la controvertida reforma constitucional, ya aprobada por la Cámara baja de las Cortes Generales por 316 votos a favor y cinco en contra, que prioriza el pago de la deuda y los intereses a los bancos por encima de cualquier gasto social.
Un día antes de que se vote en el Senado la reforma para imponer la estabilidad presupuestaria, los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, se echaron a la calle en varias ciudades para reclamar un referéndum sobre el acuerdo aprobado el pasado viernes en el Congreso entre PSOE y PP.
La marcha de Barcelona, que ha terminado súbitamente, ha sido una de las primeras en arrancar. Ha empezado con la irrupción de un grupo de indignados que gritaba "menos pactar y más luchar" y exhibía una pancarta, unos metros antes de la cabecera, con el lema "deja el sindicato, únete a la lucha". La marcha de Madrid, en la que se han oído gritos de "Constitucionalizar la pobreza no" o "Mi constitución la voto yo", la han encabezado los sindicatos convocantes y la han cerrado Izquierda Unida, el PCE e Izquierda Anticapitalista.
En Madrid, el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, propuso en declaraciones antes de comenzar la marcha que el próximo 20 de noviembre se coloque una tercera urna en la que la ciudadanía pueda votar la reforma constitucional. Cándido Méndez, líder de UGT, pidió a los ciudadanos que "no hagan caso a la guerra de cifras [sobre la participación en la marcha] para legitimar la reforma". Según sus cálculos, han participado unas 25.000 personas, que han coreado consignas que aludían a un golpe de Estado. Algunos han cantado "hace falta ya, hace falta ya, una huelga contra el PP".
Según los promotores de la reforma se busca garantizar la estabilidad presupuestaria, aunque sus críticos la ven como una nueva concesión a los mercados.
De esa manera, el cambio en la Carta Magna, acordado el pasado 26 de agosto por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el derechista Partido Popular (PP), pasará ahora al Senado (Cámara alta) para su visto bueno definitivo, a todas luces el 7 de septiembre.
Con la reforma, avalada por el Congreso el 2 de septiembre, se incorpora a la norma suprema el principio de control del déficit, lo cual suscitó el rechazo de la opinión pública.
Sindicatos, organizaciones sociales y partidos de diverso signo ideológico denunciaron que la iniciativa atentará contra el estado de bienestar, recortará los fondos que el gobierno dedica a salud, educación o vivienda y traerá más privatizaciones.
PSOE y PP no lograron atraer al pacto a Convergencia y Unión (CyU, derecha nacionalista catalana), con la que estuvieron negociando hasta último momento dos enmiendas transaccionales que no pudieron votarse por el veto de Izquierda Unida (IU).
Al final, CyU optó por no participar en la votación del texto, al igual que hicieron IU y el Partido Nacionalista Vasco, aunque todos sus diputados permanecieron dentro del hemiciclo.
Por el contrario, los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) y Nafarroa Bai abandonaron el plenario en rechazo a lo que calificaron de golpe constitucional.
La mayoría de esas formaciones acusaron al PSOE y al PP, principal fuerza de la oposición, de expropiar la Constitución española y sacrificar la soberanía política, al someter la democracia a los chantajes de los especuladores.
Manifestaron que los dos partidos mayoritarios sacrificaron, además, la soberanía popular, al eludir la convocatoria de un referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre este cambio en la Ley Fundamental.
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