El presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida) (*), Horacio Ballester (foto izquierda), afirmó hoy que "nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales", y enfatizó que la tortura, y el robo de bebés cometidos durante la dictadura militar "no estaban contemplados como funciones del Ejército".
Ballester hizo esta afirmación ante el Tribunal Oral Federal argentino, al testimoniar hoy en la causa en que se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina durante la dictadura, en la que las detenidas-desaparecidas embarazadas eran llevadas para dar a luz bebés que luego eran dados en adopción.
La afirmación de Ballester dio origen a un duro intercambio de opiniones con uno de los imputados presentes en la sala, el ex jefe del batallón de Inteligencia 121 durante la dictadura, coronel Pascual Guerrieri.
La nueva audiencia llevada a cabo hoy, incluyó emotivos testimonios del padre adoptivo de una menor apropiada cuando era bebé, y del tío biológico de ésta que, junto al resto de la familia, aún busca a otro sobrino del que no se tienen noticias desde 1978.
Al declarar ante el tribunal, el titular del Cemida advirtió que "nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales", y enfatizó que "las torturas, las violaciones, y los robos de bebés no estaban contemplados como funciones del Ejército".
Reconoció que "la represión en la Argentina estuvo coordinada y organizada desde el más alto escalafón" militar, y recalcó que "la Doctrina de la Seguridad Nacional es consecuencia de una serie de tratados que se fueron desarrollando a través del tiempo, a partir del ataque japonés a Pearl Harbor" en 1941.
Dijo que como consecuencia de esa doctrina y de la guerra fría, "los Estados Unidos diseñaron un plan de lucha contra el enemigo, que era el movimiento comunista internacional, el peronismo, y todo aquel que buscara alguna solución nacionalista".
Explicó que como consecuencia de la aplicación de esa doctrina, que tenía que ser ejecutada por las Fuerzas Armadas, "los `comunistas` no tenían derechos. Eran arrestados sin orden o secuestrados. Para mí hubo un genocidio, porque hubo una persecución ideológica", agregó.
Al hablar de la sustracción de bebés y de la sustitución de identidades, explicó que el proceso militar "siguió el ejemplo de (Francisco) Franco, que en la España de la posguerra se apropió de los hijos de los comunistas".
Las declaraciones de Ballester fueron replicadas airadamente por el coronel Guerrieri, quién insistió en que "el soldado no es responsable de la política nacional del Gobierno de turno, que decidió alinearse en determinado bloque".
Por su parte en otro testimonio, Raúl Gullino, jubilado y padre adoptivo de Sabrina Gullino, la nieta recuperada número 96 de las Abuelas de Plaza de Mayo; y el tío biológico de la joven, Jorge Negro, relataron emotivos detalles de la adopción y del proceso que culminó con la recuperación de su identidad en 2008.
Quebrado por el llanto, Gullino relató que la niña -hija biológica de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela- le fue entregada en adopción legal en el Juzgado de Menores de Rosario en abril de 1978, pocos días después de ser dada a luz por su madre en el hospital militar de Paraná.
El hombre dijo que a la niña nunca le ocultaron que era adoptada y admitió que, con su mujer, "nunca imaginamos que Sabrina fuera hija de desaparecidos.
(*) CEMIDA: Centro de Militares para la Democracia Argentina es una organización formada por militares demócratas en 1984 con el fin de promover el espíritu de democracia y legalidad en las Fuerzas Armadas de Argentina. Esta entidad es muy favorable al esclarecimiento de quienes fueron culpables de delitos aberrantes.
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