Los cuatro comuneros mapuches que fueran procesados por la ley antiterrorista, incumpliéndose lo que se les había prometido, completaron hoy 83 días en huelga de hambre en el Hospital de la localidad sureña de Victoria (a unos 700 kilómetros de Santiago), centro asistencial al que fueron trasladados la semana pasada desde la cárcel de Angol por su estado crítico de salud.
Los comuneros Hectór Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, decidieron el viernes continuar el ayuno después que la Segunda Sala de la Corte Suprema no anuló totalmente las sentencias como se esperaba y contrariamente decidió sólo rebajarlas. Estos mapuches fueron procesados por el atentado contra el fiscal de Cañete, Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008 en Tirúa a entre 20 y 25 años de prisión, penas que la Corte rebajó a tres y cuatro años (Héctor Llaitul es el único que fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo por ser autor de lesiones graves inferidas a funcionarios policiales).
Los cuatro son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco-Malleco.
El director del centro asistencial, doctor Joaquín Sanzana declaró que "los comuneros pasaron una buena noche y obviamente se mantienen en delicado estado de salud pero derivado de la ausencia de alimentos en sus organismos, aunque de todas formas están fuera de riesgo vital".
Agregó que los monitoreos son permanentes en lo que respecta a lo que ellos permiten, como son los chequeos rutinarios de los controles.
La vocera de los mapuches, Natividad Llanquileo, dijo hoy que durante la semana retomarán las conversaciones respecto de los pasos a seguir, "pero por el momento, la huelga de hambre se mantiene". La portavoz dijo el viernes que el tribunal “creyó que puede resolver el problema rebajando las penas. Esto no lo vamos a aceptar. Nosotros queríamos la nulidad completa, especialmente cuando se ha avalado la Ley Antiterrorista”. Agregó que “las medidas que tomaremos ahora son: 1.- Continuar la huelga de hambre y 2.- Recurrir a tribunales internacionales”.
Los comuneros iniciaron la huelga de hambre hace 83 días exigiendo la realización de un nuevo juicio oral y que quede nulo aquel en que fueron condenados a 20 años de presidio por el atentado al fiscal. La defensa de los mapuches condenados apuntaba a que si bien el gobierno retiró las querellas que los acusaban por delitos terroristas, durante el proceso judicial se utilizaron métodos no permitidos para investigar dichos casos como la utilización de testigos protegidos.
La Iglesia Católica a través del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, está mediando en el asunto para que los comuneros depongan el ayuno. "Uno nunca está conforme si es que no está todo, pero hay que reconocer el aspecto positivo que esto tiene también", señaló el prelado, quien participó el año pasado en la mesa de diálogo en la que el Gobierno se comprometió a quitar las querellas por la Ley Antiterrorista.
Expresó asimismo que "en el ámbito judicial a mí no me corresponde juzgar, pero sin duda es una señal el hecho de que la Corte Suprema haya querido disminuir de esta manera significativa, a mi manera de ver, la condena".
Sin embargo, el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, aseguró el viernes que a la Iglesia Católica "le hubiese gustado" que se anulara el juicio.
El ex vicario de la Pastoral Obrera y Social, monseñor Alfonso Baeza, declaró hace algunos días que “no se les ha cumplido” a los comuneros mapuches por haberse utilizado en sus procesos elementos de la Ley Antiterrorista como los testigos protegidos.
"Es una falacia decir que se ha cumplido, cuando en verdad el motivo por el cual se dan esas tremendas condenas son fruto de la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, no pueden decir que han cumplido todas las cosas", dijo Baeza.
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