CORTE SALVADOREÑA DIJO "NO" A LA EXTRADICIÓN A ESPAÑA A TRECE EXMILITARES POR EL ASESINATO DE SEIS JESUITAS
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó extraditar a España a trece exmilitares sospechosos de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989, informó la prensa en San Salvador.
Nueve de los 15 magistrados que integran el máximo órgano judicial denegaron el martes la solicitud de la Audiencia Nacional Española porque la Constitución de El Salvador que estaba vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales a cualquier país. Tres magistrados votaron en contra y otros tres no estuvieron presentes en la votación.
Ulices del Dios Guzmán, uno de los magistrados que rechazó la extradición, declaró al diario 'La Prensa Gráfica' que la principal norma constitucional que determina la extradición los "imposibilita" a enviar a los militares a España.
El magistrado explicó que la extradición de nacionales es permitida a partir del año 2000, cuando la Asamblea Legislativa reformó la Carta Magna.
"El artículo 28 de la Constitución vigente antes de la reforma del 2000 imposibilita la extradición. Y la misma Constitución establece que ellos deben ser juzgados con la ley preexistente al hecho", declaró Guzmán.
Entre los exmilitares solicitados por la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia están el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
Los trece uniformados son sospechosos de haber asesinado a cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, y un cura salvadoreño, además de dos empleadas domésticas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad José Simeón Cañas, en San Salvador (UCA).
Los hechos
Los cadáveres de los seis sacerdotes jesuitas, una señora y una niña, que habían sido horriblemente asesinados a balazos fueron hallados el mismo día en la sede de la UCA, el 16 de noviembre de 1989. Los cuerpos de cinco de ellos estaban en el patio boca abajo y en una habitación se encontraba el sexto asesinado. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban también en otra habitación.
Los sacerdotes jesuitas asesinados eran, Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Las asesinadas eran la empleada Elba Ramos y su hijita Celina de 15 años.
En una cadena nacional de radio con la señal piloto de “Radio Cuscatlán” se acusaba a los jesuitas de la UCA, señalándolos como agitadores comunistas y, públicamente, se les responsabilizaba por la difícil situación que atravesaba el país.
Con el tiempo las investigaciones determinaron fehacientemente, que los responsables materiales del terrible asesinato de los sacerdotes y de las dos empleadas, fueron cometidos por oficiales y soldados del tenebroso Batallón Atlacatl y la información la dio el presidente Alfredo Cristiani a través de una cadena de radio y televisión el 7 de enero de 1990 donde dijo “que de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos los responsables de la masacre pertenecen a la Fuerzas Armadas”. Y se responsabilizó de dar la orden del asesinato al Director de la Escuela Militar, el Coronel Guillermo Benavides.
Estos militares fueron llevados ante los tribunales civiles, el 26 de septiembre de 1991 y tres días después un jurado los declaró culpables, siendo condenados a varios años de prisión, pero gracias a una ley de amnistía otorgada por el Gobierno del Presidente Cristiani, poco tiempo después quedaron nuevamente en libertad.
Los hechos
Los cadáveres de los seis sacerdotes jesuitas, una señora y una niña, que habían sido horriblemente asesinados a balazos fueron hallados el mismo día en la sede de la UCA, el 16 de noviembre de 1989. Los cuerpos de cinco de ellos estaban en el patio boca abajo y en una habitación se encontraba el sexto asesinado. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban también en otra habitación.
Los sacerdotes jesuitas asesinados eran, Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Las asesinadas eran la empleada Elba Ramos y su hijita Celina de 15 años.
En una cadena nacional de radio con la señal piloto de “Radio Cuscatlán” se acusaba a los jesuitas de la UCA, señalándolos como agitadores comunistas y, públicamente, se les responsabilizaba por la difícil situación que atravesaba el país.
Con el tiempo las investigaciones determinaron fehacientemente, que los responsables materiales del terrible asesinato de los sacerdotes y de las dos empleadas, fueron cometidos por oficiales y soldados del tenebroso Batallón Atlacatl y la información la dio el presidente Alfredo Cristiani a través de una cadena de radio y televisión el 7 de enero de 1990 donde dijo “que de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos los responsables de la masacre pertenecen a la Fuerzas Armadas”. Y se responsabilizó de dar la orden del asesinato al Director de la Escuela Militar, el Coronel Guillermo Benavides.
Estos militares fueron llevados ante los tribunales civiles, el 26 de septiembre de 1991 y tres días después un jurado los declaró culpables, siendo condenados a varios años de prisión, pero gracias a una ley de amnistía otorgada por el Gobierno del Presidente Cristiani, poco tiempo después quedaron nuevamente en libertad.