jueves, 25 de mayo de 2017

El más grande fraude de la historia chilena


BYE BYE VILLALOBOS


Por Hernán Ávalos

El general director de Carabineros Bruno Villalobos debería renunciar a su cargo, por transparencia en la gestión de una de las instituciones fundamentales de la República, de la cual dependen  la seguridad interior, el control de las fronteras,  la protección de las personas, el resguardo de sus bienes y la prevención de los delitos.

Y si no lo hace, la Presidenta Michelle Bachelet tendría que pedirle la renuncia, para facilitar la investigación por fraude que lleva adelante el Ministerio Público. El desfalco en la policía uniformada ya bordea los $20.000 millones birlados al Estado y tiene a un centenar de imputados entre oficiales, particulares y funcionarios públicos.

Es cierto que durante su carrera Villalobos fue edecán policial del Presidente Ricardo Lagos y jefe del departamento de seguridad presidencial de Bachelet. Resulta comprensible que existan sentimientos de gratitud por los servicios prestados. Pero aquí el  “bien jurídico” protegido es la probidad. Y  el Gobierno debe entender que hoy la ciudadanía tiene estándares ético moral más exigentes que antaño, para evaluar a las autoridades, a los  políticos, a los parlamentarios, a los jueces, a los militares, a los empresarios, a los periodistas y en general a quienes detentan el poder.
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Ya han surgido voces autorizadas reclamando, públicamente, por la necesidad que Villalobos deje su cargo y sea posible una investigación prístina del  mega fraude  –el más grande de nuestra historia--  y  facilitar la tarea a quien le reemplace, para efectuar los cambios estructurales que requiere la administración de una institución de 60.000 uniformados. Entre ellos, la del precandidato presidencial de Chile Vamos senador (RN)  Manuel José Ossandón y la del diputado Sergio Espejo, vicepresidente de la DC.
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No es posible minimizar la gravedad del delito cometido. Porque a diferencia de la estafa que aplica entre particulares, el fraude tipifica sólo cuando hay perjuicio para las arcas fiscales, para el Estado, para la Nación, es decir para todos los ciudadanos. Y en este caso con el agravante que la llamada “mafia de las finanzas”, entraba a saco a los fondos de Carabineros y, adicionalmente, obtenía suplementos presupuestarios del Ministerio de Hacienda, para continuar con las millonarias operaciones dolosas de beneficio personal para los miembros de esta verdadera asociación criminal.
Hasta ahora el general Villalobos no tiene requerimiento penal. Pero indudablemente le asiste responsabilidad de mando.
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 En sus declaraciones los imputados han mencionado, también a los ex directores de Carabineros  Alejandro González, Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos, aunque ninguno de ellos ha sido requerido por el fiscal Eugenio Campos, a cargo de la investigación del Ministerio Público.

Un general de recia personalidad

Villalobos ya había demostrado su recia personalidad cuando enfrentó críticas públicas por el “laxo procedimiento” de sus hombres para controlar los desórdenes callejeros del 21 de mayo de 2016 en Valparaíso, los cuales  dejaron un guardia municipal fallecido, dos incendios  en edificios céntricos y cuantiosos daños a la propiedad. En aquella oportunidad responsabilizó al sistema educativo, a los padres de los manifestantes desalmados por desatender a sus hijos, y no expresó autocrítica por la actitud de las siempre eficientes fuerzas antimotines bajo su mando.
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 Así no le tembló la mano para expulsar al director de finanzas general inspector Flavio Echeverría. Y por primera vez en la historia institucional, presentarlo engrillado ante el tribunal. Luego expulsó por “traicionar el juramento de servicio”,  a otro centenar de oficiales como resultado de la investigación sumaria, en su mayoría ex funcionarios de la Dirección General de Carabineros vinculados al alto mando.
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Pero el general Villalobos no se detuvo en su empeño por intentar revitalizar su institución, recuperar el prestigio social dañado y de paso blanquear su imagen. Y el 28 de abril último, a tres semanas de haber estallado el llamado “pacogate”, presentó al Gobierno un conjunto de medidas destinadas a controlar las cuentas policiales. También proclamó el  fin de la especialidad de intendencia encargada de los dineros y anunció la contratación de profesionales externos para gestionar las finanzas y la contraloría interna. Así logró el espaldarazo del ministro de Interior Mario Fernández (DC) y se supone de la Presidenta Bachelet. No obstante, las mejoras propuestas no serán de trámite rápido. Requieren una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros,  con quórum calificado. Y por las críticas políticas cruzadas respecto de la continuidad de Villalobos en el cargo, probablemente la tramitación parlamentaria sea condicionada a su renuncia.

Ocho años a cargo de la inteligencia policial

Ocurre que resulta difícil entender que Villalobos,  habiendo asumido la dirección general de Carabineros en 2015, luego de ser elegido por la Presidenta Bachelet entre una quina de generales, no hubiese detectado ninguna anormalidad en las cuentas de remuneraciones,  viáticos, pasajes aéreos, adquisiciones, bienestar y gastos reservados utilizadas en el fraude.  Con la experiencia de haber servido desde su creación en 2014, la Dirección de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, ya investido con el grado de general inspector, y de haber manejado el presupuesto de $300 millones anuales, justamente de la partida de gastos reservados, para realizar operaciones policiales encubiertas.
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Incluso podría decirse que Villalobos pertenece a la llamada “comunidad de inteligencia nacional”, puesto que ya entre los años 2008 y 2012, investido del grado de general, estuvo al mando de la antigua Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros.

La verdad es que con los profesionales,  los medios y los equipos de que dispone Carabineros, resulta increíble que el jefe de la inteligencia no haya tenido indicios ni conocimiento del fraude en las finanzas de su propia institución. Es evidente que hubo falencias para el control de las cuentas. Pero existen los procedimientos de contrainteligencia para fiscalizar la conducta del personal.  Así los ocho años que Villalobos estuvo a cargo de la inteligencia de Carabineros, coincidentemente están en la década de operaciones dolosas que investiga el fiscal Campos.

Todos los carabineros de ronda en las calles

El proceso judicial no deja de asombrar. El diario La Tercera reprodujo el domingo último declaraciones formuladas ante la  fiscalía por el general Echeverría respecto del desvío de los gastos reservados para sobresueldos a generales, regalos y fiestas, es decir, para objetivos distintos a los establecidos por la ley. Incluso otros medios han mencionado como presuntos beneficiados con estos dineros a los ex subsecretarios de Carabineros Felipe Harboe,  actual senador (PPD) y la abogada Javiera Blanco, ex ministra de Justicia y hoy integrante del Consejo de Defensa del Estado.  Ambos han guardado silencio frente a estos trascendidos.
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Con todo, la renuncia de Villalobos terminará con la suspicacia de un pretendido encubrimiento de sus pares y de autoridades, y será la oportunidad de fortalecer Carabineros, reestructurar su institucionalidad,  reforzar su doctrina de servicio público y perfilar su rol fundamental en la prevención de los delitos. Esto último, considerando que en la última década el temor de los ciudadanos frente a la posibilidad de ser víctima de delitos se ha mantenido en el 80%, en contraposición a la comisión de los delitos investigados que sólo llega al 30% promedio.  Así una policía uniformada, presencial, vigilante, oportuna y eficiente obtiene credibilidad,  prestigio social, y resulta fundamental para mejorar la sensación de inseguridad en la población.

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