Según la vocera de los mapuches Natividad Llanquileo la medida fue fruto de un acuerdo al que llegaron anoche con el Gobierno que contempla mantener a los cuatro comuneros en un mismo lugar.
El gobierno justificó hoy el sorpresivo traslado de anoche por “razones médicas”, según se informó. Las negociaciones fueron posibles por la mediación del Instituto de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, representada por el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí.
Así los huelguistas Héctor Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo volvieron a juntarse. La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes viajó hoy a Temuco para reunirse con familiares de los mapuches para constatar que el acuerdo al que habían llegado con el Gobierno se cumpliera.
El camino del indulto
Entretanto la discusión de cómo resolver el caso de los mapuches se ha orientado ahora al estudio de una medida extraordinaria de indulto, ya sea por una Ley especial o por indulto presidencial.
El senador del PPD por la Araucanía, Jaime Quintana, entregó al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, una serie de propuestas e indicaciones para la ley de indulto general que se discutirá en la Cámara Alta, instancia para la cual, el parlamentario pidió incluir a los presos mapuches.
Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema ante el recurso de nulidad presentado contra el "Juicio de Cañete", Quintana señaló que "la justicia ya resolvió (sólo con rebajas de las penas pero no con la anulación de todo el proceso como pedían los comuneros), por lo tanto, la única opción para ellos estaría radicada ahora en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo".
El legislador reiteró que a los comuneros mapuches no se les considera delincuentes comunes, ya que fueron acusados en primer término por la Ley Antiterrorista, sin respetar las garantías fundamentales del debido proceso, por lo que el PPD considera a tal legislación como la "Ley maldita del siglo XXI".
Por esto, y debido al grave estado de salud de los huelguistas y al acortamiento del tiempo, porque no se sabe si los mapuches resistirán más tiempo con vida en estas condiciones, el parlamentario propuso a Bulnes incluir indicaciones al proyecto de ley de indulto general, con el fin de rebajar sus condenas, lo que será discutido recién la próxima semana.
La iniciativa cuenta con el respaldo de sus pares Soledad Alvear y Andrés Zaldívar, de la Democracia Cristiana (DC); y del presidente del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), José Antonio Gómez.
Sin embargo el diputado Gustavo Hasbún (UDI), miembro de la comisión de Derechos Humanos, calificó de "error garrafal" la propuesta de aplicar el indulto presidencial a favor de los comuneros mapuches, porque argumento sobre la base de lo que podría pasar "si el día de mañana tenemos 1.500 presos que estén en las mismas condiciones, que hayan hecho huelgas de hambres, ¿vamos también a tener que indultarlos por la presión de la huelga de hambre?".
Otras opiniones en la misma UDI son sin embargo diferentes a la de Hasbún. El senador Hernán Larraín calificó de una “buena opción” el que se pueda incluir a los comuneros mapuches en huelga de hambre en la Ley de Indulto General que prepara el Ejecutivo y que incluiría a miles de reclusos. En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario expresó que "yo creo que el problema de los comuneros mapuches tiene necesidad de ser abordado por su propio mérito y si el camino es éste, la ley de indulto general, me parece una buena opción".
Entretanto, el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se refirió a la situación por la que atraviesan los comuneros mapuches y a la posibilidad de un indulto. “No se si hay voluntad política (pero) hay que buscar el mejor camino, el más eficiente y (si éste) es el indulto, bendito sea Dios”.
"El brusco traslado de los cuatro presos mapuches en huelga de hambre a distintos centros de salud deja entender que el Gobierno conservador está claramente preocupado por la eventualidad de un desenlace que ningún chileno espera, escribió hoy en La Tercera el columnista Domingo Namuncura, agregando que “es absolutamente evidente que el deceso de cualquiera de los cuatro comuneros no solo marcaría un nuevo y crítico antes y después en las relaciones de los Pueblos Indígenas con el Estado, sino que además acrecentará niveles muy relevantes de indignación nacional”.
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