KRADIARIO

4-11-13-KRADIARIO 877
































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LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES: 

¿QUÉ DICE SOBRE LA DEFENSA DE LA TOTAL IMPUNIDAD DE PINOCHET?

Por Felipe Portales 

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El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país por qué defendió a Pinochet de todos los intentos (nacionales y extranjeros; políticos y judiciales) de llevarlo a juicio, consolidando finalmente su impunidad.

No solo aceptó su continuidad como comandante en jefe del Ejército entre 1990 y 1998; sino que además lo defendió en las diversas ocasiones que suscitó duras críticas en el exterior por sus viajes, en los que además de decidir autónomamente la compra de armas –que, todo indica, contribuyeron además a su gigantesca e ilícita fortuna- reivindicó su dictadura ante los medios de comunicación extranjeros.

Además, los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle se opusieron fuertemente a toda acusación constitucional o querella que se presentase contra Pinochet, sea en Chile o en el extranjero. De este modo, el canciller José Miguel Insulza se pronunció contra la querella presentada contra Pinochet en España en 1996 y contra toda eventual querella en Chile: “Los acusados del juicio en España nunca han sido procesados en Chile (…) Yo no conozco querellas contra el general Pinochet, ni contra los miembros de la Junta Militar chilena. La única que existe fue presentada en España. La pregunta es si no sería más razonable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, presentar esas querellas en Chile. Y aquí vamos a la cosa política: ¿por qué no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición” (La Epoca; 21-11-1997). Notablemente, cuando un año después se detuvo a Pinochet en Londres, el Gobierno de Frei sostuvo entre sus razones para que el Reino Unido lo liberara, que Pinochet perfectamente podía ser juzgado en Chile.

Así, tras la sentencia británica de que Pinochet podía ser juzgado en España, Insulza declaró que “en España, tras la sentencia de los lores, Pinochet solo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que solo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999).

Luego, cuando a comienzos de 1998 varios diputados de la Concertación plantearon la idea de acusar constitucionalmente a Pinochet; el Gobierno inició una feroz presión para que ello no se realizara, incluso teniendo en cuenta que ella no podía fructificar, dado que la derecha controlaba la mayoría del Senado! De este modo, “según trascendió el Presidente Eduardo Frei instruyó personalmente a los ministros del Interior, Carlos Figueroa; de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú; y al de Gobierno, José Joaquín Brunner; para solicitar directamente a los presidentes de los partidos de la alianza, y para persuadir a los diputados de la Concertación en Valparaíso, a echar pie atrás en la acusación constitucional” (La Epoca; 7-1-1998). Además, varios líderes concertacionistas hicieron declaraciones públicas en el mismo sentido: Ricardo Lagos (El Mercurio; 14-1-1998), Gabriel Valdés (Estrategia; 21-1-1998), Enrique Correa (La Segunda; 8-1-1998), José Antonio Viera Gallo (La Epoca; 14-1-1998) y Jorge Schaulsohn (Estrategia; 14-1-1998). A tal extremo se llegó, que el Gobierno expulsó de su cargo de Directora del Prodemu a Jacqueline Saintard, consejera nacional del PDC que votó a favor de que el partido autorizara a los diputados del partido a que impulsaran dicha acusación. E hizo expulsar por la misma razón al consejero Héctor Ballesteros, de su calidad de funcionario de la Secretaría Nacional del PDC (Ver La Epoca; 15-3-1998).

Finalmente, la acusación fue rechazada debido a 11 diputados del PDC que se sumaron a la derecha: Ignacio Walker, Enrique Krauss, Aldo Cornejo, Roberto León, José Miguel Ortiz, Waldo Mora, Jaime Mulet, Edmundo Salas, Antonella Sciaraffa, Eliana Caraball y Rafael Arratia (Ver El Mercurio; 10-4-1998).

Posteriormente, con ocasión de la detención de Pinochet en Londres, el Gobierno de Frei efectuó intensas gestiones para que el gobierno británico lo liberara e impedir así su segura condena en Europa. En dicho cometido contó con el apoyo de la extrema derecha mundial (Jesse Helms, Henry Kissinger, Jean Marie Le Pen y Margaret Thatcher, entre otros); y utilizó los mismos argumentos usados por el régimen de Pinochet para descalificar las condenas de Naciones Unidas en contra de sus violaciones de derechos humanos: Que ello afectaba la soberanía nacional; que implicaba un “doble standard”, ya que solo se hacía en el caso chileno; que era injusto, ya que no reconocía los avances que se estaban realizando en el país; y que se estaba sentando un nefasto precedente, puesto que esto solo lo aplicaría la comunidad internacional con los países pequeños.

Y luego de obtener su vuelta a Chile por manifiestamente falsas razones de salud mental aducidas por el gobierno laborista británico; el Gobierno de Lagos desarrolló una persistente campaña –pública y privada- dirigida al juez Guzmán y a los tribunales para obtener la impunidad de Pinochet por la misma causa. En ello se distinguió particularmente su ministro del Interior, José Miguel Insulza. Así, el declaró que “yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera (…) A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Que Pasa; 2-9-2000). La misma presión la hizo Insulza en muchas otras entrevistas. Por ejemplo, en la revista Caras, del 18 de agosto de 2000; en La Nación, del 10 de agosto de2000; y en La Nación, del 16 de abril de 2001.

También participó en dichas presiones el ex presidente Aylwin: “Creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso. Pero de que es culpable, a mí no me cabe duda que lo es. Ahora, desde el punto de vista de la prudencia, dada la relación de fuerzas; dado el trauma existente en la sociedad chilena –en que hay un sector para el cual Pinochet es un dios y para otros es el diablo-, creo que la Providencia nos ayuda con permitir este cauce de que no se encuentre en condiciones de enfrentar el debido proceso (…) creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera” (Caras; 18-8-2000).

Por otro lado, el juez Juan Guzmán reveló en diversas entrevistas que en varias ocasiones recibió presiones directas en ese sentido de personeros de gobierno como del entonces jefe de Gabinete del ministro de Justicia (José Antonio Gómez), Luis Horacio Rojas; y del director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez (Ver El Mercurio, 18-1-2004; y La Nación, 28-8-2002).

Además, para lograr la renuncia de Pinochet al Senado en términos económicamente favorables para él, varios senadores de la Concertación (Juan Hamilton y José Antonio Viera Gallo) y de la derecha (Marcos Aburto, Sergio Diez y Hernán Larraín) presentaron un proyecto de Reforma Constitucional el 7 de septiembre de 1999 en tal sentido, el que fue aprobado por amplia mayoría, y publicado en el Diario Oficial del 28 de abril de 2000. Como tuvo que abarcar al conjunto de los ex presidentes, aquello redundó también en suculentas pensiones para todos ellos, compuestas de montos fijos y variables homólogos a los de los senadores. Ello ha hecho, por ejemplo, que en agosto pasado Patricio Aylwin recibiera un monto total de $12.181.009; Michelle Bachelet, $14.628.910; y Ricardo Lagos, $15.662.658 (Ver www.elhuemul.cl.; 10-10-2013). Eduardo Frei Ruiz-Tagle la comenzará a recibir una vez que deje de ser senador en marzo del próximo año, al igual que Sebastián Piñera.

Incluso, cuando debido a investigaciones del Senado de Estados Unidos se supo del involucramiento de Pinochet en enriquecimiento ilícito a gran escala (Caso Riggs), las presiones gubernativas se mantuvieron inalterables; así como la negligencia del Poder Judicial. De este modo, no puede sorprender que Pinochet haya fallecido sin ninguna sentencia condenatoria en diciembre de 2006; y se entiende la penosa constatación hecha por el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, de que “el Estado de Chile ha sido incapaz de ofrendarle a la patria histórica la verdad respecto de las acusaciones que se hicieron contra Augusto Pinochet”; y que “creo que el Poder Judicial, del cual formo parte, incurrió en denegación de justicia, y que muchos de sus miembros en su momento y hasta tiempos no tan lejanos probablemente incurrieron en notable abandono de sus deberes” (El Mercurio; 12-12-2006). Y también se comprende que el ya secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, constatara que “creo que francamente, al margen de todo, lo que todos tenían claro es que el general Pinochet no iba a ir preso” (El Mercurio; 11-12-2006)…

Clarín, Chile