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JUSTICIA ESPAÑOLA DECRETA EMBARGO DE BIENES AL ESTADO DE  CHILE POR CONFISCACIÓN DEL DIARIO CLARÍN

EN 1973

Un tribunal español decretó el embargo de bienes de Chile al negarse este país a ejecutar el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2008 por la incautación del diario chileno "Clarín" en 1973.

El caso fue llevado al CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el empresario español Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario.

La orden de ejecución es por valor de 4.975.630 dólares en concepto de principal, intereses vencidos y los que puedan devengarse, según el auto del juez de primera instancia número 1 de Madrid al que tuvo acceso la agencia Efe.

El laudo, aprobado en mayo de 2008, condenó a Chile por la confiscación del Diario Clarín, al violar el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Chile, le impuso una indemnización de diez millones de dólares y le obligó a pagar las costas.

Esta decisión fue recurrida por Chile y en diciembre de 2012 el CIADI confirmó todos los puntos excepto la indemnización, que será fijada por el Tribunal Internacional en una decisión ulterior.

Sin embargo, Chile no se ha hecho cargo de manera voluntaria de las costas, por lo que los propietarios del diario llevaron el caso a los tribunales en España, que ahora han ordenado el embargo de bienes.

Los laudos de CIADI son ejecutables en España como las decisiones de los tribunales nacionales, al reconocer el país a este organismo.

Según el despacho de abogados que representa a los demandantes, ésta es la primera vez que un tribunal decreta embargo judicial de bienes de Chile por incumplir tratados internacionales multilaterales y bilaterales y no ejecutar la sentencia firme de un tribunal internacional.

También por vez primera inversores españoles son atendidos en sus demandas ante el Tribunal Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, según la misma fuente.

Por su parte, la Embajada de Chile en España, preguntada por Efe, declinó hacer declaraciones sobre este asunto.

En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la FPA recurrió al CIADI con una solicitud de arbitraje por la confiscación de "Clarín", que en el momento del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.

La dictadura se apropió de todos los bienes del periódico y su sede, en el centro de Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas y asesinatos por uno de los varios grupos represivos del régimen militar.

Reacciones

El empresario español Víctor Pey se mostró este viernes satisfecho con la resolución del tribunal de España que dictó un embargo contra el Estado chileno al considerar que no ha cumplido con el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).


“Simplemente creo que se ha hecho justicia en un largo proceso que ha durado más de 15 años”, explicó Pey, quien era dueño del diario chileno Clarín cuando fue incautado en 1973 por la junta militar.

“En vista que el Gobierno chileno se resistió a cancelar lo que un tribunal internacional le indicaba -no obstante la promesa solemne que hizo el Presidente de la República ante el Parlamento Europeo, en diciembre del año pasado, en el sentido de que cualquier fallo del tribunal en el caso Clarín sería cumplido- ha tenido que acudirse a la justicia española con el objeto de producir un embargo para poder tratar de cobrar lo que el Ciadi determinó”, dijo hoy Pey a la Radio Cooperativa desde Madrid.

Proceso en el Ciadi

En 1997 Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario, el más leído en Chile en momentos del golpe militar, demandó al Estado chileno ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, por la por la incautación del diario.

En 2008 el Ciadi condenó a Chile por la confiscación de Clarín, al violar el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Chile, y le impuso una indemnización de 10 millones de dólares y le obligó a pagar las costas del juicio.

Esta decisión fue recurrida por Chile y en diciembre de 2012 el Ciadi confirmó todos los puntos excepto la indemnización, que será fijada nuevamente en una decisión ulterior.

Fallo "inapelable"

Sin embargo, según Pey, la Fundación Española Presidente Allende y sus abogados, Chile no se ha hecho cargo de manera voluntaria de las costas del juicio, por lo que llevaron el caso a los tribunales en España, que ahora han ordenado el embargo de bienes del Estado chileno.

Pey no especificó más sobre los bienes que podrían ser embargados al Estado Chileno para cubrir las costas e intereses que, de acuerdo al tribunal español, alcanzan a 4.975.630 dólares, pero recalcó que el fallo de la justicia española “es inapelable”.

Reacción en Chile

Chile respondió hoy a través del vicepresidente del Comité Ejecutivo de Inversiones Extranjeras (CIE), Matías Mori, que la República de Chile nunca fue notificada de la nueva demanda en la justicia española.

“Primero, existe un juicio pendiente en Estados Unidos por lo que la sentencia que se pretende ejecutar no estaría firme, en segundo lugar, no hemos sido notificados y, en tercer lugar, los bienes de los Estados están sujetos a inmunidad de ejecución, por lo tanto, no pueden ser embargados”, precisó Mori.