KRADIARIO

LA COMISIÓN DE DD HH DE LA OEA CUELGA DE UN HILO

 GRUPO DE PAÍSES, ENTRE ELLOS BOLIVIA, QUIEREN ANULAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO POR INTERESES POLÍTICOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) está colgando de un hilo, porque es posible que en su próxima Asamblea General el 22 de marzo en Washington se acuerden recortes sustanciales a sus atrubuciones reduciéndola a una instancia practicamente nula. En este sentido hay una tendencia de un grupo de países latinoamericanos que están en esa línea. Ya hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los representantes de este grupo planteó en La Paz la idea de retirar a su pais de esta Comisión  porque a su juicio este organismo depende de Estados Unidos, es usado por la derecha y trata de juzgar a otras naciones.

"Estoy pensando seriamente retirarnos de la CIDH. ¿Qué aporta? Imagínense, tiene oficina en Estados Unidos y Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los Derechos Humanos", dijo el mandatario boliviano en una conferencia de prensa.

"Yo considero a la CIDH como otra base militar", dijo Morales al señalar que la institución está financiada por Estados Unidos para "tratar de juzgar a los países".

La sede de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encuentra en Washington, pero Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el principal instrumento sobre esta materia con el que cuenta el continente.

Morales agregó que "la derecha procapitalista y proimperialista usa a la CIDH" y que la OEA enviaba misiones a Bolivia para defender y no condenar a presidentes y gobiernos "que estaban masacrando al pueblo boliviano".

En la Asamblea General de la CIDH se desea ponerle fin a un  proceso de más de un año de deliberación sobre su funcionamiento, partcularmente de su Relatoría de Libertad de Expresión.

Ya hubo la semana pasada una reunión preparatoria en Ecuador con  propuestas que serán presentadas el viernes en Washington.

Una lista de ocho propuestas que incluye el financiamiento de las relatorías, lo cual podría redundar en un serio recortes que pueden llegar a impedir el trabajo externo de las mismas. Esta propuesta es apoyada por Venezuela, Ecuador y Bolivia.

"Después de conocer y seguir conociendo esas instituciones, personalmente estoy haciendo una profunda evaluación, (creo) que (es) mejor renunciar, retirarnos, no tomar en cuenta", sostuvo Morales.

"Eso no significa violar los Derechos Humanos, sino también queremos dignidad y soberanía y a esta clase de instituciones poner en su lugar", agregó el mandatario.

Morales habló del tema al referirse al conflicto que un grupo de indígenas ha planteado ante la CIDH en su contra, para oponerse a su intención de construir una carretera en la reserva ecológica Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En la audiencia celebrada en Washington el viernes, otro grupo de indígenas afines al Gobierno y que viven también en el Tipnis confrontó a los nativos amazónicos que se oponen a ese proyecto.

El viernes se enfrentaron en la CIDH al Gobierno de Evo Morales dos dirigentes indígnenas bolivianos por el proyecto de la carretera del Tipnis. Son el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez, y el de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas (ver foto izquierda). Ambos denunciaron que el proceso de consulta para la construcción de la vía "no ha sido de buena fe".

Sin embargo, varios indígenas del parque les confrontaron desde el banco reservado a representantes del Estado, por invitación del Gobierno boliviano. Uno de ellos, Carlos Fabricano Moye, que representa a una de las comunidades del Tipnis, precisó que no acudieron "para defender al Estado", sino para oponerse a Adolfo Chávez, que en su opinión "se impone como dirigente y no hace caso al pueblo".

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, aseguró en la audiencia que "en este momento no existe contrato, no existe un proyecto a diseño final y por tanto no existe licencia final" para la construcción de la carretera, pese a que el proceso de consulta a las comunidades indígenas ya concluyó el pasado enero.

Sin embargo, Chávez y Vargas insistieron en que el proceso de consulta se inició "cuatro años después de firmar un contrato" para la construcción y que "no ha sido informado", además de estar viciado porque "se han llevado regalos y dádivas a las comunidades para que acepten esa consulta", en palabras del segundo.

"Si se destruye este parque, es el camino de la destrucción de todos los otros territorios indígenas que existen en Bolivia", indicó Vargas. "Estamos dispuestos a defender con la vida nuestro territorio", añadió.

Posición de Colombia plantea todo lo contrario
Contrariamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró este lunes el respaldo de su gobierno a la Relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH, sometida a un proceso de reformas, y llamó a fortalecer esa institución.


"En lo que a Colombia se refiere, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisuras", dijo Santos al instalar este lunes en Medellín el 47 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Se trata en todo caso de fortalecer y no de debilitar. Por eso no compartimos posiciones extremas, ni tampoco la tentativa de debilitar a la Relatoría especial para la libertad de expresión, cuyo papel ha sido crucial para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos", resaltó el presidente colombiano.

Al referirse a ese proceso, Santos enfatizó que la región necesita "un sistema cada vez mejor y más fuerte, y para ello bienvenidas las reformas que sean, que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos y que reconozca a su vez los esfuerzos de nuestros países para cumplir con nuestros compromisos".

En 2012, la OEA aprobó en una asamblea de cancilleres un documento con recomendaciones para reformar la CIDH, entre ellas modificar el otorgamiento de medidas cautelares y la publicación de su informe anual, que incluye una "lista negra" de los países que generan más preocupación.

También se ha planteado que la Relatoría para la libertad de expresión no se financie fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no se refiera a cada país sino que sea general y que funcione en base a un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Corte IDH sesiona esta semana de manera extraordinaria en Medellín, donde realiza audiencias públicas sobre casos de Ecuador (caso Camba Campos y otros), Bolivia (caso familia Pacheco Tineo) y Chile (caso García Lucero). Además, durante jueves y viernes realizará un seminario académico sobre el sistema interamericano de derechos humanos.