LA SALUD EN MANOS DEL CAPITAL
Por Hugo Latorre Fuenzalida
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Las constituciones reconocen la salud como un derecho esencial, pero como toda normativa, cuando se pasa a la realidad, aparece la excepción, la interpretación, la distorsión, la elusión, la evasión, que hace que lo general quede sometido a lo particular y que lo particular adquiera grado de general. Siempre ha sido verdad eso de que ….“del dicho al hecho hay bastante trecho”.
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Es así que en nuestra Constitución la salud aparece como un derecho y el Estado como el organismo encargado de asumir la responsabilidad de su realización. Pero, en verdad, no es más que un derecho declarativo, pues la salud tiene sus costos y alguien los debe pagar. Existen varias formas de financiar la salud, al igual que la educación o la seguridad. Una de estas formas es a través de impuestos generales, otra es a través de pagos de seguros particulares o públicos (que es como aplicar tributos específicos); finalmente están los pagos directos de los particulares a las instituciones prestadoras de servicios de salud privados o públicos.
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Los países que socializan la salud, financian a través de impuestos generales (Inglaterra); los que tienen sistema estatal excluyente lo financian con presupuesto y asignación vía planes (Cuba).
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En Chile hemos tenido siempre un sistema mixto, con énfasis diferentes según los tiempos, pues cuando el Estado se hace responsable como garante y prestador, entonces los recursos fluyen hacia el Estado en términos de hegemonía; pero cuando es al sector privado al que se da prioridad en la asignación de recursos, entonces los seguros privados y los pagos directos de las familias son los que van inclinando la balanza en la asignación de los recursos (como viene sucediendo en los últimos 40 años en Chile).
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La hegemonía privada de la salud impone necesariamente el lucro de la escasez o de la función oligopólica en el sector, de tal forma que todos los servicios vinculados a la salud comienzan a operar de tal forma que se impone el crecimiento del excedente en todos sus niveles: laboratorios farmacológicos, costos clínicos y hospitalarios, laboratorios bioquímicos, industria de instrumental y maquinarias médicas, cotos de los seguros, de mantenimiento, de personal y asistencia, etc.
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Lo más visible de este fenómeno queda expuesto en los hospitales concesionados, donde todos los servicios periféricos quedan entregados a la empresa concesionada, y de estos servicios obtiene la recuperación del capital invertido más las utilidades respectivas, por lo que estas instituciones adquieren más el aspecto de Mall de la enfermedad antes que servicio de salud propiamente tal. Finalmente, hasta los servicios propiamente médicos son priorizados en función de la rentabilidad inmediata, como de hecho ha sucedido con las camas y pabellones de cirugía en el hospital José Joaquín Aguirre.
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En el área de los medicamentos, podemos afirmar, sin temor a exagerar, que la industria farmacéutica es una de las más especulativas en el mercado de los bienes transables, mucho más que el comercio de armamento y casi a nivel de las drogas ilícitas. Estudios hechos por médicos norteamericanos a finales de los años 70, establecieron que la variación de precios de los productos farmacéuticos entre un estado y otro del mismo Estados Unidos de Norteamérica era de hasta el 300%, y entre los más caros de los estados del Norte y América Latina, se daban diferencias de hasta 1000%.
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Lo que lleva a concluir que esta industria actúa según el mercado en que opera: si es permisivo sube los precios, si es más regulado, refrena notoriamente sus aspiraciones de lucro. En el caso de Chile, en que el mercado no es de competencia sino de desigual libertad, pero sin libre concurrencia, la industria farmacéutica opera con márgenes realmente especulativos y de colusión. Ya hemos sido testigos de los procesos sufridos por las principales empresas del rubro, sin daño punitivo para sus ejecutivos o accionistas, o, más bien una pena jocosa para cualquier país, incluso del área bananera.
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La intención de los municipios, de montar farmacias con precios realmente razonables, es una toma de posición de la sociedad civil que alegra y da esperanzas, pues la única forma de romper las cadenas de los oligopolios es en base al empoderamiento de las personas y las autoridades más cercanas a las comunidades. Esta nueva “fuerza de espíritu”, emergente y desconocida en Chile, por mucho tiempo, abrirá puertas que permanecieron bloqueadas por unas autoridades ganadas al “espíritu del lucro” y de sus teorizaciones indolentes y pseudocientíficas, más propias de teócratas que de demócratas, como de hecho ha sido el actuar de los políticos desde la dictadura a esta fecha, sin que ninguna realidad les haga revisar sus dogmas retardatarios, en sus infundados fundamentos.
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El otro elemento importante es que la toma de posiciones de este tipo, es que la sociedad se esforzará por demandar y promover instancias de participación organizada, y eso conforma un cuadro cualitativo de la democracia muy superior a todo lo que se ha instalado en Chile desde 1989.
