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Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (Foto Tele13) |
Parece que el debate en torno a la nueva ley carcelaria está recién comenzando en Chile. Hoy se escuchó, por primera vez en mucho tiempo, la opinión militar sobre un tema eminentemente político. El comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, dijo ante la exclusión de beneficios carcelarios a militares condenados por violaciones a los derechos humanos que éstos también son chilenos y recordó la igualdad ante la ley consagrada por la Constitución.
"Los ex militares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es eso y en tal condición se debe cumplir con el precepto constitucional", declaró el general en Radio Cooperativa. Seguramente esta opinión tendrá consecuencias en el sector político y de derechos humanos, lo que conoceremos en las próximas horas.
El comandante del Ejército se refirió indirectamente a este nuevo tema conflictivo que ha puesto La Moneda en el tapete de la discusión política y expresamente aclaró que “no me voy a referir respecto al proyecto” mismo.
Sin embargo, agregó que "de acuerdo a lo establecido y lo preceptuado en la Constitución Política de la República, todos los chilenos tenemos una condición de igualdad ante la ley y es un principio constitucional interesante siempre tener a la vista, pero respecto al proyecto no me voy a referir".
Duras opiniones en la Alianza
Pero no sólo en el Ejército parece haber preocupación por la suerte de los violadores de los derechos humanos en dictadura, especialmente en los que tienen más de ochenta años. En la misma Alianza que sostiene al Presidente Sebastián Piñera en el poder, el diputado de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior de la dictadura de Pinochet , reaccionó hasta en forma ofensiva contra La Moneda al expresar "falta de coraje moral" por excluir los casos de violadores a los derechos humanos en el proyecto.
“No es una señal de buen gobierno avanzar en medidas para descongestionar las cárceles, manteniendo en ellas a enfermos terminales y ancianos de más de 80 años, por temor a que alguno de ellos sea ex militar, cediendo de esta manera a presiones de la izquierda”, agregó Cardemil.
La diputada UDI María Angélica Cristi agregó a la argumentación anterior que esta iniciativa tiene exclusiones “con nombre y apellido y es un nuevo portazo a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales, mayores”.
A su juicio, “el gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación”, lo que consideró “lamentable”, esperando que “el gobierno recapacite y dé una oportunidad a quienes, por defender la patria, están hoy condenados”, dijo Cristi.
En algunos comentarios de lectores en los diarios La Nación y La Tercera se va directamente al grano del asunto: “Los fascistas no entienden los principios morales básicos por los que debe regirse cualquier sociedad. No hay justificación alguna para la tortura, las vejaciones, las ejecuciones sumarias, y la desaparición, con la impunidad que otorga el hacerlo desde el aparato del estado. ¿Quieren hablar de igualdad ante la ley? Eso es lo que debieron haber aplicado los milicos cuando tomaron el poder”.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, respondió a las críticas del diputado RN Alberto Cardemil. "Respecto de la falta de coraje moral, no me voy a hacer cargo, palabras sacan palabras. Son expresiones desafortunadas, pero creo que ese no es el problema. El proyecto no está dirigido a casos de violadores de derechos humanos”, aclaró.
La medida del proyecto original que favorecía a los ancianos mayores de 80 años, entre ellos al ex jefe de la Central Nacional de Información ex general Odlanier Mena – condenado por violaciones de derechos humanos- fue eliminada por instrucción del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para facilitar el debate legislativo ante reparos opositores.
Sin embargo Bulnes aclaró que "cuando planteamos (el proyecto), éste estaba dirigida a cualquier condenado que estuviera en esas condiciones puntuales que suscitara estos casos humanitarios. Porque si bien tenemos un compromiso irrestricto con los derechos humanos, sentimos que esa causa y nuestro respeto como sociedad a los mismos, no se ve deteriorada porque una persona en vez de morir en la cárcel, pase su últimos días cumpliendo arresto domiciliario", agregó.
En todo caso, legisladores oficialistas pretenden reponer en el Congreso la medida que incluye a ex uniformados mediante una indicación. Incluso, en el oficialismo comentan que algunos diputados opositores estarían abiertos a apoyar una iniciativa de ese tipo, según dijo hoy La Tercera.
Asumió si que el tema de los enfermos terminales y ancianos "no está agotado, como sociedad y más temprano que tarde vamos a tener que abordar finalmente esta situación".
Los cuatro puntos claves del proyecto que beneficiarán a 9.000 personas
1.- Modificar la legislación penal para conseguir que no vayan a la cárcel aquellas personas que no pagan multas en dinero, las que anualmente son unas 2.500 aproximadamente. "Cada año ingresan a los penales cerca de 2 mil 500 personas porque no han pagado una multa en dinero. Son personas que pasan pocos días en prisión. La modificación que proponemos en este sentido es que estas personas en vez de ir a la cárcel, presten servicios comunitarios".
2.- Regular las penas inferiores a un año, de manera tal que de acuerdo al criterio del juez, las personas condenadas puedan cumplir su castigo en servicios comunitarios.
3.- Establecer criterios objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional. De acuerdo a lo dicho por el secretario de Estado, la decisión de entregar este beneficio, que hoy recae en los seremis de justicia, ahora pasará a depender de una comisión de libertad condicional, la cual estará compuesta por 10 jueces integrantes.
4.- Aplicación del “indulto conmutativo”, es decir que las personas cumplan su castigo de una manera distinta al presidio. Esto, de acuerdo a lo dicho por el ministro, no extingue la pena, sino que la modifica. A este beneficio pueden acceder tres grupos: Los que cumplen su condena con el sistema de "salida libre"; quienes están condenados sólo a reclusión nocturna y las mujeres que hayan cometido delitos menores, que tengan cumplida al menos dos tercios de su condena y que hayan mostrado una excelente conducta en los dos semestres anteriores a la ley. De hecho, habrá una excepción para las mujeres con hijos menores a dos años.
Al realizar el anuncio, en compañía de Hinzpeter, Bulnes explicó la exclusión de mayores de 80 años -que abriría la puerta para beneficiar a militares-, señalando que "todavía no vemos que esos consensos estén disponibles, pero nos asiste la convicción de que hay que avanzar en esa dirección".
Para facilitar la discusión parlamentaria, la apuesta del Ejecutivo será ingresar tres proyectos de ley separados, en los que se distribuirán los beneficios.
En La Tercera el lector Gabriel Reyes Arriagada recordó: “La Iglesia Católica, con motivo de nuestro Bicentenario, planteó la conveniencia de un "indulto general", que permitiera la libertad de un número importante de presos comunes; sin embargo, el gobierno actual, alegando prudencia y sabiendo que si apoyaba la iniciativa su discurso antidelincuencia sería "letra muerta", decidió rechazar la propuesta. Luego, el incendio de la cárcel de San Miguel colocó de nuevo en el tapete la situación inhumana de nuestras prisiones y el gobierno ha debido tragarse sus palabras y ha sugerido la idea de liberar a 10.000 presos, cambiando sus penas por libertades vigiladas u otras alternativas. De esta manera se dice adiós a la "mano dura" y, sin duda, "la fiesta de los delincuentes" continuará sin pausa. Así, se cumple el viejo adagio popular: "Otra cosa es con guitarra".