KRADIARIO

OPINIONES DEL FIN DE SEMANA

Ajuste fiscal

Por Max Colodro
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El monto del ajuste -US$540 millones- resultó ser lo menos relevante: apenas el 1% del presupuesto aprobado para el año en curso. Lo significativo fue más bien la señal política emitida por el ministro Valdés, la decisión de reafirmar el proceso de consolidación fiscal y dejar en claro que el empeño de converger a una situación de equilibrio hacia el final del período presidencial sigue vigente. Un esfuerzo sin duda loable para un gobierno cruzado hace ya demasiado tiempo por niveles muy altos de desaprobación, y que tiene por delante un doble desafío: enfrentar las actuales debilidades del ciclo económico y responder a las exigencias de dos años de contienda electoral.

De algún modo, el compromiso asumido por Hacienda configura un escenario diametralmente opuesto al generado por el ex ministro Andrés Velasco el 2009, es decir, en el último año de gestión del anterior gobierno de Bachelet. En aquella oportunidad, el imperativo de responder a los graves efectos de la crisis ‘subprime’ llevó a un aumento del gasto fiscal por encima del 16%, lo que tuvo un impacto político innegable al permitir a esa administración y a la propia Mandataria empinarse a niveles de aprobación que rondaron el 80%. En rigor, al hacer el ejercicio de comparar las curvas de aumento del gasto público y de alza de la popularidad del Ejecutivo durante el 2009, se constatan dos líneas prácticamente paralelas, que ascienden juntas durante el mismo período con una correlación entre sí muy alta.

Ahora el contexto es y será completamente diferente: el gasto fiscal está siendo recortado este año y en 2017 no podrá crecer más de un 2 ó 3%, o sea, el ministro Valdés tomó la responsable pero arriesgada decisión de no usar el presupuesto público como un instrumento político, algo que con seguridad va a generar diferencias y tensiones en la coalición gobernante.

En efecto, no será fácil para el titular de Hacienda justificar la lógica de este ajuste frente a los requerimientos políticos y electorales que el oficialismo tendrá en los próximos dos años, un período en que la economía crecerá cada vez menos y donde nada anticipa aún que los niveles de aprobación del gobierno puedan mejorar.

Es cierto que las variables hoy en juego hacían imposible realizar algo siquiera cercano al esfuerzo ‘contracíclico’ desplegado en 2009. Pero la envergadura de las reformas sociales en curso y el mal momento político del gobierno podían haber instalado legítimas dudas sobre el proceder de la autoridad a este respecto. Contrariamente a ello, el país y la Nueva Mayoría quedaron esta semana notificados de los criterios con que Hacienda afrontará el ciclo político que se inicia. La dificultad y el desafío, no obstante, es que dicha decisión sólo hará más cuesta arriba el objetivo de la continuidad en el poder del actual bloque gobernante.

En 2009, el enorme esfuerzo fiscal no logró impedir la derrota de la Concertación en la elección presidencial, pero ayudó al gobierno y a la Presidenta a terminar con niveles de popularidad realmente inéditos. En esta ocasión, la firme responsabilidad del ministro Valdés hará que dicho factor esté completamente ausente.

El aborto en el Día de la Mujer "La dramática experiencia, que solo puede ser femenina, de anidar una vida que es resultado de un acto de fuerza no debe originar la obligación de sostener el embarazo bajo la amenaza de coacción estatal...".

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La Tercera

Este martes se celebra el Día Internacional de la Mujer 

Por Carlos Peña

¿Por qué existe esa celebración y qué relación tiene con el aborto cuya autorización se votará en la Cámara de Diputados ese mismo día?

Ese día celebra la lucha por suprimir la desigualdad de género.

En todas las culturas (y la chilena no es por supuesto una excepción) se asocia el sexo de que cada uno es portador con el lugar que debe poseer en la división del trabajo y la distribución del poder. Por ejemplo, muchos piensan (y aunque de la boca para afuera digan lo contrario) que a la mujer le corresponden las tareas privadas del hogar y el cuidado de los hijos, es decir la reproducción de la vida, y al hombre la manutención de la familia, el desenvolvimiento en el ámbito de lo público. Esa asociación no es, por supuesto, inocente. Si bien suele presentarse como una asignación impuesta por la naturaleza (o por Dios), se trata de una cuestión política. Cuando se la efectúa se está decidiendo que las mujeres dispondrán de menos poder que los hombres a la hora de desenvolver su vida conforme a su propio discernimiento.

Esa asociación entre sexo y papeles sociales -el género- no está impuesta por la naturaleza, sino por la cultura. Y el Día Internacional de la Mujer se ha propuesto recordarlo para que ninguna sociedad tolere que a pretexto de la naturaleza se impongan a la mujer papeles, roles u obligaciones que la subordinen o la sometan.

Un buen ejemplo -incómodo, pero un buen ejemplo de lo que ese día exige- es el aborto en situaciones excepcionales que por estos días deberá decidirse en la Cámara de Diputados.

El caso más obvio es el de la violación.

Cuando una mujer es violada se la reduce a la condición de cosa. Es la vejación más extrema que puede sufrir una mujer. Y la huella de esa vejación se extiende en el tiempo cuando de ella resulta un embarazo. Se trata de una experiencia exclusiva de una mujer: anidar una vida humana que es resultado de un acto de fuerza que la cosificó. Lo más parecido a eso que podría ocurrir a un hombre, según el experimento mental de Thomson ( Philosophy & Public Affairs , Vol. 1, N° 1, Fall, 1971), es que mientras duerme se conectara, sin él consentirlo, un riñón suyo a un enfermo hasta encontrar, para este último, un donante que permita trasplantarlo. La mujer violada y el hombre conectado estarían en la misma situación: una vida extraña dependería de ellos. La pregunta entonces que cabe formular es si acaso resulta correcto coaccionar a la mujer para que mantenga ese embarazo y soporte sus costes o coaccionar a ese hombre para que no desconecte al enfermo que profita de su riñón. A poco que se reflexione, se advierte que esa coacción resulta excesiva. ¿Qué razón habría para justificarla?

Para hacerlo suele esgrimirse el derecho a la vida del nasciturus . El derecho a la vida, se dice, es sagrado y nada justifica amagarlo. Pero ese argumento -repetido una y otra vez como si fuera una oración- no soporta el examen racional. Confunde el derecho a la vida de cada individuo con la obligación de los demás de sostenerla.

Del hecho que Pedro tenga derecho a la vida, no se deriva la obligación correlativa de Juan y de Diego de sostenerlo para que no muera.

Así también, de la circunstancia que el nasciturus concebido a la fuerza sea una vida humana, no se sigue que la mujer agredida deba ser obligada a sostenerla. Del derecho a la vida no se sigue el deber o la obligación, ni moral ni jurídica, de sostener cualquier existencia ajena. Todos los miembros de la sociedad chilena tienen derecho a la vida, pero no es cierto que tengan la obligación recíproca de sostener sus existencias. Por eso, aun siendo bueno que una mujer violada decidiera mantener el embarazo (de la misma manera que sería bueno que quien despierta con su riñón atado al enfermo tolerara la situación hasta que se encontrara un donante), no sería razonable exigirlo mediante la fuerza estatal.
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La dramática experiencia, que solo puede ser femenina, de anidar una vida que es resultado de un acto de fuerza no debe originar la obligación de sostener el embarazo bajo la amenaza de coacción estatal. Algo así -deberán recordarlo los legisladores en el Día Internacional de la Mujer- impone a las mujeres una obligación coactiva que ningún hombre aceptaría.

El Mercurio

La mala hora o el afán de perpetuarse
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Por Camilo Escalona

Desde hace siglos que el poder político es un imán incontrarrestable en la voluntad de muchos hombres. Sea para seguir ocupándolo o para acceder al mismo, innumerables seres humanos, por diversas causas, justas o injustas, han tenido como voluntad y propósito inexorable el de instalarse o permanecer en el poder, sin reparar ni  sujetarse a los costos sociales que ello pudiera significar.
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Lo sabemos bien en Chile, la ardua lucha que hubo que desplegar para derrotar el afán dictatorial de aferrarse al poder que mantuvo Pinochet, hasta la instalación de un gobierno civil en 1990, luego de ser doblegado el régimen en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988.
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Una causa universal tan potente, como lo es la del socialismo, se quebrantó en su primera experiencia de alcance global por la perpetuación del estalinismo en la ex Unión Soviética, cuyo afán dictatorial desbarató por completo la naturaleza socialista del régimen, hasta su caída en 1991. En otros casos, el culto a la personalidad y divinizar los líderes hasta aceptar vergonzosas conductas autoritarias, asfixió el sentido libertario del ideal socialista.
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Asimismo, los afanes de revancha y la megalomanía de los humanos, alimenta en ellos la idea que son seres providenciales, llamados a ajustar cuentas con el esquivo destino de sus naciones, de sus delirios surgen locuras de grandeza, como la idea de una raza superior de los nazis en Alemania, que condujo a la terrible tragedia y a las inhumanas atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial.
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También, sanguinarios terroristas de Estado de derecha, como la llamada dictadura de los coroneles en Grecia, o el déspota François Duvalier, el llamado "Papa Doc" en Haití, y su hijo el terrible dictador conocido como "Baby Doc"; así como Idi Amin Dada en Uganda, o Stroessner en Paraguay, Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nicaragua, Odría en Perú, y muchos más, lo que dejaron a su paso fue pobreza, dolor, corrupción y muchas muertes.
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Innumerables gobernantes, zares o sultanes, reyes o reyezuelos, simples sátrapas o dueños de alguna astucia, a veces elegidos en un comienzo, otras ejecutando un golpe de Estado, encabezando un conflicto armado o por sucesión hereditaria, son tantos los villanos que pretendieron regir perpetuamente a los pueblos o naciones en que instalaron sus designios, que hacer su lista sería interminable y, además, una tarea inmerecida por aquellos poderosos y, a menudo, crueles jerarcas.
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A la humanidad hoy, miles de veces más informada que antes, le repugna esa larga galería del horror, que indica cruel y dramáticamente, que el Estado puede ser un buen amigo, pero también un vil enemigo y que lo noble se muta en innoble demasiado velozmente.
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Además, es clarísimo que la manipulación del Estado se convierte en un instrumento para que corruptos de variada especie, formen fortunas personales que nunca hubiesen poseído si no hubieran abusado del poder para sí mismos.
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No obstante, con lo nocivo que han sido los afanes de eternizarse en el poder, hay quienes porfiadamente insisten en transitar ese funesto camino. Como se dice, son los humanos los que tropiezan más de una vez con la misma piedra, mejor dicho, no logran aprender de los porfiados hechos.
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Es lo que ha ocurrido a Evo Morales en Bolivia, independientemente de su enemistad hacia Chile, la legitimidad de su mandato nunca ha sido puesta en cuestión, ni por los más ardorosos defensores de la causa chilena; aún más, solo una obcecación insensata podría desconocer que sus diez años de mandato lograron estabilidad  institucional, crecimiento económico y, en especial, el reconocimiento de su dignidad a la mayoría indígena.
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Como Presidente, democráticamente electo y con una gestión de logros significativos, no es comparable a los malhechores que se mencionan en esta columna. Pero, el objetivo de cambiar la Constitución, generada bajo su propio liderazgo, para postularse a un cuarto periodo y capturar, en total, otros diez años en el poder, le han conducido a una severa derrota política.
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Además, la situación se agravó al dilatar, el reconocimiento del resultado que le es adverso. En otras palabras, Evo Morales ensombrece toda su gestión al caer en la tan rechazada práctica de usar el poder para aferrarse al mismo. Es la mala hora de creerse imprescindible, que endiosa a tantos gobernantes, la que ahora lo abraza y consume.
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Es probable que en el momento funesto, aquel en que la mala hora se materializa, influyan los aduladores, supuestos consejeros o asesores, encaramados en los hombros de aquellos "grandes" y poderosos que se dejan lisonjear para fatalidad de ellos y sus países. Es la ilimitada codicia de los burócratas que les convencen, y estos se "someten" a la idea, que son irreemplazables.
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Ante ello, en la derecha chilena con mucha prisa, aparecieron batiendo palmas, anunciando que ahora en Chile ocurrirá lo mismo que en Bolivia, cuando es claro y evidente que no puede pasar lo mismo, por que en Chile no existe ni esa situación ni esa posibilidad. En primer lugar, en la Constitución no hay reelección y, en segundo lugar, tampoco existe un intento de reformarla para hacerla posible.
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Ahora bien, la  amplia diversidad de fuerzas que constituye el bloque de la Nueva Mayoría, se puede y debe proyectar una opción política y un liderazgo capaz de asumir las ideas matrices y los conceptos fundamentales que les unen, representando adecuadamente los nuevos desafíos del país, cambiado por las propias reformas en curso, con vistas a derrotar la propuesta de regresión social que transpira la derecha chilena por todos sus poros.
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Esta opción no podrá ser un simple afán de mantenerse en el poder. El desafío que tiene ante sí es llegar a ser, precisamente, una propuesta que logre la síntesis entre continuidad y cambio que se haga cargo de los procesos de transformación que vive la sociedad global y nuestro país.
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En este dilema, la derecha será la fuerza perpetuadora de la desigualdad que Chile debe saber doblegar, para bien de su integración como nación y de su futuro como país.
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Cooperativa

El debate sobre el debate

Por Jorge Navarrete

Aunque durante los últimos meses la cuestión constitucional parece haber abandonado el radar de la opinión pública, marzo será un momento importante para retomar una iniciativa que no ha estado exenta de polémicas. De las pocas noticias que tuvimos sobre esta materia durante el período estival, fue constante cierta tensión entre los miembros del comité de observadores y los funcionarios de gobierno. Y aunque se trata de un debate que no termina de entenderse muy bien, un mínimo común denominador parece anclarse en la necesidad de una mayor autonomía del elenco ciudadano designado por la propia Presidenta de la República, para las tareas de acompañamiento y supervisión del proceso.

Bajo esa misma línea argumental es que emerge otra cuestión también relacionada con los ámbitos de la independencia y delegación ciudadana: en específico, me refiero a la posibilidad que tendrán los participantes de estas instancias para no solo hacer aportes al debate en el marco de un diseño, sino también para discutir las propias reglas y formas de ese debate.

En efecto, la metodología para esta primera etapa se estructura en torno a tres ejes: valores, deberes y derechos, e instituciones. De esa forma, tanto a nivel local, provincial y regional, las conclusiones de esta parte serán sistematizadas de acuerdo a esta propuesta, pero no se considera -al menos no en forma imperativa-  un espacio para que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre las varias alternativas de mecanismo o procedimiento de cambio constitucional. Habiendo abierto un inédito momento de participación ciudadana, y sin que necesariamente éste se imponga a lo que después resuelva el parlamento, es extraño que las personas no puedan manifestar -y por lo tanto también se recojan y sistematicen- sus impresiones sobre cuál sería el mejor y más legítimo procedimiento para modificar nuestra Constitución.

En varias ocasiones hemos insistido en la consigna de que el método es el mensaje; es decir, cómo llevamos adelante estos procesos dice mucho más de nuestra voluntad y vocación, que los resultados mismos. Incluso más, es aquel rito cívico republicano, en que como ciudadanos y miembros de una comunidad nos reconvocamos y nuevamente comprometemos con las normas básicas que deben organizar nuestra convivencia, habiendo sido parte del debate y sanción respecto de las mismas, lo que hace toda la diferencia para un proceso de relegitimación institucional que tanta falta nos hace. Esa lealtad y afecto con un modo de vivir en sociedad, que ciertamente otorga derechos pero también impone obligaciones, se logrará solo en la medida que el procedimiento satisfaga un debate tan participativo, como trasversal e inclusivo.

Entiendo que hoy lunes el comité de observadores debería tratar y decidir este punto. Y aunque lo que varios estamos solicitando representa una pequeña modificación al diseño ya plateado, se trata de una enorme contribución a la honestidad y transparencia con que debe abordarse este proceso.

La Tercera