LULA HACE MUCHO MÁS FRAGIL LA SITUACIÓN POLITICA DE LA PRESIDENTA ROUSSEFF CON UN GOBIERNO QUE ESTÁ AL BORDE DEL COLAPSO
La jueza brasileña que debía
pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Luiz
Inacio Lula da Silva por
presunto lavado de dinero, transfirió el caso al juez federal que está cargo del megafraude a Petrobras en el 13° Tribunal Federal de
Curitiba", del magistrado Sergio Moro, informó el tribunal.
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Hace menos de dos años, el
desconocido magistrado federal brasileño Sergio Fernando Moro comenzó a ser
públicamente visible tras tomar en sus manos la causa de corrupción estatal por
millonarios desvíos de la petrolera estatal Petrobras
que involucra a grandes empresas y un importante número de
políticos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y
por la que la oposición y parte de la sociedad han pedido el impeachment de la
mandataria Dilma Rousseff.
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El caso Lava Jato es una de las mayores
pesquisas que se han visto en Brasil y está encabezada
por el juez Moro que es considerado uno de los mayores especialistas en investigar
lavado de dinero en el país.
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Moro fue el
responsable de dictar la orden de conducción coercitiva por la que la Policía
debió trasladar al ex presidente a una comisaría para prestar declaración sobre los supuestos beneficios que recibió
de las empresas que desviaron recursos de Petrobras, hecho que conmocionó al
país.
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Desde el comienzo de su investigación, el
magistrado ha sido visto como uno de los símbolos brasileños contra la
corrupción y
su repentina y destacada aparición pública le valió la posibilidad de dar
conferencias en universidades y ante empresarios.
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Moro fue
considerado una de las 100 personas más influyentes de Brasil en 2014 por
la revista brasileña Época y recibió la medalla del
mérito legislativo en 2015 por recomendación del líder del Partido Popular
Socialista (PPS) en la Cámara de los Diputados, Rubens Bueno.
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Con su actual investigación, el
juez federal oriundo de Maringá intenta desarmar la trama de corrupción y pago
de sobornos que involucra a la petrolera estatal Petrobras y pone en jaque al
gobierno de la actual presidente, Dilma Rousseff.
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Patrimonio de Lula
Ahora, suma a su investigación la
causa por lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio en San Pablo. Allí, el
viernes pasado la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Lula. Los
investigadores argumentan que Lula trató de ocultar la titularidad de la
propiedad, que está registrada oficialmente con el nombre de la empresa
constructora de la OAS. El triplex de lujo atribuido a Lula da Silva está
frente al mar en Playa de las Asturias, estado de San Pablo. Tiene 215 metros
cuadrados y lo edificó OAS, empresa que pagó sobornos para adjudicarse
contratos.
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Los fiscales sospechan que Lula y
su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, son los verdaderos dueños también de
un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, lo que el ex
presidente ha negado en reiteradas ocasiones.
Dilma Rousseff en la boca del
huracán
Estallan manifestaciones masivas
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Unos 3 millones de
personas, según estimaciones de la policía, salieron a la calle en
200 ciudades reclamando
la dimisión de la mandataria en medio de un descontento generalizado por los
casos de corrupción y la
peor recesión que sufre el país en años.
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Manifestaciones masivas en Brasil pusieron más presión el domingo sobre la
asediada presidenta.
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Se espera que en algún momento de
esta semana, el presidente de la cámara baja parlamentaria y rival de Rousseff,
Eduardo Cunha, forme una comisión para iniciar
el proceso de una moción de censura por las acusaciones de mala gestión fiscal.
Cunha no tiene voz sobre la formación del comité, pero varios miembros de su
partido centrista PMDB prometieron el sábado ser más independientes del
gobierno de Rousseff.
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Rousseff, que ha dicho que no
dimitirá, también está presionada por
miembros de su propio Partido de los Trabajadores, que quieren que su
mentor y predecesor en el cargo, Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo
en el gabinete e incorporando a otras personas a su elección, mientras Lula está a la espera de que
un juez de Sao Paulo determine si se le detiene por cargos de corrupción.
Las protestas del domingo agravan
la ya difícil situación de Rousseff, que además de la campaña de impugnación
afronta una creciente investigación de fiscales federales sobre corrupción en la gigante petrolera
estatal Petrobras, una pesquisa que se ha acercado a su círculo más
cercano en las últimas semanas.
La marcha más multitudinaria se
produjo en la capital económica del país, San Pablo, un bastión de descontento latente contra
Rousseff y el Partido de los Trabajadores. La respetada encuestadora Datafolha
estimó que unas 500.000 personas participaron en la
manifestación, y la policía estimó una participación de tres veces esa
cifra.
La alta participación podría desencadenar la ruptura de la frágil coalición de gobierno, según analistas.
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"Hay una
situación de ingobernabilidad", comentó Francisco Fonseca, profesor
de ciencias políticas en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo. "La
presidenta tiene pocas cartas".
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Sin embargo, Fonseca señaló que las protestas mostraron
"un descontento generalizado con el sistema político" que no
reforzaría necesariamente a ningún político o partido opositor en concreto.
La multitud, vestida de los tonos amarillo y verde de la
bandera brasileña, mostraba carteles como "Fuera Partido de los Trabajadores".
Pero los manifestantes en todo Brasil dejaron claro que su malestar iba más
allá de Rousseff y su partido, señalando que la investigación sobre corrupción
en Petrobras ha comprometido a toda la clase política.
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