KRADIARIO

Opinión del Editor

¿EN QUIÉN PODEMOS CONFIAR EN CHILE?

Por Walter Krohne 

El caso Longueira está llegando a niveles alarmantes en la política  al demostrar la falta más absoluta de ética y desprecio por los compatriotas y electores, la democracia y el país.  La actuación de este político, de acuerdo a la investigación realizada por Ciper (ver nota separada), rebasa todos los límites de la paciencia pública, porque lo que hizo (o habría hecho)  el ex senador, ex ministro de economía y ex candidato presidencial fue una continuación de lo que la dictadura militar, de la que él también formó parte, realizó con las empresas chilenas estatales que privatizó “vendiéndolas” a precio huevo a algunos amigos o protegidos del régimen, además de concederles todas las garantías y beneficios para que pudieran hacer buenos negocios a costa de lo que fuera.  

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Esto es lo que el político de la UDI (el mismo que fue conductor del fracasado último censo que en su momento calificó como el mejor realizado en toda la historia de Chile),  llevó a cabo frente a la Ley de Pesca  varios años después,  como lo demuestran los antecedentes entregados, que dejó las riquezas del mar en poder de cuatro grupos económicos del país y perjudicando seriamente a centenares de pescadores artesanales. En este caso está también  involucrado el desaforado  y procesado senador Jaime Orpis, ex UDI,  quien reconoció haber recibido coimas de la empresa Corpesca y acusado de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, tributarios y lavado de activos. El mismo parlamentario reconoció la irregularidad financiera de sus campañas políticas.

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Pero los pasos de Longueira, como en la dictadura,  favorecieron también a Soquimich al aceptar recibir del hoy ex  gerente general Patricio Contesse la redacción completa de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se incluyó  en la Ley del Royalty minero II durante el gobierno de Sebastián Piñera, pasando a llevar a instituciones y parlamentarios.

En ese tiempo el hombre fuerte de ese conglomerado de la minería no metálica era nada menos que el ex yerno del fallecido dictador Pinochet, Julio Ponce Lerrou, uno de los que recibió a huevo una de las empresas que habían sido del Estado chileno, es decir de todos los chilenos.

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Ni una sola coma se le quitó al texto de Contesse, como dije,  quedando como “artículo transitorio” en el proyecto final de la Ley de Royalty Minero II. En otras palabras lo que hizo este artículo fue permitirle a SQM (y a otras empresas mineras de capitales nacionales) acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado.El cambio le permitió a la empresa acceder a beneficios tributarios con un potencial millonario. En el proyecto de royalty minero de 2004, promovido por el gobierno de Ricardo Lagos, ya existía esa posibilidad. Sin embargo, en el archivo que Contesse adjuntó en su correo a Longueira se quejó de que las mineras nacionales no pudieron acceder entonces al beneficio.

Hay que recordar que la relación entre Longueira y el ex presidente Ricardo Lagos, a pesar de ser de tiendas separadas y opuestas, fue por coveniencia para ambos muy estrecha en esa época. Así firmaron en 2003, en el tiempo del escándado Mop-Gate como también del caso Coimas, un acuerdo entre el Gobierno y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para avanzar en la modernización del Estado y así evitar que los escándalos producidos entonces, no tan transversales como los de hoy, pudieran evitarse, lo que, como se puede apreciar el “pacto”, no fue suficiente porque cada vez las irregularidades graves en  la política se han repetido con mayor fuerza y gravedad.

Y para peor vemos hoy también como involucrado al principal impulsor de la rectitud en la política, la modernización de la misma, defensor de la democracia y de la probidad, como aparecía Pablo Longueira hasta hace algún tiempo,  considerado por todos los sectores políticos como uno de los pocos demócratas y más inteligentes personajes de la derecha chilena.

Hasta ahora Impuestos Internos  (SII) no se ha querellado en contra de Pablo Longueira por delitos tributarios pese a que en las distintas carpetas de la investigación por el financiamiento ilegal de la política se acumulan las boletas sin respaldo contable que lo vinculan. Longueira es el dirigente político que más se benefició con los dineros de la minera. Junto con canalizar información reservada y estratégica entre SQM y el gobierno, la red de Longueira fue la principal receptora de dineros de la minera, que el informe de Shearman & Sterling cifra en $730 millones.

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El día del acuerdo entre un pinochetista y un socialdemócrata, que dio nacimiento a un organismo asesor, el ex Presidente Lagos dijo:  "Esta importante comisión la quiero entender como la convicción de que llegado el momento, todos nosotros, como país, seamos capaces de una doble tarea: exigir que los tribunales de justicia hagan su tarea, pero también tomar las medidas indispensables para dar un gran salto y convertir esta crisis en una oportunidad sobre cómo modernizamos el Estado y cómo lo ponemos acorde de las exigencias internacionales".

Pero tampoco las palabras presidenciales se han hecho realidad, especialmente en lo referente a la justicia, porque el desenlace del caso de 156 víctimas fatales del 27-F, ocurrido por irresponsabilidad  o un trabajo mal hecho de los funcionarios que estaban presentes en la ONEMI en la noche del tsunami,  con alertas que se levantaron equivocadamente, lugar  donde también estuvo presente la Presidenta de la República en su primer período, Michelle Bachelet, no recibirán "penas reales y verdaderas". Esto porque la Justicia chilena llegó a un acuerdo “bajo cuerdas” con los imputados que solo deberán pagar una multa y pedir perdón, lo que ha originado el horror de los querellantes que amenzan con apelar y llegar hasta las últimas consecuencias para revertir la decisión del tribunal.

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Más reciente aún está la polémica entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII) originado este mes. Mientras el Ministerio Público sostuvo que están esperando que el SII 

presente querellas por delitos tributarios para tomar acciones contra los involucrados en las causas de financiamiento irregular de la política, el jefe del servicio aludido Fernando Barraza sostuvo que las querellas son solo una herramienta y que si las investigaciones sobre otros delitos relacionados no prosperan, como el cohecho, eso no es responsabilidad del servicio que representa. 

El abogado querellante Mauricio Daza, por su parte, alertó que el SII tiene una "conducta errática" desde que la causa SQM involucra a personas de varios sectores políticos. "Lo que corresponde es que el Servicio de Impuestos Internos obre de manera objetiva, técnica, bajo un mismo parámetro, respetando el principio de igualdad ante la ley".

En la realidad las causas se dilatan y no llegan a ningún puerto, se han quedado en las formalizaciones, con excepción de la del UDI y también ex líder de la derecha pinochetista Jovino Novoa.

En Chile en general no existe consciencia pública, no se trabaja por el país sino por el bolsillo propio y el beneficio de los partidos, porque estos no son orientadores de la política sino máquinas electorales que solamente miran y trabajan para la próxima elección. Cualquier reordenamiento u modernización serán incumplidos mientras no exista una moral y disciplina personales con decisión inquebrantable de no romperlas.

Mientras tanto sigamos discutiendo temas del "área chica" y que no irritan a nadie,  como si los parlamentarios podrán viajar también en el futuro en primera clase o en clase económica en sus numerosos viajes al extranjero, cuyos motivos verdaderos generalmente pocas veces se conocen.