LAS ATONÍAS DEL GOBIERNO

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Así como Schöenberg innovó con la música atonal, música que producía taquicardias y pavor en experimentos sobre sensaciones subjetivas en población de diversas edades, igualmente pareciera le está ocurriendo al gobierno de la derecha chilena respecto a las atonías de sus actuaciones.

Es un gobierno atonal, es decir falto de sincronía y sentido armonioso de la ejecución. Eso queda en evidencia puesto que el director de orquesta ejecuta de tal manera que su agitación de brazos se acelera al ritmo propio de sus pulsaciones y deja al resto de la orquesta desperdigada en sonidos autonómicos y caóticos. Es justamente lo que Schöenberg deseaba lograr. Pero no es lo que Piñera, seguramente desea interpretar; pero así no más le va resultando.

Esta derecha, experta en negociar con ventajas, creyó que podía resolver el tema de la energía, rechazando una planta termoeléctrica de ubicación obviamente atentatoria, y luego de esa demostración de rectitud institucional podrían pasar todas las otras a cuenta de ese crédito ciudadano obtenido con una sola medida justa.

Pero la rueda de carreta con que se quería hacer comulgar a la sociedad chilena era demasiado grande para digerirla. HidroAysén constituye una mancha muy visible para dejarla expuesta a la aceptación de los ecologistas y ciudadanos. Y de hecho, no pasará sin un costo político demoledor para el gobierno.

Pero a esa herida en el flanco, se le suma ahora el tema de la educación. Los jóvenes de la educación secundaria y la educación superior vienen a coincidir en un movimiento poderoso cuya divisa es la educación pública responsable y de calidad.

La educación no es solo un servicio social, es también un forjador ideológico. Se educa para instalar un “disco duro” de memoria social, que represente los paradigmas de un poder, por eso le es muy complicado al gobierno abrir las anchas alamedas por donde ha de pasar el pueblo. Han fijado una educación privada, desde hace cuarenta años, esencialmente porque desean, desde la educación, internalizar una cultura liberal privada y desplazar, de esa manera, lo que la sociedad chilena construyó en los 50 años anteriores en tema de educación, es decir una cultura desde el Estado, para generar ciudadanos virtuosos en la voluntad pública de constituir una nación cohesionada, colectiva-integradora y solidaria.

Respecto al tema de la energía, el gobierno se puede manejar dando pasos laterales o repactando una política de largo plazo, donde lo ingenioso, lo desafiante de una matriz futurista y no agresiva quede plasmada, pero sobre la base de un encuentro nacional participativo de políticas públicas. Esa es la vía única de salida, es decir democratizando al Estado, modernizando al Estado; quitarlo de los brazos de las minorías fácticas y de la burocracia tecnocrática para entregarlo a las manos del soberano nacional. Si no avanza en estos pasos, sin duda audaces, entonces el conflicto se encumbrará hasta hacerse inmanejable.

Agresión al ministro de educación, Joaquín Lavín

Pero en el tema de la educación si que se ve cuesta arriba la lucha estudiantil, puesto que si el gobierno da marcha atrás en sus políticas privatizadoras de la educación en Chile, entonces se estaría abriendo de par en par las anchas alamedas. Y eso sería un precio que la ortodoxia neoliberal del gobierno no está dispuesto a tolerar. Seguramente el gobierno y el estáblishment (recordemos que la Concertación es partícipe de estas mismas políticas privatizadoras) deberán hacer concesiones y acrecentar la participación y rol del Estado en las políticas educacionales.

Inicialmente la apertura gubernamental irá más por lo cuantitativo que por lo cualitativo, es decir puede que ofrezca más financiamiento y más subsidios, más becas y, en general, incrementar el gasto en la educación pública (cosa que además es impostergable). Pero la duda va por el lado de la demanda estudiantil de terminar con la tuición municipal y concentrarla directamente en el ministerio de educación; de terminar con el lucro exagerado de las universidades privadas y concentrar mayores recursos en fortalecer las universidades públicas. Estas demandas son maximalistas, para la visión del gobierno y, obviamente, no tiene espaldas ni voluntad para asumirlas, lo que avala la opinión que habrá una batalla agonal con todo tipo de estrategias disuasivas, de cooptación, elusivas, confrontacionales y represivas, para echar a andar nuevamente la máquina trabada de la educación en el país. Pero, pase lo que pase, ya el sistema no logrará lucir el rostro de “legitimación oficial” que había exhibida hasta ahora.

El tema indígena puede ser resuelto mediante una decisión sobre la cual hay bastante consenso transversal, la de eliminar o derogar la ley antiterrorista, anular el juicio a los comuneros condenados y comenzar una política hacia los pueblos aborígenes, también de largo aliento, pero donde se les incluya participativamente en la solución y las propuestas, y no se continúe con estas políticas de paternalismo errático y autoritario.

De esta manera el gobierno puede ir apagando los focos más manejables de este incendio social y concentrarse en los que sí representa un desafío mayúsculo. Porque este enguerrillamiento extenso e intenso, se ve que está minando la unidad interna y poniendo en dudas la efectividad y solvencia de la “nueva forma de gobernar”. Este desgaste es demasiado pronunciado para estar recién en el primer año de gobierno. No olvidemos que este sistema empresocéntrico es originario de la ideología “liberal” de la derecha chilena, entonces a los conflictos ya existentes debe sumarse otro frente de desgaste, cual es la corrupción de las instituciones públicas y las empresas.

Lo del Serviu, donde se confabulan funcionarios públicos de alto nivel, del régimen, con empresarios estafadores, representa una mancha a la ética del sistema todo; igualmente el caso de La Polar, viene a representar un abuso deshonesto de empresas para con los ciudadanos a escala masiva. Todo el mundo sabe que estos abusos no son exclusivos de esa empresa del retail; todos los chilenos saben que esas prácticas son extensivas a muchas empresas más: del área de electricidad, financiero, telefonía, sanitarias, construcción, farmacias, clínicas, concesionarias de carreteras, universidades privadas y tantas otras que hacen un verdadero “ordeño” a los presupuestos de los consumidores del país y a los recursos del Fisco.

En consecuencia, una descomposición tan grosera y evidente del “modelo de negocios”, puede representar un peligroso deterioro de su legitimidad y, peor aún, de la capacidad de gobierno por parte de estos sectores