El apoyo del Presidente salvadoreño, Mauricio Funes (foto izquierda), a una ley que limita el poder de los llamados constitucionalistas, que forman una sala en la Corte Suprema de Justicia integrada por cinco jueces, originó una crisis institucional en El Salvador que hasta ahora no ha podido resolverse y que algunos analistas advierten que la estabilidad del sistema político podría estar seriamente en juego en este país centroamericano.
Dicha sala, que está compuesta desde 2009 por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, ha sido responsable en los últimos meses de fallos que han incidido en el sistema político salvadoreño, como la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales o la limitación de las funciones del presidente en el uso discrecional de los fondos públicos.
Cuando los constitucionalistas eliminaron hace algunas semanas a dos partidos de derecha por violar la ley electoral – Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC)- y éstos conjuntamente con otros dos de la misma corriente –Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)- aprobaron el decreto 743 transitorio que obligó a la Sala Constitucional a resolver en el futuro por unanimidad los recursos de amparo e inconstitucionalidades y no por mayoría simple como había sido el caso hasta ahora y a través del voto de los cinco magistrados que la componen, y no de cuatro, como se hacía hasta el 1 de junio pasado.
El decreto fue enviado al Ejecutivo y el presidente Mauricio Funes sancionó la ley de inmediato, sin utilizar los 18 días que le concede la Ley para estudiar la nueva norma.
Funes, cuyo origen político es el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), reservó el mismo día que recibió el decreto, según afirma la prensa salvadoreña, un espacio en el Diario Oficial para garantizar que la disposición, aprobada por la derecha, con su publicación, se convirtiera en ley sin más demoras.
Después que las organizaciones ciudadanas se preguntaron del porqué el presidente de izquierda no había vetado el decreto de derecha, Funes respondió que “en ningún momento estamos impidiendo que la Sala de la Corte Suprema resuelva".
Ante la nueva ley, los jueces constitucionalistas manifestaron que el decreto 743 era "inaplicable" y adelantaron que seguirían votando por mayoría simple. Todo este tira y afloje originó una crisis política de proporciones en El Salvador, no resuelta hasta hoy y ha ido en aumento porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de anulación de los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), que fue resuelta por los constitucionalistas.
Uno de los autores del controvertido decreto, la ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) reveló que había promovido el cambio en la votación de los jueces tras “recibir información” que indicaba que los magistrados abolirían la Ley de Amnistía que favorece a los militares y jefes guerrilleros que violaron los derechos humanos durante la guerra civil en los años ochenta.
Sin embargo, luego retrocedió y ha promovido la derogación del decreto 743 que la misma ARENA ayudó a aprobar. El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (COENA), Alfredo Cristiani, aseguró que inicialmente se votó por las reformas a la Ley Orgánica Judicial, por temor a que la Sala de lo Constitucional declarase inconstitucional la Ley de Amnistía.
Cristiani pidió, durante una conferencia de prensa al FMLN que acompañe a ARENA en el proyecto de derogatoria “en aras de mantener la gobernabilidad”.
Aseguró que este el vuelco de 180 grados en la postura del partido respecto al decreto 743, responde únicamente al deseo de terminar el conflicto generado a raíz de las polémicas reforma, y promover el diálogo entre los tres poderes del estado.
El portavoz del FMLN Roberto Lorenza dijo que el vuelco dado por ARENA se debe a la "presión social" que ha derivado de la reforma, criticada por diversas organizaciones y sectores sociales. Declinó, sin embargo, ofrecer una postura concreta respecto a la solicitud de ARENA, de que el FMLN apoye el proyecto de derogatoria, y se limitó a decir que el partido oficialista analizará la situación antes de tomar una decisión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario