El fiscal jefe de
la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo que se puso encontacto
con la dictadura chavista “al más alto nivel” para pedir el respeto de Estado
de derecho tras el fraude electoral y que todas las personas sean protegidas de
crímenes de lesa humanidad El
fiscal dijo que estaba “vigilando
activamente” los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad
han lanzado una ofensiva contra la oposición tras las fraudulentas elecciones
presidenciales del régimen de Nicolás Maduro.
Hoy
se supo que las fuerzas oficialistas de Venezuela han detenido a más de 2.000
personas acusadas de manifestarse en contra del dictador o poner en duda
sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato en las elecciones del 28 de
julio, a pesar de la fuerte evidencia de que perdió la votación ante
el opositor Edmundo González Urrutia. En
una declaración escrita a los periodistas, la oficina del fiscal de la CPI, Karim
Khan (en foto de portada), afirmó que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y
ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las
elecciones presidenciales.
En
la declaración se afirma que la oficina de Khan “se ha puesto en contacto
con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de
garantizar que se respete el Estado de derecho en el momento actual y
hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones
que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma” (Es el tratado fundacional de la Corte y describe los delitos
sobre los que tiene jurisdicción).
Maduro
ha pedido a los venezolanos que denuncien a quienes dudan de las elecciones a
través de una aplicación gubernamental creada originalmente para denunciar
apagones. También dijo que el gobierno estaba remodelando dos prisiones
dominadas por bandas para dar cabida a un esperado aumento en el
encarcelamiento de opositores.
“No
habrá piedad”, dijo Maduro en la televisión estatal.
La
CPI tiene una investigación en curso sobre los presuntos crímenes
de lesa humanidad que habría cometido el gobierno en Venezuela en 2017, durante
protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas, pero hasta
ahora no ha solicitado ninguna orden de arresto.
Su
oficina dijo el lunes que “esas investigaciones continúan con enfoque”.
Destacó un portal en línea donde se pueden presentar posibles pruebas.
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