KRADIARIO

EL ESTADO PAGA MILLONES DE PESOS EN JUBILACIONES A LA VIUDA DE PINOCHET Y A VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESOS

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe se entrevistó con el ministro de Justicia Jaime Campos para señalarle que no “había razones” para quitarle la pensión que recibe la ex primera dama y viuda del dictador Augusto Pinochet,  de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que asciende a

$ 3.119.944 mensuales .

Este monto y también los de los violadores de los derechos humanos en la dictadura fueron publicados por el diario La Tercera.

Lucía Hiriart recibe esta pensión tras un decreto dictado (en democracia)  el 10 diciembre de 2006, día en que falleció el ex comandante en jefe del Ejército.

“Me imagino que esa pensión no es de ella, debe ser una pensión de Augusto Pinochet que hoy la está recibiendo. Nadie puede desconocer que Pinochet fue militar toda su vida”, dijo la senadora Jacquelie Van Rysselberghe. “Esas son las pensiones que corresponden a los generales en jefe”, manifestó seguidamente, añadiendo que “uno puede discutir el monto o no, pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo”.

En esta línea, consultada sobre si Capredena debería mantener la pensión a Hiriart, la senadora enfatizó: “Si, por qué no”.

“Él trabajó toda su vida, ¿se le vas a quitar porque fue condenado? Son dos cosas distintas”, concluyó Van Rysselberghe.

Proyectos de Ley

Actualmente existen en el Parlamento dos proyectos de ley que buscan degradar los rangos militares de los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que están condenados por causas por violaciones a los derechos humanos, pero ambas están estancadas.

La primera de las iniciativas se presentó ante la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2010 y su última tramitación es del 8 de septiembre de ese año, cuando se pidió que una vez que el proyecto sea analizado por la Comisión de Derechos Humanos, pase a la instancia que analiza los temas de Defensa.

La segunda ingresó al Senado el 11 de agosto de 2015. Ese mismo día, la Cámara Alta acordó que luego de ser analizada por la Comisión de Defensa, sea vista en conjunto por las delegaciones que estudian los asuntos de Constitución y Derechos Humanos.

El tema sobre los grados se ha actualizado tras conocerse los montos de las jubilaciones 

de los violadores de los derechos humanos que en promedio llegan a $ 1,6 millones mensuales, publicados por La Tercera. 

En el caso del ex fiscal militar Fernando Torres, que tiene la más alta “renta”, reciben una suma de $ 3,2 millones. Con una ley de degradación de los militares presos se podría  generar la rebaja de la pensión, dado que el factor del grado militar influye en el monto final, o la posible revocación de estas jubilaciones que le cuestan millones al Estado.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, uno de los autores de la iniciativa que está en la Cámara, indicó que “este proyecto ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hay colegas que lo hacen cambiar de comisiones y ahí lo hacen morir”. Añadió que “si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación”. Dijo también que “el gobierno debería poner algún tipo de urgencia a esta iniciativa”.

En otras palabras, las opiniones sobre estos temas están divididas,especialmente en el Senado.

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe explicó que “yo estoy en absoluto desacuerdo con degradar a los militares. Creo que detrás de estas personas hay familias y el castigo es privarlos de libertad.  Pero si ellos trabajaron su vida en el Ejército, más allá de la causa que están purgando, me parece que es un ensañamiento judicial quitarles ese derecho”.

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En tanto, para el senador PS Juan Pablo Letelier es una “vergüenza” que continúen estas jubilaciones.

“El Ejército debiera haber tenido gestos concretos para actuar frente a estas personas que son criminales, condenados por los tribunales como agentes del Estado que cometieron delitos. Por lo mismo, debieron haber sido degradados, quitando su reconocimiento al uniforme, al grado y, por ende, a este tipo de beneficios”, indicó.

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Sin embargo, en el Gobierno, estas cuestionadas pensiones serán abordadas en una iniciativa que el Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento. Así lo anunció ayer el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, quien indicó que “en el proyecto de ley que el gobierno debe presentar sobre el sistema previsional chileno, abordaremos temas de esta naturaleza”.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que “la gente tiene derechos previsionales y si están vigentes al estado de derecho, lo único que queda es respetarlos y será Capredena y Dipreca las que tendrán que dar explicaciones”.

95 generales en retiro

95 generales en retiro y ex oficiales condenados por causas de violaciones de derechos humanos reciben mensualmente, en promedio, $ 1.618.459.

Todas las jubilaciones entregadas por Capredena figuran en montos brutos. Encabeza la lista, como dijimos, el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de $ 3.254.85. La fecha en que se empezó a entregar la pensión fue el 11 de noviembre de 1999. El coronel (R) del Ejército cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), ocurrido en 1991.

Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine). Recibe $ 2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997. También fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día por autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, también obtiene una de las jubilaciones más altas de la nómina: $ 2.489.658 desde 1999.

 El ex subdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes $ 2.143.977 desde 1991 y el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, cuenta con una pensión de $ 716.442.

Otro de los condenados emblemáticos es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de $ 1.019.730.

Estos pagos son realizados mensualmente a través del BancoEstado vía Cuenta RUT o cuenta corriente. También pueden ser cancelados vía retiro por ventanilla.

Para el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto, “el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”.