KRADIARIO

LA JUSTICIA QUE VINO DE AFUERA
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Por Enrique Fernández

Aunque cueste creerlo, Chile es un “importador” de investigaciones judiciales. Desde el “Caso Jadue” hasta la colusión del papel higiénico y el “Caso Pinochet”,  fiscales y jueces de otros países emprendieron acciones para aclarar delitos que los tribunales chilenos pasaron por alto o dejaron sin sanción.

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Vamos viendo:

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¿Qué tienen en común Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), y el ex dictador Augusto Pinochet? ¿Cuáles son las curiosas circunstancias judiciales que llegaron desde afuera y unieron los destinos de Michael Townley, Armando Fernández Larios y Enrique Arancibia Clavel? 

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Para despejar el camino hacia las respuestas, es necesario recordar que Jadue presidió la ANFP hasta el 17 de noviembre. La noche de ese martes viajó abruptamente a Estados Unidos, para colaborar con los fiscales que investigan denuncias de corrupción en la Fifa (Federación Internacional de Fútbol Asociado), Jadue, junto a otros dirigentes del fútbol sudamericano, aparece envuelto en esa red de corrupción, con cuentas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes por más de 1.400.000 dólares. Al día siguiente de su partida, el miércoles 18 de noviembre, el Servicio de Impuestos Internos abrió una investigación contra el ex dirigente deportivo… ¿Y por qué no lo hizo antes, cuando estaba en Chile?

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Pinochet también tenía 125 cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades bancarias por más de 27 millones de dólares, bajo el nombre de “Daniel López” y otras “chapas” similares. La investigación sobre el origen de estos dineros tampoco se inició en Chile sino en Washington. El escándalo estalló en julio de 2004, cuando el Senado norteamericano quiso detectar las cuentas secretas de Osama bin Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono que dejaron 3.000 muertos el martes 11 de septiembre de 2001. Extraña coincidencia, porque también fue un martes 11 de septiembre, pero de 1973, cuando Pinochet se tomó el poder.

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El ex dictador abrió esas cuentas secretas después que agentes de Scotland Yard lo detuvieron en Londres el 16 de octubre de 1998, a petición del juez español Baltasar Garzón que demandaba su extradición a España, para enjuiciarlo por crímenes de lesa humanidad. El Gobierno chileno del Presidente Eduardo Frei pidió que Pinochet fuera liberado para enfrentar un juicio en Chile, porque sólo los tribunales chilenos tenían soberanía para procesarlo… lo que no había ocurrido hasta entonces. Diecisiete meses después Pinochet fue enviado de Londres a Santiago, “por razones humanitarias”,  y al cabo de tres años la Corte Suprema lo liberó de toda responsabilidad criminal al aceptar que padecía un cierto tipo de “demencia senil”. El Gobierno actual ¿hará lo mismo con Jadue, para someterlo a juicio en Chile?

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Michael Townley y el capitán Armando Fernández Larios, ambos agentes de la Dina –la policía secreta de Pinochet- nunca comparecieron ante los tribunales chilenos. Los dos ejecutaron el atentado en el que murieron el ex canciller Orlando Letelier y su secretaria norteamericana Ronnie Moffit. Para cometer el doble asesinato, instalaron una bomba que estalló bajo el automóvil de Letelier en pleno centro de Washington, el 21 de septiembre de 1976. Del mismo modo que en los casos de Jadue y Pinochet no fueron los tribunales chilenos los que sancionaron a los culpables. Por el contrario, la Corte Suprema rechazó la extradición del jefe de la Dina, Manuel Contreras, y el capitán Fernández Larios, cuando Estados Unidos los acusó de planificar y cometer el crimen junto a Townley.

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Sin embargo, en abril de 1978 Pinochet entregó a Estados Unidos al agente Townley, que viajó abruptamente, igual que Sergio Jadue, pero custodiado por agentes del FBI. Una vez en Washington, el ex colaborador de la dictadura confesó que puso la bomba bajo el auto de Letelier “por órdenes superiores” y se acogió a los beneficios de la delación compensada, como Jadue. Hoy vive en algún punto de Estados Unidos bajo otra identidad.

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Fernández Larios, por su parte, desertó del Ejército y huyó también al país del norte en enero de 1987, para obtener los beneficios de la delación compensada, como Townley y Jadue.

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Dentro de esta serie de juicios que no tuvieron su origen en Chile, es imposible omitir el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en una calle de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Autores del crimen fueron el agente Townley y el capitán Fernández Larios, según determinó la jueza argentina María Servini de Cubría. La justicia del país vecino pidió sin éxito la extradición de Pinochet, como autor intelectual del crimen. El caso se cerró en Buenos Aires –y no en Santiago- en agosto de 2004 cuando el tribunal condenó a prisión perpetua a otro agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel, que tiempo después obtuvo su libertad condicional y murió apuñalado.

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Como usted puede ver, la justicia internacional ha intervenido antes que los tribunales chilenos se decidieran a hacerlo, como en la colusión del papel higiénico que rebotó en Chile después de una primera investigación iniciada en Colombia. Por eso, quizás para no ser menos, la Corte Suprema dispuso ahora, en una inédita resolución, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examine la situación del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en Caracas. 

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¿Olvidaron los magistrados de la Corte que las relaciones internacionales de Chile son una atribución exclusiva de la Presidenta de la República? ¿O quieren que el país deje de ser importador y se convierta en… exportador de justicia?