KRADIARIO

EDUCACIÓN

¿ESTAMOS ANTE UN NUEVO TRANSANTIAGO?

Por Prof. Luis A. Riveros 

Ex rector Universidad de Chile

Opinión en El Mercurio

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"...al igual que en el Transantiago, iniciada la gratuidad "base" en educación superior no habrá marcha atrás, y el país tendrá que proseguir poniendo recursos para financiar políticas mal definidas...".

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El Transantiago fue un proyecto emblemático para terminar con el caos que representaba el anterior sistema de transporte público urbano. Puesto en práctica, evidenció defectos porque se había concebido fuera de la realidad. Desde entonces, el sistema se ha venido parchando a un costo progresivo para el erario nacional. No había posibilidad, ni la hay ahora, de volver atrás para repensar y rediseñar la iniciativa en cuestión. En materia de educación superior estamos en una desafortunada similar situación: se está diseñando un proyecto lejano a la realidad y sin los cuidados que requieren los importantes pormenores de algo que debiera cambiar para mejor. No ha habido sino tenues manifestaciones de la autoridad sobre las intenciones de fondo, y solo se ha procedido a través de sucesivos y contradictorios anuncios, sin lograr aclarar adecuadamente los efectivos alcances de la "reforma".

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Se partió con un documento que anunciaba cinco aspectos que se cambiarían en el ánimo de una reforma integral. Ese anuncio, sin embargo, no venía acompañado de un diagnóstico del sistema actual, ni menos de una idea sobre la sociedad que se busca y en función de la cual debería rediseñarse la educación superior. Se planteaba cambiar la institucionalidad del sistema, incluyendo la creación de una Superintendencia; establecer un "marco único de calificaciones"; modificar los sistemas de selección y admisión; cambiar las normas y la institucionalidad para la acreditación, y transformar la gobernanza de las instituciones consultando triestamentalidad.  Ese conjunto de ideas fue posteriormente sobrepasado por el anuncio de gratuidad universal que formuló la Presidenta de la República como el principal objetivo.

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En este contexto, se ha preferido incluir todos aquellos otros principios de un modo indirecto en el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2016, sin con ello lograr fortalecer la educación superior frente a sus retos. Ha reinado la confusión, y el Ministerio de Educación no ha sido lo suficientemente claro respecto de los lineamientos que prevalecerán, mientras las instituciones de educación superior se mantienen en un compás de espera en perjuicio de la planificación de sus actividades para el año entrante.

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La gratuidad ha sido el lema que se ha repetido por parte del gobierno, aunque con poca claridad respecto de sus efectivos alcances. Del punto de vista de los costos, los estudios reseñaban que la gratuidad para todos los estudiantes de la educación superior alcanzaría a unos US$ 5.000 millones, cifra posible con el -también teórico- resultado de la reforma tributaria.

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Luego se dijo que el gobierno procedería a fijar aranceles con metodologías que no están claras, máxime cuando se trata de miles de carreras y muy diversas situaciones. Se estima que con aranceles fijados debajo de los costos reales, el costo de la gratuidad universal debería estar en torno a los US$ 4.000 millones.

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Seguidamente, el gobierno anunció que la gratuidad solo alcanzaría a los estudiantes del 50% más pobre, lo cual llevaría el gasto a un nivel estimado de alrededor de US$ 2.000 millones.

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Posteriormente, estableció que solo algunas instituciones tendrían acceso a ese beneficio, excluyendo a aquellas sin una acreditación satisfactoria y sin gobierno triestamental. Eso introduce una enorme incertidumbre respecto de cuáles instituciones y estudiantes estarán amparados por este nuevo esquema de subsidio a la demanda. El proyecto de Ley de Presupuestos establece US$ 750 millones para cubrir la gratuidad el año 2016, con una condicionalidad establecida por medio de una glosa presupuestaria.

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Estos recursos representan una seria insuficiencia. Más grave todavía es que esta política se implementa sin cambiar las bases jurídicas o administrativas de la educación superior chilena. Es decir, se legislará en materias de cambio estructural a través de una glosa presupuestaria que asignará recursos para establecer así las normas relativas a la elegibilidad que plantea. La reglamentación requerida para esto es desconocida, y se levantan serias dudas sobre su constitucionalidad y la sostenibilidad a largo plazo.

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Ciertamente, una reforma que se esperaba ansiosamente para poder mejorar el funcionamiento de nuestra educación superior ha terminado en medio de grandes improvisaciones y centrándose en un aspecto que no es, posiblemente, el más importante.

Junto con los escasos recursos respecto de los alcances que se le quiso dar, la reforma a la educación superior replicará la experiencia del Transantiago: expectativas sobredimensionadas, políticas inapropiadas y cobertura limitada del nuevo modelo. Y como en aquel caso, ya iniciada esta gratuidad "base" no habrá marcha atrás, y el país tendrá que proseguir poniendo recursos para financiar políticas mal definidas que incluso las agrupaciones estudiantiles han rechazado, porque no conllevan sino el impulso para un continuo deterioro en calidad.