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MADURO SE CONVIERTE EN UN GRAVE OBSTÁCULO PARA ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Con Chile y Colombia el presidente venezolano Nicolas Maduros está teniendo serios problemas verbales o regionales y, al menos en el primer caso, ha respondido con insultos a los sectores políticos, conducta que ha aplicado transversalmente.

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Pese a que el Gobierno chileno ha evitado condenar directamente la sentencia contra el opositor venezolano, Leopoldo López, la moderada declaración del Ministerio chileno de Relaciones Exteriores realizada el sábado pasado molestó profundamente a Caracas.

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La situación es molesta, crítica y conflictiva también con Colombia frente a problemas fronterizos que Venezuela los habría inventado unilateralmente.

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En un comunicado, el régimen chavista acusó este lunes a la Administración de Michelle Bachelet de emitir “juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana” y realizó un llamado a evitar “inmiscuirse en los asuntos internos por acción directa o influencia de potencias externas”.

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La Cancillería chilena señaló el fin de semana que Chile reconoce y respeta las facultades que tienen los Tribunales de Justicia de un Estado soberano, lo que fue criticado por los sectores que hubiesen esperado un rechazo firme y abierto a la condena contra López.

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El ministerio chileno del Exterior expresó su disposición a colaborar en la reducción del clima de polarización que se observa en Venezuela y, junto con condenar la violencia, llamó a propiciar “un diálogo político amplio y constructivo entre los diversos actores políticos y sociales”.

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El comunicado venezolano publicado este lunes señala que “resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público”. En ese sentido, agrega, “cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano”.

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La declaración del Gobierno de Nicolás Maduro hace mención a aspectos especialmente sensibles para Chile y para la Administración de Bachelet: “Sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera derechos humanos de mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile", indica el comunicado que firma el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”.

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Por la noche de este lunes, el Gobierno de Bachelet contestó a Venezuela a través de un comunicado en que rechaza la injerencia. "Chile, soberanamente, reafirma que bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país", señala el comunicado de la Cancillería. "Universalmente se reconoce y valora como una conquista de la humanidad la protección de las libertades básicas como un deber de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Internacional".

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El intercambio epistolar entre ambos países se produce, justamente, cuando las máximas autoridades políticas chilenas están alertas ante el posible nombramiento de la jueza que condenó a López como la nueva cónsul venezolana en Chile. El canciller chileno Heraldo Muñoz reiteró este lunes que, hasta ahora, no existe ninguna notificación oficial sobre la llegada de Susana Barreiro. El ministro, sin embargo, recordó que las designaciones a nivel consular no necesitan el beneplácito del Gobierno, a diferencia de lo que ocurre con los embajadores.

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El diputado Jorge Tarud, del oficialista Partido por la Democracia (PPD), indicó que “si el Gobierno de Maduro insiste en nominarla como cónsul en Chile, queremos advertirle del amplio rechazo que va a tener. Ella no va a poder cumplir su misión diplomática”.

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Las relaciones con Colombia

En Colombia, entretanto, el presidente Nicolás Maduro amplió este martes por la noche el estado de excepción a 10 localidades, siete en el Estado Zulia y tres en Apure, que se unen a otras zonas zulianas y de Táchira, donde reina esta situación desde el pasado 19 de agosto, cuando el mandatario venezolano decidió iniciar el cierre de la frontera con el país vecino. Maduro no aclaró si la nueva medida incluía la clausura de los pasos fronterizos de dichos municipios. De ser así, toda la frontera con Colombia quedaría cerrada a excepción de la que ambos países comparten en el Amazonas.

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La decisión, anunciada durante su programa de televisión “En contacto con Maduro”, estuvo acompañada de continuos mensajes al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien su homólogo venezolano acusa de no querer reunirse con él para buscar una solución a la crisis fronteriza que Maduro desató. “Me reuniré en el lugar que usted quiera y a la hora que también quiera. Allí deben estar los presidentes de la Celac y Unasur, pero tengo la sensación en el corazón que el presidente Santos no se quiere reunir”, aseguró Maduro.

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Las declaraciones del presidente venezolano se producen horas después de que su canciller, Delcy Rodríguez, asegurase que Unasur había convocado una reunión de jefes de Estado para abordar la crisis el próximo lunes. Desde la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, aseguraron que no hubo consenso para celebrar dicho encuentro, por lo que la convocatoria no tuvo éxito al tenerse que tomar en Unasur todas las decisiones por consenso. El organismo regional, dirigido por el expresidente colombiano Ernesto Samper, no se pronunció al respecto.

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Maduro declaró el estado de excepción por primera vez en tres municipios del Estado de Apure, donde hay una alta presencia de guerrilleros, tanto de las FARC como del ELN. La medida se produjo apenas unas horas después de que Santos visitase el paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira, la zona que el presidente venezolano cerró la semana pasada. Las medidas de apoyo a los colombianos deportados –en total, la cifra de afectados desde el 19 de agosto supera los 20.000-, que incluía la facilitación de viviendas, fueron objeto de ironía por parte de Maduro durante su programa: “Si no fue por esto que yo hice, el presidente Santos no va a la frontera en La Guajira a escuchar a la gente. La situación no se resuelve prometiendo casas a los pobladores de la frontera, sino con un plan”.

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Mientras Santos trata de atajar la crisis humanitaria que se le ha venido encima, el Gobierno de Venezuela transmite, cada vez con más énfasis, la idea de que los problemas de abastecimiento y contrabando en los municipios donde rige el estado de excepción han desaparecido, principalmente tras la salida de los ciudadanos colombianos. Además, mientras dure la situación excepcional está prohibido el derecho a manifestación, lo que varios analistas interpretan como una medida de Maduro con vistas a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.