KRADIARIO

OPINIÓN POLÍTICA-ESCALONA

JUSTICIA SOCIAL Y CRECIMIENTO

Por Camilo Escalona

En sectores de izquierda se ha instalado como una especie de última palabra, la idea de que el crecimiento económico no es un dato sustancial, estructural, en un proyecto de sociedad que busque derrotar la desigualdad que afecta a nuestra democracia, uno de los factores, que más daña la legitimidad del sistema político en el país.

Con ese criterio se desconoce que los países que no crecen aumentan la desigualdad que les aflige. En su libro “El capital en el siglo XXI”, que nadie acusa de neoliberal, muy por el contrario, es una contribución a las ideas de la izquierda, el economista francés Thomas Piketty, lo demuestra claramente. En el caso de menores ingresos se reducirá aún más la parte que recibirán los sectores de más baja participación en el Producto Nacional de un determinado país. Entonces, hay que convencerse que, al igual que la democracia que se edifica paso a paso, la justicia social se construye mediante un esfuerzo consciente y tenaz de los países.

Con ello, ni por un segundo pierde importancia el factor corrupción, dentro de los graves problemas actuales, por el contrario, si algún hecho o fenómeno ha impactado en la manera en que el hombre o mujer de a pie, aquella persona que no tiene militancia, pero que sabe los grandes temas-país, en esa “mayoría silenciosa”, los casos de corrupción han sido decisivos para que asumiera la desaprobación que le caracteriza.

Para la conducción del Estado la actitud frente al crecimiento económico es un tema primordial. En esa materia no puede haber complejo alguno. Cuando la izquierda ha desdeñado ese factor, por considerar que es una traba tecnocrática o una concesión a la derecha neoliberal, el resultado ha sido catastrófico.

La historia reciente no admite dudas. En efecto, enormes Estados que parecían realidades geopolíticas invulnerables, como la ex Unión Soviética, se desplomaron al ser incapaces de solventar sus propios gastos y de financiar las obligaciones contraídas con las sociedades que dirigían. Así fueron quedando atrás. Los derechos sociales reconocidos quedaban sólo en palabras.

Cuando se afirma que garantizar derechos sociales no está sujeto al crecimiento económico, se logra un buen efecto ante un público que eso es lo que quiere escuchar, pero se cae en una grave inconsistencia que indica incapacidad de reconocer que si no se crece y no se cuenta con la preparación necesaria las reformas sociales no logran perdurar.

Lamentablemente es así, por que no habría nada mejor que un mundo en que bastara detectar el lugar donde determinados derechos sociales no se ejercen y proceder, de inmediato, a dictaminar su cumplimento. Pero, la vida no es tan fácil, esa instrucción o decreto requieren tener el sustento material que lo realice. Al dictarse una ley sobre alguno de los derechos a ser garantizados, de no cumplirse con el financiamiento requerido, en el mejor de los casos, se entrega una solución temporal, lo que es en el hecho atender una demanda transitoria y no concretar ese derecho como definitivo.

Cuando se habla de la conducción política, la clarificación de como se alcanzarán tales históricos desafíos es una responsabilidad que no se puede eludir, por que requieren transitar por un periodo arduo y complejo que los hace posible.

Además, son incontables las veces en que la insolvencia del Estado llevó a deshacer en minutos, leyes que costaron arduos años de lucha. Es cosa de informarse, mínimamente, de la tragedia económica y social en Grecia y de como un líder de izquierda, el Primer Ministro Alexis  Tsipras, tuvo que tramitar con la Unión Europea, tanto el llamado “rescate” para evitar el colapso monetario, como el refinanciamiento de la deuda, negociación que ha llevado a compromisos que dañan las conquistas sociales en ese país.

A pesar que pareciera que en Europa las cosas se toman con calma y serenidad, no ha sido así. Por mucho que el horror de la Segunda Guerra Mundial motivara la formación de las Naciones Unidas y la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales negociaciones desventajosas para las naciones más débiles provocan graves retrocesos sociales.

No obstante, la comunidad internacional distingue entre derechos de primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos, a la vida y la libertad en sus diversas dimensiones, a la propiedad y la dignidad de las personas, para luego definir como de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales.Después de ellos se han definido los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos, vale decir, la paz, la autodeterminación, la identidad nacional y cultural y un ambiente sano y sustentable.

Los primeros son indisolubles, son inherentes al ser humano y no debieran depender de traba alguna ni del progreso social anterior; los segundos son derechos universales que sí deben contar con un sostén que permita ejercerlos y realizarlos, ya que constituyen y representan una conquista civilizacional que necesita un desarrollo que los sostenga. Los terceros, no en orden de jerarquía o prelación, son expresión de una comunidad internacional capaz de asegurar tales grandes objetivos humanizadores.

Las sociedades no son  idénticas y se tensan en debates y controversias respecto del “quehacer” en una etapa determinada del ciclo histórico. No se trata sólo de levantar o exigir determinada consigna, la antigua frase que “en el pedir no hay engaño”, sirvió sólo como buena intención o para experiencias populistas que crearon más conflictos y pobreza a su paso.

Ahora bien, el solo crecimiento no basta. Eso está también muy demostrado. Hablar exclusivamente de crecimiento es resignarse a la desregulacion del mercado. Ante ello, la gran tarea de los gobiernos con sentido de futuro es hacerse cargo de formular una conducción económica que asegure inclusión e integración social, con justas y correctas medidas redistributivas.

Esa visión es la que asegura la paz social y la estabilidad democrática. Es la articulación de ambas tareas tan complejas y difíciles de alcanzar lo que se constituye en una política progresista capaz de conducir el Estado, con vistas a una sociedad mejor, más libre e igualitaria.